Configuración y procesos locales de la violencia criminal organizada: el caso Guaymas-Empalme en el norte de México

Configuration and local processes of organized criminal violence: the guaymas-empalme case, in northern Mexico

Antonio de Jesús Barragán Bórquez*, Guillermo Núñez Noriega**

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo

Recibido: 11 de julio de 2022–Aceptado: 26 de julio de 2023–Publicado: 1 de agosto de 2024

Forma de citar este artículo en APA:

Barragán Bórquez, A de J., & Núñez Noriega, G. (2024). Configuración y procesos locales de la violencia criminal organizada: el caso Guaymas-Empalme, en el norte de México. Revista Colombiana de Ciencias Sociales, 15(2), 433-462. https://doi.org/10.21501/22161201.4446

Resumen

Este artículo busca profundizar en la complejidad de la Violencia del Crimen Organizado (vco) al nivel de los significados, las relaciones entre agentes y los efectos sociales observados en la región Guaymas-Empalme, en el norte de México. Se realizó una investigación documental a partir de estadísticas oficiales sobre homicidios y desaparecidos, así como un análisis de notas periodísticas en el periodo 2016-2020, que es cuando se produce un incremento notable en la incidencia delictiva local.

Empleando la perspectiva sociológica de Norbert Elias (1990a; 2008), se encontró que la figuración de una crisis regional de seguridad pública precisa aprehenderla como un conjunto de relaciones de interdependencias entre Estado, agentes criminales y sociedad civil, lo que dota de sentido a la emergente realidad vinculada con la degradación de la calidad de vida societal, expresada en ruptura de la violencia criminal tradicional, victimización específica y generalizada, crecimiento del umbral de tolerancia de “daños colaterales”, estructuras emotivas negativas, movimientos sociales de víctimas permanentes y esporádicos y diálogos unilaterales.

Palabras clave

Violencia; Criminalidad; Estudio de caso; Sociología; Conflicto armado; Estado; Sociedad civil.

Abstract

This article seeks to deepen the quantitative and qualitative complexity at the level of meanings and relationships between social agents and effects observed of the organized crime violence in the Guaymas-Empalme region, in northern Mexico. A documentary investigation was carried out based on official statistics on homicides and disappeared persons, as well as an analysis of journalistic notes in the period 2016-2020, which is when there is a notable increase in local crime incidence. Using Norbert Elias’ sociological perspective, it was found that the figuration of a regional crisis of public security, entails apprehending it as a set of relationships of interdependences between the State, criminal agents and civil society, which gives meaning to the emerging reality linked to the degradation of the quality of societal life, expressed in: rupture of traditional criminal violence, specific and generalized victimization, growth of the tolerance threshold of “collateral damage”, negative emotional structures, social movements of permanent and sporadic victims, and unilateral dialogues.

Keywords

Violence; Criminality; Case study; Sociology; Armed conflict; State; Civil society.

Problema: ciclo de violencia, una nueva “guerra” en el sur de Sonora

La violencia criminal representa uno de los temas centrales, sensibles y complejos para la seguridad pública y los derechos humanos en México. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ensu), para junio del 2019, indicaba que el 73,9 % de la población con 18 años o más considera que vivir en su ciudad es inseguro.

Dicha situación se vincula, en parte, con la dinámica de las organizaciones criminales en la producción de delitos violentos en las regiones con alto valor para las actividades ilícitas (Justice in México, 2021). Así, la zona metropolitana conformada por los municipios de Guaymas-Empalme del estado de Sonora, en el Noroeste de México, estimada en 208 294 habitantes, desde 2016 ha manifestado importantes cambios cuantitativos y cualitativos en la incidencia delictiva relacionada con el crimen organizado, destacándose actualmente como una de las geografías más violentas del país (Presidencia de la República, 2019; 2020).

Dando fin al discurso oficial que posicionaba a Sonora como una de las entidades más seguras de la frontera con Estados Unidos de América (eua). De forma esquemática, las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) para 2020 señalaban que en la República Mexicana la tasa de homicidios dolosos por cada 100 000 habitantes era de 29,18 %; esa misma estimación para el estado de Sonora alcanzó la cantidad de 53,07 %; mientras que para Guaymas-Empalme la medida llegó a 120,98 % (106,46 % para Guaymas y 165,27 % para Empalme), lo que describe un panorama complicado en esa región de estudio.

