Revisión de literatura sobre las manifestaciones sociales en Colombia en el período 2019-20211

Literature review of social demostrations in Colombia in the period 2019-2021

Alejandro Olaya Arenas, Nórida Rodríguez Moreno

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium

Recibido: 6 de octubre de 2023–Aceptado: 20 de marzo de 2024–Publicado: 1 de julio de 2025

Forma de citar este artículo en APA:

Olaya Arenas, A., & Rodríguez Moreno, N. (2025). Revisión de literatura sobre las manifestaciones sociales en Colombia en el período 2019-2021. Revista Colombiana de Ciencias Sociales, 16(2), 558-588. https://doi.org/10.21501/22161201.4804

Resumen

El artículo presenta los resultados de la revisión de literatura producida en el tiempo posterior a las manifestaciones sociales del periodo 2019 al 2021 en Colombia, disponible en base de datos, repositorios institucionales y material publicado en portales oficiales de organizaciones nacionales e internacionales que defienden derechos humanos. Esta búsqueda estuvo encaminada a caracterizar el fenómeno de las manifestaciones sociales en Colombia de 2019 a 2021: sus causas, expresiones, evolución y consecuencias. Los resultados de esta búsqueda de literatura son producto de la sistematización de la información a través del software de análisis de datos cualitativos Atlas.ti (versión 22), procedimiento que arrojó palabras clave tales como manifestación social, protesta social, paro nacional, violencia, derecho, puntos de resistencia, medios de comunicación y redes sociales, que ofrecen un panorama amplio y complejo alrededor del tema de las manifestaciones sociales, desde planteamientos y ópticas diversas, que abren posibilidades para continuar investigando el tema. Se pone en evidencia una tensión entre la violencia ejercida tanto por estamentos del Estado como por algunos manifestantes con la búsqueda de legitimidad de la protesta social.

Palabras clave

Derecho; Manifestación social; Medios de comunicación; Paro nacional; Protesta social; Puntos de resistencia; Redes sociales; Violencia.

Abstract

The article presents the results of the literature review produced in the subsequent time of the social demonstrations of the period 2019 to 2021 in Colombia. The literature reviewed was sourced from databases, institutional repositories and material published in official portals of national and international organizations that defend human rights. This search was aimed at characterizing the phenomenon of social demonstrations in Colombia from 2019 to 2021: their causes, expressions, evolution and consequences. The results of this literature search are the product of the systematization of the information through the qualitative data analysis software Atlas.ti (version 22), a procedure that yielded keywords such as social demonstration, social protest, national strike, violence, law, points of resistance, media and social networks, which offer a broad and complex panorama around the topic of social demonstrations, from diverse approaches and optics, which open possibilities to continue researching the topic in question. A tension between the violence exercised both by the State and by some demonstrators and the search for legitimacy of social protest is evidenced.

Keywords

Law; Media; National strike; Points of resistance; Social mobilization; Social networks; Social protest; Violence.

Introducción

Los estudios en torno a las manifestaciones sociales acontecidas en Colombia en el período 2019-2021 son diversos y abarcan presentaciones de informes, análisis de causas y consecuencias del contexto coyuntural del paro del 28 de abril de 2021 y su antecedente en la movilización del 21 de noviembre de 2019, análisis de los marcos jurídicos que dan legalidad a la protesta social en Colombia, así como el análisis sobre la legitimidad de esta misma, basados en las dificultades sociales, políticas y económicas sufridas en el país durante décadas y que generaron una creciente inconformidad en la sociedad civil. Un detonante de las manifestaciones sociales en Colombia fue el anuncio de una reforma tributaria, en la cual se mencionaba la implementación de unas políticas económicas que implicaría una agudización de las desigualdades sociales en las que la mayoría de los habitantes del país están inmersos.

La manifestación social en Colombia emerge en un contexto mundial de revueltas sociales, parecido al caso de Chile, que entre octubre de 2019 hasta marzo de 2020 tuvo un estallido social detonado por el anuncio del alza del transporte público en su capital Santiago, y en un momento de convulsión en distintos lugares del mundo, aunque con características particulares en el caso de Colombia. Estas movilizaciones sociales se asocian a nuevos repertorios y resistencias, por lo que, en diversos espacios académicos y medios de comunicación del mundo, las han denominado el “Otoño mundial (…) debido a las resonancias de resistencias colectivas en diferentes latitudes del planeta” (Acosta Sierra & Corrales Caro, 2022, p. 81), y que en Colombia desembocaron en que miles de personas salieran a las calles a manifestar su inconformismo por casos de corrupción, fraude, políticas económicas lesivas e inequitativas que acrecentaron el malestar social (Acosta Sierra & Corrales Caro, 2022).

La literatura producida acerca de las manifestaciones sociales está muy unida a las denuncias de violaciones de derechos humanos y tiene su procedencia en diversos campos de conocimiento: jurídico, social, político, económico, artístico, comunicativo, religioso y estudios culturales, que abordan esta temática desde la riqueza de las epistemes (del original griego ἐπιστήμη, epistḗmē), proporcionando diversas formas de producción que cada campo de conocimiento tiene, para permitir una profundización del complejo tema de las movilizaciones sociales. Además, aporta una amplia gama de perspectivas de comprensión y de acercamiento desde las metodologías que presentan los informes, los artículos y los trabajos de grado.

La revisión de literatura está enmarcada en el proyecto de investigación denominado Prácticas de lectura bíblica en cinco experiencias eclesiales de base en Popayán, Cali y Bogotá en torno a las manifestaciones sociales de 2019 a 2021 y, en concreto, en un objetivo específico del proyecto que pretende caracterizar el fenómeno de las manifestaciones sociales en Colombia de 2019 a 2021: sus causas, expresiones, evolución y consecuencias.

La presentación de los resultados de esta revisión sobre la movilización en Colombia, entre los años 2019 a 2021, está agrupada por ejes: una agrupación inicial desde la nube de palabras arrojada por el software de análisis de datos cualitativos Atlas.ti (versión 22); después se unieron conceptos similares y relevantes de acuerdo con la investigación a la que está ligada esta revisión de literatura. A partir de este segundo agrupamiento, se extrajeron los ejes: a) Protesta y movilización social, unida a paro nacional; b) Casos y violencia; c) Actores; d) Derecho y vida; e) Lugares y puntos de resistencia; f) Medios de comunicación y redes sociales; y g) métodos y estrategias metodológicas utilizadas en la literatura revisada.

Metodología

La investigación a la cual se suscribe el artículo es de carácter cualitativo y se relaciona con el objetivo específico expuesto anteriormente, el cual consistió en caracterizar las manifestaciones sociales en Colombia del 2019 al 2021, por lo que el análisis documental fue el método científico seleccionado debido a que permite desarrollar un proceso sistemático para encontrar, recolectar, organizar y analizar (Martínez et al., 2003) la producción de textos académicos relacionados con el fenómeno en mención.

La revisión de literatura alrededor de las manifestaciones sociales reviste una importancia fundamental en el propósito expuesto, pues permite “detectar conceptos claves, dar ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis, considerar problemáticas y retos de otros estudios, conocer diferentes maneras de abordar un planteamiento, mejorar el entendimiento de los datos y profundizar las interpretaciones” (Hernández Sampieri et al., 2010, p. 357), al mismo tiempo que permite “entender mejor los resultados, evaluar las categorías relevantes” (p. 365). Por lo que fue de vital importancia para recolectar y presentar información relevante sobre las manifestaciones.

Los criterios de selección de los documentos fueron: escritos académicos relacionados con la movilización o la protesta social entre el 2019 y el 2021 en Colombia; el periodo delimitado para la búsqueda de información fue 2019-2022.

De acuerdo con lo anterior, el rastreo bibliográfico estuvo dirigido por las palabras clave movilización y/o protesta social, búsqueda realizada en las bases de datos disponibles de la Universidad del Valle, UNICATÓLICA de Cali, Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y otras universidades adscritas a la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL). En estas bases se encontraron artículos de revistas, la mayoría de ellas indexadas en Scopus y Redalyc; así como trabajos de pregrado y algunos de maestría.

Los libros, pocos encontrados hasta la fecha de revisión, responden a ejercicios de reflexión plural a propósito del Paro Nacional en Colombia en el año 2021 y las repercusiones que tuvo en el contexto latinoamericano, con reflexiones o estudios que contienen un especial acento en entender razones, condiciones y consecuencias sociales, políticas y culturales o que se detienen en detallar información de los sucesos ocurridos (Grueso Vanegas et al. 2022).

Adicional a los artículos encontrados en las revistas indexadas, están los informes, los cuales provienen de organismos nacionales e internacionales, interesados en los temas de defensa de los derechos humanos, tales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional, Comisión Intereclesial Justicia y Paz, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Observatorio de Realidades Sociales–Arquidiócesis de Cali, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Instituto de Estudio para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). Estos informes se seleccionan teniendo en cuenta la relevancia nacional e internacional de las organizaciones que los producen, ya que en gran medida la literatura encontrada se asocia con la violación de derechos humanos y pueden considerarse fuentes confiables respecto a la información que brindan sobre lo acontecido durante las manifestaciones.

Con estos documentos recolectados, se organizó el material bibliográfico recopilado: por una parte, se clasificaron los tipos de documento en artículos de revista, tesis, informes de organizaciones defensoras de derechos humanos y libros. Una segunda organización de la literatura revisada es la fuente de la cual provienen, en términos de la disciplina o campo de conocimiento desde donde los autores escriben. Algunos textos abordan uno o más campos, pues en algunas situaciones es difícil que un escrito no integre diversos temas provenientes de diferentes ciencias o disciplinas.

A partir de estas dos primeras formas de organizar la literatura revisada, se construyó la siguiente tabla, resultado de una matriz de clasificación de los textos consultados:

Tabla 1

Clasificación de la literatura según tipo de documento y disciplinas de conocimiento

Tipo de documento	Disciplinas o campos de conocimiento
	Jurídicas	Sociales	Políticas	Economía	Teología / religión	Artes	Comunicación/ Periodismo	Estudios culturales
Artículos Revistas	6	12	10	1	1	3	3	3
Tesis	2	2	2				5	1
Informes	8	4	4				1	1
Libros		1	1				1

 

 

Esta clasificación se realizó con el objetivo de ordenar las fuentes, pero a la hora de analizar la información en el Atlas.ti, se sometieron los distintos documentos a la búsqueda de temas como protesta social, violencia, sociedad civil, etc., que aparecen en la Tabla 2.

Una vez se recolectaron y organizaron los documentos encontrados, se procesaron y analizaron en el software de análisis de datos cualitativos Atlas.ti (versión 22), el cual arrojó palabras clave que permitieron agrupar la información contenida en esta literatura revisada para mejorar su manejo, a partir del enraizamiento de las palabras según la cantidad de citas en los textos, pues el interés de los investigadores se centró en que el software hiciera una búsqueda de palabras repetidas y la asociación de citas a dichos conceptos, lo que permitió identificar los elementos importantes y resaltarlos en los distintos escritos sobre las manifestaciones sociales del 2019 al 2021.

Tabla 2

Palabras (códigos) que arroja Atlas.ti (versión 22) y cantidad de referencias(citas) asociadas a cada código

Código	Enraizamiento	Código	Enraizamiento
protesta social	4067	puntos de resistencia	1171
casos	3818	Bogotá	1134
violencia	3318	investigación	1018
policía nacional	3233	mujer	997
sociedad civil	2771	contexto	989
derecho	2415	redes sociales	905
paro nacional	2092	comunidades	899
agente	2067	pueblo	848
manifestante	2024	Resistencia	832
víctima	1990	fuerza pública	821
estado	1898	participación	819
uso de la fuerza	1858	periodista	795
manifestación	1669	actores	776
acciones	1646	movimiento social	771
movilización	1634	político	729
joven	1551	cuerpo	721
formas de protesta	1475	libertad de expresión	709
armas	1424	cauca	673
organización	1394	gobierno	658
vida	1329	detención	649
medios de comunicación	1311	desaparición	643
Cali	1270	barrio	598
lugares	1239

 

 

Posteriormente, se descargaron los informes de los códigos y sus citas asociadas que arrojó el software para la escritura de los resultados. Debido a que la emergencia de códigos fue amplia, en los resultados se presentan agrupados por categorías, a través de las cuales se relata lo sucedido en las manifestaciones sociales del 2019 al 2021 en Colombia, así como sus causas y consecuencias.

Resultados

La cantidad de conceptos que presenta Atlas.ti es amplia, por esta razón, se agrupan los resultados por bloques de palabras de acuerdo con las precisiones realizadas en la metodología.

a) Protesta y movilización social, paro nacional

La categoría movilización social es amplia y engloba a la protesta social. Se diferencian en que la protesta social se da en un momento puntual, que en el caso colombiano fue la presentación de una reforma tributaria, mientras que los movimientos sociales permanecen en el tiempo, superan la inconformidad de situaciones coyunturales y sostienen una lucha de más largo aliento por demandas que afectan históricamente a una sociedad (Archila, 2001). Este primer agrupamiento permite evidenciar cómo fue abordado el proceso de paro nacional desde diversos frentes de opinión e investigación. El paro convocado el 28 de abril de 2021 tenía un antecedente inmediato en la marcha del 21 de noviembre de 2019, donde muchos temas habían quedado por revisarse y aplazados por la urgencia que implicó la pandemia del COVID-19.

Teóricamente, el paro comienza a relacionarse con conceptos como protesta social, manifestación social y movilización social. La utilización de estos diversos conceptos indica que el paro nacional se inserta dentro de un proceso colectivo, de corta o larga duración, con la intención de impulsar propuestas alternativas frente a un modelo imperante en búsqueda de mejores condiciones sociales, políticas y económicas (Acero Mendoza, et al., 2022). Durante este proceso, se “entiende que la transformación pasa por la ocupación y la presencia en los espacios públicos para denunciar, reivindicar, educar y sensibilizar sobre dichas alternativas” (Mosaiko, s.f., p. 5).

Para entender aquello que en Colombia aconteció en este proceso de manifestaciones es preciso definir la utilización de los conceptos movimiento social y protesta social, y su interrelación: por movilizaciones sociales se entienden “aquellas acciones sociales colectivas más o menos permanentes, orientadas a enfrentar injusticias, desigualdades o exclusiones, y que tienden a ser propositivas en contextos históricos específicos” (Archila, 2001, p. 18). Esta definición implica que la razón de las acciones que movilizan a las personas no se queda solo en un ámbito socioeconómico, sino en diversas exigencias de tipo político que generan “un papel proactivo de los movimientos sociales en la construcción de la democracia, pues amplían su base y constituyen una expresión organizada de la sociedad civil” (Archila, 2001, p. 18). Mientras la protesta social puede entenderse como una subcategoría de la anterior, definiéndose como “el conjunto de acciones sociales colectivas que expresan intencionalmente demandas o presionan soluciones ante el Estado, las entidades privadas o los individuos” (Archila, 2001, p. 19).