En ese contexto, desde hace diez años Ciudad Obregón es identificada como una de las ciudades más violentas del Estado ―y del mundo en años recientes―, a la que se han venido sumando otras localidades como Hermosillo, Caborca, San Luis Río Colorado y Guaymas-Empalme, hasta experimentar incrementos notables en la violencia homicida, la cual es explicada por el modelo de disputas territoriales entre los diversos operadores del Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación y los remanentes de la Organización Beltrán Leyva, que son los que operan en el estado (Causa en Común, 2020). Sin embargo, no solo se ha observado un alza en los homicidios, sino que el fenómeno de las desapariciones forzadas acompaña las transformaciones de la violencia en esta área de estudio (Hernández-Hernández & Pérez-Caballero, 2022).

Como parte de esa realidad, Guaymas-Empalme han padecido la emergencia de eventos inusitados como tiroteos en lugares públicos y a pleno día, ejecuciones con más de tres víctimas, exposición de cuerpos (mutilados, desmembrados, decapitados, torturados, quemados, colgados, etc.), mensajes públicos (narco-mantas), “levantones” [desaparición forzada de personas], agresiones a funcionarios públicos de todo orden, por mencionar algunos de los elementos del repertorio del proceso de agudización de la violencia criminal organizada observado en algunas regiones del país desde 2007, como sucedió en Michoacán, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz o Guerrero, y donde tales elementos pueden ser pensados como signos del lenguaje de la violencia (Reguillo, 2012).

De esa forma, la vcoha recibido una notable atención desde el campo académico nacional e internacional. Zepeda-Gil (2018), mediante una amplia revisión de la literatura, expone siete tesis explicativas del aumento de la violencia en México desde 2007: (a) Acción gubernamental, (b) Conflicto criminal, (c) Descoordinación intergubernamental, (d) Debilidad estatal, (e) Influencia externa, (f) Trasfondo socioeconómico y (g) Guerra criminal contra el estado. Estas tesis contemplan una diversidad de variables que intervienen en la violencia, sin embargo, como comenta el autor, se requieren estudios regionales que indaguen también las dinámicas microsociales. De allí la pertinencia de este trabajo, toda vez que es a nivel municipal donde toma partida la disputa por el control territorial por parte de las organizaciones criminales en la vida cotidiana (Emmerich, 2015).

Ante esa necesidad, este artículo buscó aprehender el sentido y las vinculaciones diversas a efecto del ciclo de violencia criminal organizada empleando el marco de la sociología figuracional de Norbert Elias (1990a; 2008). Dicha perspectiva epistemológica y teórica resulta útil para captar la violencia criminal organizada (vco) como un proceso que sigue un desarrollo en el tiempo dentro de una figuración social amplia, como se entienden aquí a las localidades de la zona metropolitana de Guaymas-Empalme.

Por ello, se consideró importante estudiar las siguientes dimensiones de la vco en el contexto local: (a) los perfiles generales de victimización de homicidios/desaparecidos, (b) los eventos de homicidios/desaparecidos de mayor relevancia pública, (c) los movimientos sociales que provoca la violencia, (d) los malestares generalizados experimentados en el plano emocional, (e) las interrelaciones sociales más evidentes durante el ciclo de violencia y (f) la manera en que la violencia impacta al campo político local. Además, en un mayor nivel de abstracción se abordó la cuestión respecto de cuáles son los significados y relaciones que logra la vco organizada como proceso social local.

Marco teórico

En el abanico de perspectivas teórico-sociales que han intentado superar la dicotomía agente-estructura, objetivismo-subjetivismo e individuo-sociedad, se encuentra la sociología de Norbert Elias (1990a; 2008), la cual comprende a la sociedad y a los individuos como procesos inseparables y unidos por una cadena de interdependencias dadas por la evolución histórica, es decir, como una configuración o figuración.