Las dos definiciones tienen un punto de diferenciación, por una parte, en el tiempo de duración: la movilización es de larga duración y la protesta emerge en momentos coyunturales. Por ende, la movilización conlleva a demandas de largo aliento por situaciones que históricamente afecten a un territorio o nación, mientras la condición coyuntural de la protesta está anclada a situaciones puntuales (la Reforma Tributaria, en el caso de Colombia).

Con esta precisión se entiende que vayan cambiando repertorios, la base de la movilización, los motivos y el tipo de manifestantes, al igual que sus consecuencias: “en algunos casos los cambios en los repertorios de protesta permitieron que se ampliara la base de movilización social y, en otros, esta permitió que se incluyeran nuevas estrategias de movilización” (Cépeda Másmela, 2021, p. 84).

Dentro de las características de las jornadas de protesta del 28 de abril del 2021, inició el tiempo del paro que se prolongó por varios meses, tiempo en el que se evidenciaron diversas acciones por parte de los manifestantes: actividades creativas y recreativas (Velasco Arboleda, 2022), ejercicios de resistencia desde la música (Becerra León, 2022), acciones reflexivas, plantones y velatones. Pero también se presentaron acciones en que se tomaron vías de hecho, catalogados por muchos como actos vandálicos (Veloza, 2021), como los bloqueos de vías, asalto a las estaciones de transporte público o instalaciones privadas (bancos mayoritariamente), que derivaron en muchas ocasiones en violencia y daño a bienes materiales, además de la “toma de universidades y otros espacios públicos, el bloqueo de carreteras y la suspensión de actividades económicas” (Restrepo Sanin, 2022, p. 279). Estas acciones, tanto las que tuvieron unas características reflexivas como las que rayaron en actos de violencia, fueron una respuesta a la manera en que en la mayoría de las regiones del país el Estado quiso contrarrestar las demandas y exigencias que convocaron a los manifestantes (Cartier Barrera, 2022). Se considera que una de las falencias del paro nacional fue la forma en que la Policía Nacional intervino en las protestas, llegando en muchas ocasiones a la violación a los Derechos Humanos, pues se espera más bien que sean los organismos policiales quienes deberían garantizar la seguridad y el orden, los que están llamados a velar y salvaguardar los derechos ciudadanos (Melamed & Topel, 2021, p. 4).

b) Casos y violencia

En este apartado se destacan diversos casos acontecidos durante las jornadas del paro, como uso de la fuerza y de armas, homicidios, torturas, desapariciones forzadas, agresiones físicas, incluso de tipo sexual, en contra de la libertad de prensa, de movilidad, entre otros, que se destacan de forma abundante en los informes de la situación de Derechos Humanos en Colombia, y de análisis de estos casos en los artículos y libros rastreados. Frente a las formas violentas como algunas autoridades del Estado colombiano enfrentaron a los manifestantes se alzaron voces regionales, nacionales e internacionales en defensa de los Derechos Humanos y en contra de las acciones violentas del Estado.

Las protestas del 28 de abril del 2021 comenzaron con acciones pacíficas, pero posteriormente se tornaron en “campos de batalla con elevados índices de violencia, criminalidad, ataques a personal e infraestructura de la policía y a su vez, reclamaciones por el uso excesivo e ilegal de la fuerza policial en clave represiva” (Melamed & Topel, 2021, p. 3). En el informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se presentan discrepancias entre la cantidad de alegaciones recibidas por muertes violentas en el contexto de las manifestaciones, 63 casos, frente a los 46 casos verificados por la Fiscalía (Naciones Unidas Derechos Humanos, 2022, pp. 23-24). Estas discrepancias en las cifras crean, en definitiva, un ambiente de impunidad e ineficacia de la justicia para esclarecer los hechos, sumado a la sensación de indiferencia ante el dolor y la falta de oportunidad ajenas (Tovar Bohórquez, 2022).

En los diversos informes o comunicados de prensa de organismos defensores de Derechos Humanos se recalca la preocupación por la respuesta violenta del Estado colombiano frente a los manifestantes, destacando las agresiones de las autoridades policiales y haciendo recomendaciones para encontrar un camino que conduzca a la verdad de los acontecimientos y hacer justicia con las víctimas y sus familias (Observatorio de Realidades Sociales, Arquidiócesis de Cali, 2021; Observatorio de Realidades Sociales, Arquidiócesis de Cali, 2022; Naciones Unidas Derechos Humanos, 2022). Especial énfasis tienen algunos apartados de los informes sobre la situación de violación de los Derechos Humanos durante el paro en la ciudad de Cali. La ciudad se convirtió en epicentro, por así decirlo, tanto de la permanencia del paro en el tiempo como por las diversas manifestaciones de acciones, con los bloqueos, la presencia permanente de los jóvenes de la primera línea, la toma de los CAI2 para convertirlos en bibliotecas, las expresiones culturales y de solidaridad para que las personas mantuvieran sus posiciones en los lugares de concentración (Amnistía Internacional, 2022) o el ejemplo de las ollas comunitarias:3 durante el paro nacional del año 2021, esta forma de organización jugó un papel importante en el sostenimiento de las movilizaciones sociales, pues ellas han “servido para alimentar a los y las manifestantes, configurándose como espacios de cuidado en los barrios y territorios en este momento de agitación social y política” (Observatorio para la Equidad de las Mujeres, s.f., párr. 1; Observatorio de Realidades Sociales, Arquidiócesis de Cali, 2022).

Estos informes presentan diversos datos reunidos o recolectados desde diferentes metodologías y con la ayuda de otras organizaciones en las regiones, poniendo en evidencia una serie de delitos tales como desaparición forzada de personas; contra la integridad física: lesiones oculares, lesiones varias, hasta homicidios; contra la integridad sexual (abuso sexual); contra la libertad y la movilidad: privación ilegal de la libertad, detenciones arbitrarias, tortura; contra la libertad de reunión y el libre ejercicio a la protesta; contra la propiedad (daño) (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 2021, pp. 8-9). Otros informes hacen énfasis en la situación de vulnerabilidad a la que se vieron expuestas las mujeres en el transcurso del paro nacional o de la angustia de las madres ante la situación de los hijos participantes del paro. La exposición de las mujeres a situaciones de violencia sexual, política, simbólica y psicológica es motivo de denuncia por parte organismos defensores de Derechos Humanos (Misión S.O.S Colombia, 2021).

El paro nacional estuvo enmarcado por las disputas propias de las exigencias de los diversos grupos que se hicieron presentes en las manifestaciones y el pulso del gobierno del presidente Iván Duque Márquez por mantener sus políticas. Disputa que desbordó en acciones de violencia con una respuesta considerada desmedida en los informes de organismos defensores de derechos humanos. También en los informes se anotan con preocupación las discrepancias entre los datos de los organismos defensores de derechos humanos con los ofrecidos por la Fiscalía General de la República de Colombia. No menos complejo resulta la acusación según la cual las manifestaciones estaban infiltradas por la guerrilla del ELN, las disidencias de las desmovilizadas FARC, por el narcotráfico o hasta el absurdo apoyo de la desaparecida Unión Soviética (Melamed & Topel, 2021, pp. 6-8).

De lo anterior, deviene una parte importante de la literatura revisada respecto a la legitimidad del paro, legitimidad de sus demandas sociales y participación ciudadana, su legalidad y constitucionalidad, con diversos discursos analizados en los informes o artículos, para contrarrestar la deslegitimación que se genera en varios espacios incluso por parte del mismo Estado colombiano y de un sector de la sociedad (Cristancho Díaz, 2021; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2021a; Indepaz, 2021, pp. 11-28; Jaraba Fernández et al., 2022; Pereira Ortega & Peñaloza Nuñez, 2022; Santos Matiz & Granados Soler, 2021, pp. 13-16; Chamorro Sánchez, 2021; Beltrán Villegas & Caruso, 2021).

En lo relacionado con el uso excesivo e ilegal de la fuerza policial, se presentan distintos casos de víctimas fatales a raíz del accionar de la Policía Nacional y del ESMAD,4 dentro de ellos, tres jóvenes de 19, 22 y 24 años, quienes fueron asesinados durante las protestas del 2021. También se presentan los 106 registros de casos de víctimas de violencias basadas en género en la Defensoría del Pueblo (Melamed & Topel, 2021).

En los distintos informes sobre la situación de los Derechos Humanos en el marco de las manifestaciones sociales del 2021 se menciona la violencia sistemática en contra de los manifestantes jóvenes, los periodistas y los defensores de derechos humanos. Dentro de las agresiones transitorias y permanentes se destacan las lesiones oculares, torturas, desapariciones y casos de violencia sexual. Se menciona la militarización de las ciudades, el trato guerrerista del gobierno nacional y la violencia ejercida por la fuerza pública en contra de los manifestantes (Valencia & Moreno, 2022), todo esto hizo “parte de la realidad vivida durante los dos meses de paro, en el cual, el gobierno nacional insistió en dar un manejo violento y militar aun en medio de los llamados internacionales por el respeto y reconocimiento a la protesta social” (Santos Matiz & Granados Soler, 2021, p. 6).

Una de las respuestas de la ciudadanía al trato violento hacia los manifestantes fue la creación de la primera línea, surgida como estrategia espontánea para resistir a la brutalidad policial y proteger a los manifestantes, la cual se conformaba, en su mayoría, por jóvenes (Restrepo Sanin, 2022).

Ante las distintas denuncias relacionadas con la violación de los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pide investigaciones imparciales y exhaustivas de dichas denuncias para la posterior rendición de cuentas de las instituciones de seguridad del Estado (Melamed & Topel, 2021). Con ello se busca la verdad sobre el uso excesivo e ilegal de la fuerza y los abusos cometidos por la policía, sobre todo reconociendo que es un derecho para las víctimas saber cómo y en qué circunstancias sucedieron los distintos hechos.

c) Actores

Este apartado da razón de diversos actores presentes en las protestas, refiriéndose a individuos, grupos o instituciones que participaron y fundamental en su desarrollo.

Para dar cuenta de los actores, se precisa tener en cuenta que una de las diferencias significativas entre las movilizaciones del 2019 y las del 2021 fue el tiempo de duración: en la primera se dieron una serie de marchas en distintas ciudades del país, las cuales se sostuvieron hasta el amanecer y se concentraron en el sector urbano; jóvenes de los barrios llegaron a iniciar bloqueos, por ejemplo, en las calles de ciudades como Bogotá, Santiago de Cali, Medellín y muchas otras a lo largo del territorio, pero no se extendieron por más de un día. Mientras que las del 2021 se extendieron durante meses de marchas, bloqueos y otras acciones (Veloza, 2021).

Si bien la convocatoria al paro nacional del 2019 la hicieron desde sectores de la sociedad como el movimiento estudiantil, el movimiento campesino, los sindicatos y los pueblos indígenas, es clave resaltar que convergieron en las movilizaciones masivas, en los plantones y en las actividades simbólicas, artísticas y culturales actores de distinta índole: ciudadanos desempleados, maestros, estudiantes, trabajadores, artistas, desplazados, población LGBTIQ+ (Riaño López & Villareal Rodríguez, 2021), integrantes de organizaciones étnicas, campesinos, población afrocolombiana e indígena, que en general manifestaron su descontento ciudadano y desacuerdo con la violencia que se vive en Colombia.

Estas inconformidades (causas) se sumaron al asesinato de líderes sociales, el incumplimiento en la implementación de los acuerdos de paz (Pineda, 2021), con la corrupción que malversa y menoscaba el presupuesto público, con el actuar de instituciones públicas que vulneran los derechos de los colombianos, como es el caso de las ejecuciones extrajudiciales, con la impunidad en estos casos y en situaciones de corrupción, con las crecientes brechas sociales y económicas (Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], et al., 2021; Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2021); también, exigían al gobierno nacional retirar proyectos normativos como la Reforma Tributaria y normas como la Ley 100, garantías para ejercer el derecho a la protesta, derechos humanos, económicos, ambientales, políticos y la paz (Comité Nacional de Paro, 2019; Observatorio de Realidades Sociales, Arquidiócesis de Cali, 2021a). El paro nacional del 2019 es un hito crucial para comprender el desarrollo de las manifestaciones hasta el 2021; sin embargo, en la bibliografía rastreada se describen de manera amplia y detallada los sucesos que se desarrollaron desde el 28 de abril de 2021.

Dentro de los actores que tuvieron gran relevancia en el marco de las manifestaciones sociales de abril del 2021 se destaca el rol protagónico de los manifestantes, entre los cuales convergen jóvenes (García Acelas & Arias Perales, 2021), mujeres y hombres de los barrios, estudiantes, trabajadores, desempleados, activistas sociales, artistas, madres cabeza de familia, población indígena, población afrodescendiente, sectores socialmente deprimidos, los ni nis,5 los medios de comunicación alternativos, etc. Si bien las centrales obreras convocaron a la movilización, su rol se difumina en las manifestaciones, pues el estallido social es impulsado desde los barrios.

Gran parte de la sociedad civil se manifestó de manera pacífica, con participaciones artísticas, musicales, culturales y los cacerolazos para reclamar transformaciones sociales y políticas, aun cuando se mencionan los casos de personas que durante las manifestaciones destruyeron propiedades públicas y privadas, y se presentaron saqueos. Frente a estas situaciones de violencia, la protesta se estigmatizó por parte de funcionarios del Estado y política afines al gobierno de turno, llamando, en no pocas oportunidades, matones y terroristas a los manifestantes (Restrepo Sanin, 2022); a ello se suma la declaración de “conmoción interior”, con el Decreto 575 del 28 de mayo de 2021, con el cual “el gobierno ordena a gobernantes de algunos departamentos ‘coordinar con las autoridades militares y de Policía del departamento la asistencia militar de que trata el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016’”6 (Santos Matiz & Granados Soler, 2021, p. 13).

La participación de la sociedad civil fue amplia, desde las organizaciones espontáneas de los jóvenes en las primeras líneas, al igual que las Madres de la Primera Línea, mujeres que se presentaban en las protestas y alzaban su voz para protestar contra los abusos, tal como las Madres de la Plaza de Mayo, quienes a través del significado de la maternidad y el cuidado resistieron ante el gobierno y la fuerza pública (Restrepo Sanín, 2022). Se resalta la presencia de actividades culturales, artísticas, deportivas y musicales (Middleton, 2022), hasta el sostenimiento de ollas comunitarias en espacios de concentración. Las organizaciones para la protección de los derechos humanos también tuvieron una fuerte presencia en los espacios de manifestación, buscaban garantizar los derechos de los manifestantes, por esta razón presentaban las denuncias de los casos de violación a los derechos humanos.

La academia, si bien no tuvo un rol protagónico, participó con algunas estrategias como el acompañamiento desde experiencias como “Universidad pal´ barrio”, publicaciones y boletines que evidenciaban acciones artísticas y culturales en el marco de la manifestación social, contrario a la estigmatización que se presentaba en medios tradicionales de comunicación.