Elias pensaba que las sociedades no pueden entenderse sin los individuos ni viceversa, pues las estructuras psíquicas, sociales e históricas conforman el objeto de la ciencia del ser humano (Elias, 1990b) y contra concepciones estáticas y unidimensionales, en la epistemología elisiana la realidad aparece compleja (es relacional) y en movimiento (se desarrolla).

También, conocida como sociología figuracionista, figurativa o configurativa, propone entender a las sociedades como figuraciones de individuos interdependientes (Elias, 2008) y es propiamente por la figuración que las prácticas y hechos sociales se producen y cobran sentido. Los individuos forman figuraciones que están siempre en movimiento (proceso) de variado nivel y alcance, por ejemplo, desde la forma en que se relaciona el individuo consigo mismo en el plano del desarrollo de la humanidad, grupos pequeños como interacciones de pareja, amistad o familia, hasta tribus o estados-nación. Todos ellos comprenden los análisis de figuraciones y subfiguraciones (Elias, 1990a).

La figuración, en un sentido constructivista, es la estructura social de vinculaciones, a la que también suele referirse como entramado de interdependencias. De cierto modo, toda figuración se halla atada a tiempo y espacio, lo que implica siempre una estructura social previa. Así, para entender cabalmente esta perspectiva se considera el modelo de juegos y las relaciones de poder, relevantes para cualquier figuración, así como para su transformación o sostenimiento.

El cambio social se explica como un cambio en las posiciones ocupadas por grupos e individuos interdependientes, como resultado del permanente equilibrio entre las dos posibles tendencias (permanencia o cambio). Además, el hecho de que el tejido social presente un orden, regularidad y dirección, que no son planeadas, desde una perspectiva sociológica indica la relevancia que tiene lo social sobre las voluntades individuales, sin restar importancia al papel que tienen los individuos en la reproducción o transformación de las figuraciones sociales (Elias, 2008; 1990b).

La perspectiva relacional de la realidad elisiana capta la existencia del poder como una función ejercida en toda relación social como lo planteaba Michel Foucault (1998). De alguna manera, en la red de interdependencias (figuración) hay un tejido de tensiones que producen un equilibrio fluctuante en la tensión, en la oscilación de poder, que se inclina unas veces más de un lado y otras más del otro (Elias, 2008). Con ello, podría decirse que todo suceso o acontecimiento (incluyendo la vco) se reproduce en una red o tejido social determinado, es decir, en una complejidad o contexto dado, donde coexisten interacciones y relaciones recíprocas (de cooperación o antagonismo) de individuos y grupos.

De forma general, las sociedades humanas sufren modificaciones sin que necesariamente cambie la especie, a veces esas transformaciones estructurales abarcan siglos, otras veces décadas o años, por lo que, el objetivo de la teoría figuracionista es el de explicar la “naturaleza” y el “carácter” de esas transformaciones sociales (Brunet & Morell, 2001), permitiendo a su vez captar los vínculos emocionales que se producen en las interacciones cara a cara, además de los símbolos compartidos que identifican el “yo” y el “nosotros” (Montesinos & Martínez, 2001).

La sociología figurativa no es una escuela estructurada respecto de una teoría unificada y unidimensional, es más bien un modelo de análisis que debe ser contrastado con los hechos que hacen inteligibles los procesos estructurales e interdependientes para pensar los momentos de ruptura en el proceso de la sociedad (Urteaga, 2013).

De modo tal que, las diversas manifestaciones de la vco conforman un dispositivo disruptivo del proyecto social pacífico, al responder a las contradicciones del mundo contemporáneo, expresando la capacidad de (a) colapsar los sistemas interpretativos tradicionales (Reguillo, 2012, p. 45), y b) figurar una crisis de seguridad regional sostenida. En este caso, el estudio aborda la utilidad que tiene la aplicación de una mirada elisiana en el ciclo de vco de Guaymas-Empalme.