El rol de la Policía Nacional se enmarca en el trato violento a los manifestantes, “el uso de la fuerza y las armas como instrumentos originales, casi primarios e intuitivos, para el restablecimiento del orden público en detrimento del bienestar ciudadano” (Melamed & Topel, 2021, p. 6), el cual se relacionaba con excesos, irregularidades y violación del protocolo establecido para la intervención en estos casos, señalando el actuar de agentes de la policía que se volteaban los chalecos para impedir que se les viera el código que les identifica. Los distintos informes, trabajos de grado y artículos coinciden en presentar datos que develan la sistematicidad en el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza mediante la utilización de armamento para hacer frente a las manifestaciones y de municiones no permitidas para lograr causar daño e incluso la muerte a los manifestantes. La persecución a quienes participaron activamente de las protestas también fue una constante durante el estallido social (Misión S.O.S Colombia, 2021).

También se presentan casos como los disparos de policías y civiles armados hacia los civiles manifestantes, así como ocurrió contra la guardia indígena en el sur de la ciudad de Santiago de Cali (Santos Matiz & Granados Soler, 2021; Melamed & Topel, 2021); así mismo, se mencionan las marchas que organizaron civiles vestidos de blanco en contra de las manifestaciones, personas que no estaban de acuerdo con la protesta y salían a marchar dando su respaldo a la fuerza pública.

d) Derecho y vida

En este apartado se asocia inicialmente a la disciplina del derecho, al marco legal y garantista consagrado en la Constitución Política que establece el derecho a la protesta y a la manifestación, pero a su vez, se resaltan antecedentes normativos que limitan este derecho y que estigmatizan y criminalizan a quienes lo ejercen, alegando la garantía del orden público y la seguridad de la nación (Becerra León, 2022); por otro lado, el término se asocia a los derechos humanos y a la violación o garantía de estos en el marco de las manifestaciones sociales del 2019 y del 2021.

En el primer caso se presenta el hecho de que la protesta está reconocida en la Constitución de 1991 como un derecho fundamental (Prada Uribe & González Zapata, 2022), aunque también se especifica que en la Constitución se reconoce el derecho a la reunión y la manifestación pública y pacífica, el derecho a la libre expresión, en lo relacionado con la participación, y el derecho al ejercicio y control del poder político (Becerra León, 2022). En la literatura revisada se presenta la protesta, desde los aspectos normativo y jurídico, como un derecho, pero también como una responsabilidad ciudadana, debido a que, a través de ella se pueden lograr transformaciones sociales y políticas, por lo que el uso excesivo de la fuerza es ilegítimo y deslegitima el papel de las instituciones del Estado al no generar confianza en la ciudadanía (Jaraba Fernández et al., 2022). En el marco de las protestas sociales “las autoridades tienen dos obligaciones, la primera se conoce como obligación de abstención y se fundamenta en la prohibición del uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, civiles armados o Fuerzas Armadas en manifestaciones pacíficas.” (Jaraba Fernández et al., 2022, p. 20), lo cual no indica que las autoridades estén inhabilitadas para intervenir o limitar la protesta, pero deberán hacerlo de manera legítima. Así, se presenta una revisión de la dualidad de los avances y vacíos jurídicos y normativos; también de las capacidades e incapacidades de las autoridades.

En el segundo caso, respecto a las violaciones a los derechos humanos, tal como se ha mencionado en lo corrido del documento, se precisan la violencia y las agresiones sistemáticas contra los manifestantes, los periodistas, los estudiantes y los defensores de derechos humanos; también se vieron afectadas las personas que habitaban cerca de los lugares de concentración, la afección mayoritaria era asfixia por inhalar los gases lacrimógenos utilizados por la Policía y el ESMAD. También hubo casos de lesiones a ciudadanos que no hacían parte de las manifestaciones y que solo transitaban por el lugar. La criminalización de la protesta es identificada por distintos autores, quienes la visibilizan en prácticas estatales como el espionaje, el seguimiento, la infiltración y las demás formas de inteligencia hacia los manifestantes, defensores de derechos humanos, líderes y abogados (Sanabria Escobar & Ochoa Panqueba, 2021). Se resaltan también la represión, agresiones, violencia sexual, detenciones arbitrarias, montajes judiciales, torturas y homicidios. Incluso integrantes de las brigadas de Misión Médica recibieron agresiones de parte de agentes de la Policía y del ESMAD (Misión S.O.S Colombia, 2021; Cely Morales, 2022).

Todos estos rasgos de violencia, de criminalización de la protesta social y de persecución a quienes participaron en ella son analizados a partir del contexto social, económico y político en el cual se gestan. En cuanto a este último, es plausible preguntar por la manera violenta en la que se aborda la movilización social por parte del aparato estatal y, por supuesto, del gobierno nacional, teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho, con un sistema político democrático. Cabe resaltar que distintos alcaldes, entre ellos el de Cali y Barranquilla, pidieron un trato distinto a la violencia, se centraron en la negociación y en la necesidad de abrir espacios de participación ante las reclamaciones de la ciudadanía. La respuesta violenta de la fuerza pública afectó en gran medida el derecho a la protesta, debido a que generó miedo y desconfianza hacia las instituciones que son las encargadas de garantizar la seguridad de la población. Ante este panorama, “las organizaciones de derechos humanos y los movimientos sociales respondieron a la represión de la policía a través de la creación de comisiones de derechos humanos que acompañan las manifestaciones para garantizar el derecho a la protesta” (Prada Uribe & González Zapata, 2022, p. 102).

Los actos denominados vandálicos hacia la propiedad privada e infraestructura pública durante las manifestaciones se consideran dentro de los datos asociados a la vulneración de derechos (Rodríguez Pérez et al., 2021); también se menciona la infiltración de policías y delincuentes en los desmanes y actos de vandalismo (Acosta Sierra & Corrales Caro, 2022).

e) Lugares y puntos de resistencia

En este apartado se hace referencia a los lugares como las zonas en que se desarrollaron con mayor intensidad las protestas, sean estos lugares las ciudades o los espacios dentro de ellas en los cuales se concentraron actividades de especial relevancia, en algunos casos, lugares que fueron renombrados, convirtiéndose en los denominados puntos de resistencia.

Cali fue presentada por los medios de comunicación como el epicentro de la protesta, pero la información muestra también que a lo largo de todo el país hubo puntos de manifestación, con mayor o menor intensidad en algunas zonas, pero siempre con una presencia de inconformidad que caracterizó las manifestaciones: “según datos del Ministerio de Defensa hubo 14.175 actividades relacionadas con la protesta en 860 (77%) municipios” (Restrepo Sanín, 2022, p. 277). Varios de los documentos, que hacen énfasis en la ciudad de Cali como epicentro de la protesta (Observatorio de Realidades Sociales, Arquidiócesis de Cali, 2021a; Amnistía Internacional, 2022), muestran las razones históricas, sociales y políticas por las cuales fue en esta ciudad donde de manera más contundente se formaron puntos de concentración: “contando con 33 puntos de bloqueo simultáneos tomados por la ciudadanía, especialmente por jóvenes de sectores populares” (Santos Matiz & Granados Soler, 2021, p. 3). Además, se muestra toda la organización social y participación ciudadana que generó el paro nacional en la ciudad (Observatorio de Realidades Sociales, Arquidiócesis de Cali, 2022).