Desde ese ángulo, el proceso social de la vco en Guaymas-Empalme es una sub-figuración de un conflicto más amplio que ha venido desarrollándose entre los grupos criminales que han formado parte de la historia del crimen organizado y narcotráfico en México y la región (Véase Barragán-Bórquez, 2022, en Hernández-Hernández & Pérez-Caballero, 2022). Lo que implica no sólo considerar las propias estructuras criminales de cada bando, sino también las estructuras políticas, estatales, empresariales y civiles con las que se intersecta cada bloque, con el dinamismo que caracteriza al fenómeno de la criminalidad organizada.

Además, tal escenario no podría entenderse sin las dimensiones políticas, económicas, culturales, estatales, internacionales, etc. en las que surge, y que no serán retomadas aquí por cuestiones de espacio. Más bien este artículo aborda y describe el ciclo de vco en cuanto a los agentes y actores involucrados, las interrelaciones, significados y efectos observados en el corto-mediano plazo.

Método

Este trabajo identifica y caracteriza algunos de los componentes más importantes del proceso de vco en una zona específica. Para el análisis de los sentidos generales y particulares del ciclo de vco en el periodo explorado se implementaron técnicas de investigación documental retomando fuentes de información primaria como:

1. Datos sobre Defunciones por Homicidio del inegi.
2. Datos sobre Personas Desaparecidas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (rnpdno). Base elaborada por la Comisión Nacional de Búsqueda (cnb).
3. Recuperación de notas periodísticas sobre eventos violentos y hechos adyacentes. Para este proceso, se retomaron en total 39 notas de prensa correspondientes al periodo 2015-2020. Se prestó atención a aquellos hechos que trascendieron anualmente a nivel local-regional y nacional. Los medios nacionales mencionados son El Universal, La Jornada, Debate, Excélsior, El Sol de México, Reforma, MVS Noticias, La Silla Rota y Proceso. En el orden regional y local: Entorno Informativo, El Sol de Hermosillo, Uniradio Noticias, El Imparcial, Expreso, El Portal de la Noticia, Opinión Sonora, FM 105, Radar Sonora, El Vigía. Proyecto Puente, Semanario la Frontera y Marquesina.

Las fuentes de información retomadas permiten, por una parte, describir los perfiles generales de victimización por homicidio y desaparición, posibilitando a partir de las cifras oficiales una aproximación a la distribución de las víctimas en el cuerpo social todo en la zona de estudio. Sin embargo, la estadística criminal no favorece la apreciación de los matices que logra la reproducción de la vco en la vida cotidiana de las comunidades. Por ello, el conjunto de notas de prensa complementa el estudio microdinámico de la violencia, al proporcionar una mayor profundidad para el análisis, por ejemplo, en cuanto a la trascendencia nacional e internacional que tienen algunos eventos de violencia local, los efectos sociales como movimientos sociales, malestar generalizado y emociones negativas, el impacto de la violencia en el plano político y en la administración de justicia, así como las interrelaciones sociales que surgen en el contexto de la agudización de la violencia criminal. Se articula un modelo de exploración en el cual las fuentes y datos se suplementan para el abordaje.

Resultados

Para comprender el inicio y mantenimiento del ciclo de violencia en la región, el primer apartado delinea el perfil general de los homicidios y desaparecidos en términos estadísticos, en un segundo y tercer apartado se describen los atributos y cualidades tanto de los homicidios como de las desapariciones forzadas a partir del material periodístico.

Un último apartado describe otros rasgos de la complejidad de relaciones de interdependencia que se descubren en el tiempo como la creación de movimientos sociales, el impacto en el aparato estatal local y regional, estructuras emotivas y la situación general de la comunidad como víctimas directas e indirectas.

Homicidios y desapariciones, características generales

La zona metropolitana de Guaymas-Empalme se había caracterizado por ser una región históricamente tranquila. No fue sino hasta 2016, como se muestra en la figura 1, que la incidencia de homicidios comenzó una escalada, hasta triplicarse o cuadruplicarse en los siguientes cuatro años, así fue 2018 un punto de inflexión en la estadística delictiva, al dispararse abruptamente este tipo de delitos.