Por otra parte, nombrar las ciudades como lugares donde acontecieron los hechos tiene relevancia por el impacto estratégico de la significación de estas: Bogotá, capital de país; Popayán, Pereira y el Eje Cafetero; el norte del departamento del Cauca, por la presencia indígena; Cali y su alta tasa de habitantes afrodescendientes. Pero resulta fundamental resaltar que en la literatura revisada dentro de las ciudades están esos lugares que fueron renombrados, en un acto de simbolismo que ata el lugar físico a los acontecimientos y hechos ocurridos o sujetos clave de la protesta: un portal de Transmilenio denominado Portal Resistencia; la Avenida Jiménez, en Bogotá, Avenida Misak; el Puente de Mil Días en Cali, Puente Mil Razones; el cambio emblemático de Puerto Rellena a Puerto Resistencia; la Loma de Cruz, ahora es de la Dignidad; en el viaducto de Pereira se recuerda a Lucas Villa (Acosta Sierra & Corrales Caro, 2022, pp. 88-90).

El cambio de nombres no es solamente una cuestión de denominación, sino una resignificación del espacio y sus usos para convertirlo en punto de resistencia: la realización de las ollas comunitarias (Observatorio realidades sociales, Informe No. 3, 2022, pp. 18-24) como expresión de solidaridad y soberanía alimentaria, y la utilización del grafiti como forma de adornar los espacios (Velasco Arboleda, 2022, pp. 41-42). En este contexto, el grafiti fue un dispositivo comunicativo para expresar inconformidades en contra de los gobiernos y de entidades corporativas: “[el] graffiti como un movimiento artístico que comunica y representa la identidad colectiva de las situaciones que atraviesa un contexto determinado y con el cual hay una conexión intrínseca que constituye las ciudades como entornos que comunican” (Ariza Marín & Caballero Corredor, 2022, p. 23); en estos puntos de resistencia, especialmente en los lugares de alta densidad de población afrodescendiente, en los cuales la discriminación ha sido evidente a lo largo de los años, muchos jóvenes afro de la primera línea plasmaron diversos sentidos de su existencia, pues encontraron “en esta tarea una forma de reinventar su existencia y darle sentido (…) una forma de reivindicarse del despojo de dignidad al que han sido sometidos históricamente por efectos del racismo y los impactos del conflicto armado” (Observatorio realidades sociales, Informe Preliminar No.2 Cali, 2021, p. 40); además, estos lugares fueron escenario del diálogo, pues pasaron de ser espacios de bloqueos, que generaron traumatismo, a espacios de asambleas, en conjunto con organismos internacionales, la iglesia y de algunas alcaldías (Naciones Unidas Derechos Humanos, 2022, pp. 14-15; Martínez Osorio & Castellanos Tuirán, 2021); pero también resultaron ser los espacios más golpeados por la represión policial, entre los cuales se pueden resaltar los hechos de violencia cometidos contra la minga indígena (Amnistía Internacional, 2022, pp. 21-42).

f) Medios de comunicación y redes sociales

Los medios de comunicación se refieren a los sistemas técnicos utilizados para transmitir información o aquellos instrumentos, canales o formas de trasmisión de información; mientras que las redes sociales se entienden como plataformas digitales formadas por comunidades de individuos con intereses, actividades o relaciones en común, permitiendo el contacto entre personas y la posibilidad de compartir información. Tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales se evidenció la tensión entre una información oficial trasmitida desde medios tradicionales y las investigaciones realizadas por los medios alternativos que permitieron conocer datos diferentes sobre las arbitrariedades que se iban cometiendo por parte de fuerzas del orden, o en algunos casos por civiles que portaron armas y las accionaron en contra de manifestantes.

Las manifestaciones tuvieron en los medios de comunicación, en especial en las redes sociales, un soporte de la mayor importancia. La existencia de un ecosistema digital se convirtió en un protagonista de las protestas, pues gracias a la red digital, la organización de los usuarios se hizo más fácil y en tiempo casi inmediato se programaban los puntos de encuentro o gestionaban los apoyos requeridos (Cotes Barros, 2021); la mediación de las redes sociodigitales es indudable, como relataba un joven: “con el pasar de los minutos íbamos vivenciando vía WhatsApp cómo cada vez llegaba más gente al punto de bloqueo, esto lo veíamos en redes mientras nos vestíamos para ir saliendo” (Velasco Arboleda, 2022, p. 39); papel que fue tanto “informativo (para dar a conocer las rutas y los puntos de encuentro de las marchas, informar de actos de violencia y violaciones de derechos humanos) como contrainformativo (para contrarrestar la narración difundida desde los medios tradicionales)” (Cartier Barrera, 2022, p. 6).

La participación de los medios de comunicación y la labor de las TIC durante las manifestaciones varían entre el correcto manejo de la información y la manipulación de los acontecimientos. Este resulta ser un punto clave en la literatura revisada, pues es el resultado del impacto que se generó: un tipo de ruido informativo que rondaba entre la manipulación intencional y la difusión sesgada. En algunos casos hubo censura de vídeos, fotografías, post o textos, incluso “apelando en ocasiones a argumentos jurídicos no existentes en los códigos legislativos” (Valentines Álvarez & Rincón, 2022, p. 15; Rodríguez Pérez et al., 2021).

El impacto de las redes sociales como apoyo a las manifestaciones, en contraposición a los medios de comunicación tradicionales, permite entender que se transita por heterodoxas formas digitales, “como parte de los dispositivos asociados a las experiencias colectivas de lucha contra la dominación” (Valentines Álvarez & Rincón, 2022, p. 182) y retomar teorías que apoyan el protagonismo de la ciudadanía en la utilización de los medios tecnológicos de la comunicación (Beltrán, 2021, pp. 161-173). También la constatación que los medios de comunicación, al menos en el caso de Colombia donde sus dueños son grandes conglomerados económicos, logran en la teleaudiencia la construcción de representaciones sociales, pero desde las orillas de los poderes económicos y sociales a quienes en últimas parecen legitimar (Pérez Bonfante & Uribe Metrio, 2020).

g) Metodología y estrategias metodológicas usadas por los distintos autores de la literatura revisada

En este apartado se describen las metodologías, estrategias metodológicas o métodos empleados encontrados en los documentos revisados. Lo expuesto aquí pretende mostrar la variedad de metodologías usadas para dar razón del estudio, reflexión y análisis de las manifestaciones sociales en Colombia en el período 2019-2021, provenientes de diversos campos del conocimiento y con los enfoques propios del tipo de documento. Diversidad metodológica que también puede ayudar a los futuros escritos sobre la temática abordada.