Figura 1. Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, estatal y municipal

Desde inicio de los 90, el comportamiento de los homicidios venía a la baja de forma generalizada. Es a partir de 2007, con la llamada Guerra contra el Narcotráfico en México, que se observan cambios importantes en la comisión de los asesinatos, sobre todo a nivel nacional y estatal. De este modo, es en los últimos años cuando la violencia letal alcanza niveles extraordinarios. De forma local, la cifra de homicidios en Guaymas entre 2016 y 2020 suma 416, lo que representa el 58 % de los 717 asesinatos registrados entre 1990 y 2020, mientras que para Empalme los 232 homicidios cometidos entre 2016 y 2020 corresponden al 68,63 % de las incidencias de las últimas tres décadas observadas (338 en el periodo 1990-2020), contrastando notablemente con lo sucedido a nivel nacional y estatal.

En el periodo 2016-2020, fueron asesinadas 648 personas de forma conjunta en Guaymas-Empalme. Concretamente, 8 de cada 10 asesinatos ocurrieron en la ciudad, pues el 85,33 % de los asesinatos se presentaron en el área urbana (553), con solo 10 casos sin dato sobre área de ocurrencia para ambos municipios, tendencia similar a la presentada a nivel nacional y estatal, lo que hace a este fenómeno estrechamente vinculado con la dinámica citadina.

Asimismo, la diferencia por sexo es bastante marcada para ese periodo, ya que del total de víctimas por homicidio (648 en Guaymas-Empalme), el 91,82 % de los casos son hombres (595), 7,40 % mujeres (48) y 5 personas sin especificar. Así, se obtiene de forma desagregada, 380 (91,34 %) hombres, 32 (7,69 %) mujeres y cuatro casos sin especificar para Guaymas; 215 (92,6 %) hombres, 16 (6,89 %) mujeres y uno sin especificar para Empalme. Patrón semejante a nivel nacional y estatal para el mismo periodo, pues 9 de cada 10 homicidios afectan a la población masculina.

Aunque no puede precisarse la cantidad de homicidios producto de la vco para esta región de estudio, los creadores de organismos como Semáforo Delictivo han señalado que uno de los temas más preocupantes en incidencia delictiva de la entidad son los homicidios del crimen organizado y, específicamente, del tráfico de drogas (López, 2019). Algunos estudios sobre conteos de asesinatos en México indican que entre el 38 % y 72 % corresponden al crimen organizado (Justice in México, 2021). En ese sentido, los cambios cuantitativos que se observan en la región de estudio posicionan a la dinámica criminal organizada como principal causa.

En cuanto al rango de edad, el grueso de las víctimas de homicidio durante 2016-2020 en Guaymas se ubican entre los 20 y 49 años (82 %, 345 casos), mientras que poco más de una tercera parte se trata de jóvenes entre los 15 y 29 años (35,57 %, 148 casos), considerando 13 casos sin dato por edad. Para Empalme, el 76,72 % (178) de los homicidios se concentran entre los 20 y 49 años, 40,08 % (93) se trata de población juvenil y 4 casos sin especificar. Situación equiparable a nivel nacional y estatal para la misma época.

En el rubro de la desaparición de personas, el comportamiento de las tasas de incidencia se asemejan a las de los homicidios, lo que presenta un incremento después de 2007, observándose notablemente, sobre todo, en los últimos diez años, como puede apreciarse en la figura 2.

Figura 2. Tasa de desaparición por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, estatal y municipal

En el periodo 2016-2020, que comprende el ciclo de vco, se tuvo 288 registros de personas desaparecidas de forma conjunta en los municipios analizados; 214 corresponden a Guaymas, cifra que equivale al 81,99 % del total registrados en esa ciudad (261 entre 1990-2020); para Empalme se contabilizan 74 registros durante ese periodo (2016-2020), lo que ajusta un 86,04 % de los registros por desaparición desde 1990 (86 en total), lo que describe una acumulación importante para este problema durante los últimos años y destaca en su gravedad con lo sucedido a nivel estatal y nacional. Cabe destacar que las cifras oficiales de desaparición permiten solo una aproximación parcial al fenómeno, como se verá más adelante.