Los trabajos de tesis, por la forma ya prevista de presentarse como documento de carácter académico parametrizado, contienen una estructura en la cual la metodología debe explicitarse: análisis comparativo de dos diarios de difusión digital (El Espectador y El Tiempo), con base en los medios análogos y la presencia en digital de ambos diarios, con el fin de verificar la calidad periodística al momento de informar la situación del país durante las manifestaciones (Piñeros Vargas, 2020, pp. 26-27); enfoque cualitativo que, conforme a los objetivos planteados, comienza con la recogida de datos (mediante la observación empírica o mediciones), para construir, a partir de las relaciones descubiertas, categorías y proposiciones teóricas; investigación descriptiva (Sorzano Romero, 2021, pp. 24-26); diseño metodológico mixto a partir de técnicas de análisis de redes, minería de datos e investigación digital en ciencias sociales, y técnicas cualitativas a través de los análisis de contenido y del discurso (Andrade Rivera, 2021, pp. 11-14); de tipo cualitativo, con enfoque descriptivo (Céspedes Cristancho et al., 2022, pp. 24-31); investigación cualitativa, analizada desde la experiencia y las subjetividades, difiriendo de investigaciones que recolectan y clasifican datos (Puerto López, 2021, pp. 12-15); en otro trabajo se definen los pasos metodológicos: plantear un marco referencial sobre los movimientos sociales, identificar características, diferencias y similitudes entre lo documental y la ficción, distinguir al movimiento estudiantil colombiano de la última década y un análisis de contenido dentro de las noticias relacionadas con las protestas (Racero Gómez, 2021, pp. 5-7); investigación etnográfica, con un carácter narrativo (Jiménez Borrero, 2021, pp. 1-4); enfoque cualitativo, con una estrategia metodológica basada en estudios de caso, con las siguientes técnicas de recolección de datos: entrevistas semiestructuradas, análisis visual y multimodal y análisis de seguimiento de redes sociales (Ariza Marín & Caballero Corredor, 2022, pp. 57-64); el empleo de datos extraídos y recolectados de Twitter e información académica de diversos autores; el análisis y la identificación de las prácticas informacionales y discursivas de los troles en el estallido social de Colombia, a partir de un enfoque infocomunicativo (Cotes Barros, 2021, pp. 11-13); método de investigación de estudio de caso (Sanabria Escobar & Ochoa Panqueba, 2021, pp. 6-7).

Pasando a los artículos, aunque responden a unos esquemas exigidos por las revistas indexadas, no todos presentan una metodología explícita. Sin embargo, se rescatan algunos: la estrategia metodológica desde una perspectiva cualitativa para comprender el fenómeno de la protesta social y sus ciclos utilizando la técnica de revisión documental (Brusatin Zambrano et al., 2021, pp. 98-99); método documental, basado en búsqueda de información y en la revisión doctrinal, legal y jurisprudencial (Jaraba Fernández et al., 2022, p. 2); enfoque metodológico cualitativo y fundamentado en la teoría constructivista. En la investigación fueron analizados desde el modelo analítico del artivismo (arte y activismo) urbano, relatos de jóvenes que asistieron a movilizaciones y talleres participativos en puntos de resistencia (Velasco Arboleda, 2022, p. 30); a partir de los datos de la Encuesta Latinobarómetro 2015 y un modelo logístico multinomial que supone una elección simultánea del tipo de participación (o una combinación de tipos), se examinó el caso de Colombia (Arévalo Bencardino et al., 2021, p. 134); revisión conceptual y normativa de la democracia (participativa y representativa) del Proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible (Barón Colmenares & Juliana Turturica, 2022, p. 133); se realizó un análisis de contenido cuantitativo y etnográfico para analizar los datos e identificar argumentos y patrones de relación de la desinformación con su afectación en la intangibilidad de estos clústeres de actores (Rodríguez Pérez et al., 2021, p. 129); metodología de enfoque cualitativo y de tipo descriptivo con una técnica de investigación documental (Pereira Ortega & Peñaloza Nuñez, 2022, p. 2); análisis de contenido y discurso del archivo normativo de la Policía Nacional y la representación de la protesta en los medios de comunicación, mediante entrevistas semiestructuradas con funcionarios públicos y defensores de derechos humanos (Prada Uribe & González Zapata, 2022, p. 93); un estudio cuantitativo de la protesta social a partir de un enfoque similar al método de Protest Event Analysis, que consiste en registrar una secuencia temporal de acciones conflictivas llevadas a cabo por distintos sujetos sociales en relaciones con otros actores o instituciones sociales (Nava, 2022, pp. 3-5); “enfoque epistemológico crítico, cuyo énfasis es producir, a través del trabajo intelectual, interrupciones y transformaciones en las relaciones de poder y de significación presentes tanto dentro como fuera de la academia” (Aguilar Forero, 2022, pp. 7-9); seguimiento diario de los hechos a través de los medios de información masiva, los medios independientes y las redes sociales, en especial Twitter, además se establecen comunicaciones con personas directas que participaban de las manifestantes en el territorio (Caicedo Álvarez, 2021, p. 193).

La elaboración de los informes es en constante colaboración entre diferentes organismos, que recolectan información de diferentes fuentes, ya sea directamente en los territorios con personas afectadas o con investigadores de organismos de derechos humanos para revisar y analizar de diversas maneras el material. Algunos informes describen sus metodologías: observación realizada e información recopilada por la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia por medio de entrevistas a víctimas; análisis forense de videos (Naciones Unidas Derechos Humanos, 2022, pp. 4-5); la investigación contó con cientos de piezas audiovisuales de fuentes abiertas, así como aquellas recibidas de periodistas, personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos y víctimas de represión (Amnistía Internacional, 2022, pp. 8-9); “determinación, en lo posible, de la identidad étnico-racial de las víctimas y el análisis geográfico territorial del uso de fuerza” (CODHES, 2021, p. 10).

Conclusiones

Este artículo de revisión de literatura alrededor del tema de la movilización y la protesta social en Colombia abre un abanico de categorías, temas afines, perspectivas de acercamiento a la problemática y cuestiones similares. El objetivo que movilizaba tal revisión era encontrar elementos que permitieran caracterizar el fenómeno de las manifestaciones sociales en Colombia de 2019 a 2021, en sus causas, expresiones, evolución y consecuencias; es decir, se presentan elementos generadores del descontento social que son el impulso para que se inicien las convocatorias a marchar; también se presenta el desarrollo de esos procesos de movilización artísticos, culturales y de organización sociopolítica que se gestan, así como la tensión entre los manifestantes, instituciones del Estado y sectores de la sociedad civil en desacuerdo con la manifestación social. Los resultados presentados son una contribución para la comprensión de la protesta social en Colombia, pues develan algunas de sus tensiones emergentes.

En varios de los textos revisados se encuentra un esfuerzo no solo por dar legitimidad a las manifestaciones, sino por ofrecer un marco legal para la protesta y salvaguardar la defensa de los derechos humanos de la sociedad. Se ahonda en las particularidades de la protesta social como derecho, que permite explicar sus límites, pero además confrontar lo que teóricamente está escrito en las leyes y definiciones en acuerdos internacionales respecto al respeto de derechos humanos con las prácticas reales que se presentaron en este periodo del Paro Nacional por parte del Estado colombiano.

En esta revisión de literatura se hacen evidentes nuevas maneras de presentación de las movilizaciones en los últimos tiempos en América Latina las cuales, como subraya Zibechi (2003), invitan a realizar reformulaciones sobre la manera de entender la gestación, desarrollo y evolución de las movilizaciones por fuera de la tradicional movilización institucionalizada en movimientos sindicales: “provocando una verdadera revolución teórica, que en la última década se plasmó en la centralidad adquirida por expresiones como autodeterminación, autonomía, autogobierno y territorio” (Zibechi, 2007, p. 17), representados en nuevos repertorios de acción colectiva. Tales repertorios se destacan como un eje para entender aspectos fundamentales de los movimientos sociales y sus consecuentes protestas y movilizaciones. Entender estos repertorios es adentrarse en las acciones propias realizadas en las movilizaciones presentadas como actos materiales y objetivos en las formas de accionar, sea como cuestión estratégica o acciones convocantes, con una gran carga simbólica que trasciende en algunos momentos las acciones mismas (Oyarce Pizarro, 2021; Acosta Sierra & Corrales Caro, 2022).

Otra característica que muestra las diferencias de lo acontecido durante este periodo de protesta frente a las tradicionales movilizaciones se encuentra en el rechazo a los liderazgos que tradicionalmente ostentaban algunos organismos en la convocatoria a la protesta, como los sindicatos o centrales obreras, de carácter más vertical y centralizados. En este nuevo panorama, se gestan críticas frente a quienes hacen de referentes de representación y se van generando formas alternativas de democracia, de participación de personas, subjetividades, comunidades, organizaciones de carácter ecológico, antirracista, feminista, LGBTIQ+ y jóvenes (ni nis).