En cuanto a la variación por sexo de las víctimas de desaparición, se descubre que en el periodo 2016-2020 para ambos municipios 81,59 % de los casos se trata de varones (235), mientras que 18,40 % de los casos son mujeres (53); 175 (81,77 %) hombres y 39 (18,22 %) mujeres para Guaymas; 60 (81,08 %) hombres y 14 (18,91 %) mujeres para Empalme. De ese modo, se presenta una mayor incidencia en la población femenina (casi 10 % más) si se compara con el homicidio, situación más o menos similar a lo ocurrido a nivel estatal y nacional, lo que robustece la idea de que las mujeres sufren mayor victimización por desaparición que por homicidios.

Las estimaciones por rango de edad indican que para Guaymas el 64,01 % (137) de los registros de desaparición se ubican entre los 20 y 49 años, el 38,78 % (83) corresponde a edades entre 15 y 29 años y 17 casos sin referencia por edad; en Empalme el 58,10 % (43) se localizan entre los 20 y 49 años, un 31,08 % (23) entre los 15 y 29 años y 10 casos sin registro por edad. El patrón por rango de edad en la zona de estudio es similar a lo que ocurre a nivel nacional y estatal.

Sin embargo, es necesario señalar que existen diferencias en cuanto a los picos que se presentan por rango de edad y sexo, toda vez que los registros de mujeres desaparecidas en Empalme se agudizan entre los 10 y 14 años (5 registros), mientras que en el caso de los hombres el punto álgido se presenta entre los 20 y 24 años (9 registros). En el caso de Guaymas, dichos picos se expresan en la población femenina entre los 15 y 19 años (12) y entre los 40 y 44 años (28) para los hombres. Así, la concentración de los casos de mujeres víctimas de desaparición se presentan en rangos de edades juveniles y adolescentes, comparadas con la población de varones víctimas, las cuales se ubican en edades más avanzadas, por lo que la victimización por sexo se vincula con las etapas reproductivas y productivas de las personas.

En ese sentido, el perfil por sexo y edad de la vco se repite indistintamente a nivel nacional, estatal y municipal tanto para los homicidios como para las desapariciones. Destacando que el perfil general de victimización es claro: hombres adultos-jóvenes.

Conceptos como el de “juvenicidio” (Valenzuela-Arce, 2015) pueden ser útiles para futuros abordajes, pues invita a observar las condiciones dadas para que un segmento de la población se vea mayormente afectado. Además, el perfil indica el requerimiento de estudios que indaguen la fenomenología del universo criminal en la formación de las identidades masculinas como proceso sociocultural, representando con ello un terreno fértil para el estudio de las masculinidades en México (Núñez-Noriega, 2017).

Homicidios, las cualidades de su violencia

Desde que inició el ciclo de violencia, los homicidios en forma de ejecuciones, agresiones con arma de fuego o el descubrimiento de cuerpos violentados irrumpieron la cotidianidad de la región. El material periodístico sobre esos eventos se cuenta por decenas, como las propias muertes. Incluso, años antes del ciclo de violencia, aparecían eventos esporádicos de ejecuciones tanto de civiles como policías o funcionarios públicos; los llamados “casos aislados”.

El siguiente fragmento de una nota ejemplifica uno de los casos que describen una agresión armada per se del ciclo de violencia:

De acuerdo a [sic] lo manifestado por el hoy lesionado, los hechos ocurrieron cuando se encontraba platicando con el hoy occiso, el cual se encontraba en el interior de un vehículo. Siendo en ese momento que se les emparejó un vehículo de color blanco, de donde descendieron varios sujetos los cuales les empezaron a disparar en repetidas ocasiones. (Marquesina, 2015)

De ese modo, ejecuciones con el tiro de gracia, tiroteos a carros en movimiento, persecuciones, emboscadas o tiroteos con la policía se desplegaron paulatinamente durante el ciclo de violencia.

Es hasta 2016 cuando una serie de acciones introdujeron nuevas dinámicas en la vco de la región. “Tiran dos cuerpos en la Comandancia” (Entorno Informativo, 2016), fue una noticia que tuvo revuelo en la región por lo inusitado, en el que un vehículo fue abandonado afuera de las instalaciones de la policía municipal con los cuerpos de dos hombres torturados y un mensaje de advertencia en su interior para quienes hicieran tratos con ciertos operadores de la delincuencia organizada. Meses después se fracturaron y modificaron los significados y prácticas tradicionales de la vco cuando comenzó la exhibición de cuerpos.