Otro aspecto relevante se sitúa en reconocer en los puntos de resistencia una forma particular tanto de renombrar los espacios como del espacio de resistencia, diálogo e intercambio de solidaridades. En estos lugares de resistencia se fraguó una participación ciudadana sin precedentes en la historia colombiana, desde manifestantes que no estaban agremiados en algún grupo específico (de trabajadores, sindical etc.), sino que reunió a jóvenes, la mayoría de ellos pertenecientes a las barriadas pobres y excluidas socialmente de las grandes ciudades, y de madres sosteniendo la presencia de sus hijos en los puntos de resistencia, llevando un mensaje político de participación de la ciudadanía.

La revisión de literatura no contempló otras fuentes de consulta como el contenido audiovisual, de redes sociales y prensa. Solamente el campo de las redes sociales, especialmente los trinos de Twitter (renombrado desde el 2023 como X) o la mensajería instantánea de WhatsApp, juegan papel importante en el desarrollo de las protestas y fueron canales de primera mano para los manifestantes; por esta razón, abren un espacio de revisión indispensable y motivo de investigaciones futuras.

Por otra parte, teniendo en cuenta el carácter de la investigación en que está enmarcada esta revisión, Prácticas de lectura bíblica en cinco experiencias eclesiales de base en Popayán, Cali y Bogotá en torno a las manifestaciones sociales de 2019 a 2021, el material bibliográfico desde las disciplinas religiosa y teológica es incipiente todavía, y deja abierta las preguntas respecto a la forma del abordaje de la temática planteada y en dónde es posible ubicar las reflexiones, análisis y estudios de carácter teológico.

Si bien el periodo seleccionado para el rastreo de información es 2019 al 2021 en su gran mayoría, la bibliografía referencia datos de lo ocurrido durante las manifestaciones que iniciaron el 28 de abril del 2021, y se mencionan las vulneraciones a los derechos, los actores y su rol dentro de las manifestaciones. Al mismo tiempo, se cuestiona el actuar de las instituciones de un Estado democrático, como es el caso de Colombia, en el cual debería garantizarse el derecho a la protesta y asegurar la apertura de canales eficaces de comunicación con la ciudadanía.

También se presentan las distintas formas organizativas y de resistencia que concurrieron y las que emergieron durante las manifestaciones, las acciones pacíficas, artísticas, simbólicas y culturales, y, por otro lado, el vandalismo, las infiltraciones de policías o no manifestantes para generar desmanes y daños, la polarización y los disparos de policías y civiles contra manifestantes y población indígena.

La tensión entre las nuevas y distintas formas organizativas con las tradicionales formas de movilización discurren en la realidad que puede detectarse en lo acontecido en este periodo de protestas. A partir de las marchas sindicales, la presentación de pliegos y la toma de las principales plazas de las ciudades, se exploran esos otros repertorios que marcan una emergencia interesante de la protesta: los lugares de resistencia (renombrados por los mismos manifestantes), la conformación de la primera línea (en su mayoría por jóvenes que tradicionalmente han sido olvidados y viven los márgenes subnormales de las grandes capitales), bloqueos y barricadas, las ollas comunitarias (la solidaridad de la ciudadanía para mantener a los que se apostaron en los puntos de resistencia) en las que las mujeres fueron protagonistas, la visibilización de un periodismo militante que fue más allá de la información dada por los medios de comunicación masivos, y recolectó datos y hechos que ponían en evidencia la violencia ejercida por los organismos policiales, o las redes sociales expansivas, que posibilitaron la inmediatez en el apoyo y comunicación.

Con todo lo anterior, se identifican diversos elementos que evidencian el descontento social expresado durante las manifestaciones: nuevos actores y formas de movilización que convergen y a la vez distan de las tradicionales; los procesos artísticos, sociopolíticos y de construcción de redes y solidaridades; el vandalismo; la deslegitimación de la protesta; el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las instituciones del Estado; los ataques de civiles armados contra los manifestantes; y, finalmente, el papel de los medios de comunicación, tanto tradicionales como alternativos, en la visibilización de lo acontecido.

Declaración de contribución de autoría

Alejandro Olaya Arenas: recolección de la información, análisis de los datos, redacción y revisión final del manuscrito.

Nórida Rodríguez Moreno: recolección de la información, análisis de los datos, redacción y revisión final del manuscrito.

Conflicto de intereses

Los autores declaran la inexistencia de conflicto de interés con institución o asociación comercial de cualquier índole.

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Notas de autores

Alejandro Olaya Arena

Magíster en Educación por la Universidad San Buenaventura, Cali, docente de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, Cali, Colombia. Contacto: aolaya@unicatolica.edu.co; ORCiD: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8446-3835

Nórida Rodríguez Moreno

Magíster en Estudios Políticos de la Universidad del Valle, trabajadora social de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium y docente de la misma institución. Contacto: nrodriguezm@unicatolica.eu.co; ORCiD: https://orcid.org/0000-0002-9579-0134.

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1. 1 Artículo de revisión perteneciente a la investigación Prácticas de lectura bíblica en cinco experiencias eclesiales de base en Popayán, Cali y Bogotá en torno a las manifestaciones sociales de 2019 a 2021”, en la cual se plantea el primer objetivo específico: caracterizar el fenómeno de las manifestaciones sociales en Colombia de 2019 a 2021: sus causas, expresiones, evolución y consecuencias, lo que llevó a realizar una amplia búsqueda de literatura alrededor de las manifestaciones sociales en el periodo 2019-2021. Esta investigación fue realizada en colaboración con investigadores de las instituciones Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, UNIMINUTO, Bogotá, y UNICATÓLICA, Cali. La investigación inició en febrero de 2022 y terminó el 30 de junio de 2023 (código: 10401-PI-EX202203).

2. 2 El Comando de Atención Inmediata (CAI) “es la unidad policial con jurisdicción menor, estratégicamente ubicada en los perímetros urbanos de los municipios, localidades, comunas o barrios de las principales ciudades que posean esta división territorial, encargada de orientar y fortalecer el servicio de vigilancia urbana a cargo de la Policía Nacional, proteger los derechos y libertades de los ciudadanos” (Policía Nacional de Colombia, 2009, p. 8).

3. 3 Las ollas comunitarias son una forma de organización utilizada en barrios de escasos recursos económicos, en las cuales se cocinan colectivamente para que las personas puedan acceder a la alimentación. Suele ser gratuito o a un bajo precio.

4. 4 El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) es una dependencia de la Policía Nacional de Colombia, encargada del control de disturbios, multitudes, bloqueos y de acompañamiento a desalojos en espacios públicos o privados, sean zonas urbanas o rurales del territorio colombiano.

5. 5 Jóvenes que ni trabajan ni estudian.

6. 6 Asistencia militar. “Es el instrumento legal que puede aplicarse cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública, a través del cual el Presidente de la República, podrá disponer, de forma temporal y excepcional de la asistencia de la fuerza militar. No obstante, los gobernadores y Alcaldes Municipales o Distritales podrán solicitar al Presidente de la República tal asistencia, quien evaluará la solicitud y tomará la decisión. La asistencia militar se regirá por los protocolos y normas especializadas sobre la materia y en coordinación con el comandante de Policía de la jurisdicción”. (Congreso de la República de Colombia, 2016, Ley 1801 Código Nacional de Policía, Artículo 170).