“Abandonan cuerpo desmembrado en un tambo en Guaymas” (Entorno Informativo, 2016), fue el primer ejemplo de visibilización de este tipo de violencia en la región. Y, aunque no es lo habitual, notas sobre desmembramientos o decapitaciones con exposición en la vía pública han aparecido en el contexto de la agudización de este tipo de criminalidad. Estudios han indicado que la visibilización de la violencia criminal organizada depende y se reproduce en espacios con debilidad institucional, falta de cohesión social y disrupciones familiares (Vilalta, 2013; Durán-Martínez, 2015).

Noticias que elaboran recuentos de las afectaciones humanas directas de las agresiones armadas delinean el proceso de agudización del crimen: “Guaymas y Empalme inician octubre de manera violenta; 10 muertos en 10 días” (Expreso, 2019), “Fin de semana rojo en Guaymas y Empalme; ejecutan a 4 y hieren a uno” (Uniradio Noticias, 2018). En este conjunto de casos, las modalidades varían desde el sicario solitario hasta el comando armado; desde la utilización de armas cortas hasta los conocidos cuernos de chivo (AK 47) y rifles de grueso calibre.

Por otra parte, las personas heridas refieren a formas de victimización que deben ser consideradas en futuros análisis, pues retratan fenómenos vinculados a la violencia criminal que no han tenido la suficiente atención. Así, de entre el cúmulo de eventos, resaltan en la prensa nacional y regional: el asesinato de personas en el interior de hospitales públicos mientras que son atendidos por lesiones resultantes de agresiones armadas, las ejecuciones o agresiones a artistas del narcocorrido local, incendios de casas donde mueren personas, cuerpos encobijados, cadáveres de animales o bultos de basura confundidos con personas, etc. Se ha señalado que este tipo de violencia afecta el estado de salud mental de la población en general y modifica sus rutinas diarias (Flores & Atuesta, 2018; Vilalta, 2016).

Un rasgo de la violencia exacerbada son los llamados “daños colaterales” donde adolescentes, niños, jóvenes universitarios o mujeres resultan victimizados, y, aunque se contabilizan pocos en la zona de estudio, generalmente tienen un impacto mediático importante. Uno de ellos fue el ataque armado que sufrió una familia que viajaba en un vehículo durante el día, en una vía transitada de Guaymas, como indica Cesar Martínez para diario Reforma (2020), en esa agresión perdieron la vida una pareja de adultos y una niña de diez años, además resultaron heridos cuatro menores de edad y una joven.

Casos de niños y adolescentes asesinados se han presentado también en Cajeme, Hermosillo y Caborca, lo que ha provocado algunas reacciones sociales que manifiestan descontento como el grafiti [mensajes escritos en paredes], la composición de canciones y una irritación generalizada que, en última instancia, configuran frases sobre los límites de la violencia: “con los niños no”.

Otro hecho relevante de “daños colaterales”, en el campo de los homicidios, es el caso de la joven universitaria: Jazmín, acribillada en Empalme en agosto del 2020 mientras instalaba un puesto de comida afuera de su casa. Tal hecho provocó el desánimo en redes sociales e, incluso, se organizó una marcha para exigir justicia en días posteriores (Núñez-Esquer, 2020; López, 2020).

Así, también, de forma esporádica se han reproducido casos de justicia privada en forma de ejecuciones de personas dedicadas al robo u otros delitos, cuyos cuerpos se descubren en la vía pública acompañados de mensajes como el siguiente:

Esto me pasó por rata, pónganse verga, extorsionadores, violadores, rateros y especialmente esos roba carros, toda la bola de lacras de Guaymas, el valle y Empalme ya están ubicados y la lista está muy larga, sigan haciéndole daño a las personas que trabajan honestamente. Ya no hay tolerancia para ustedes “ratas”, la limpia ya empezó y nadie los va a salvar. (Opinión Sonora, 2020).

Ello habla de las transformaciones de la vco, de los discursos públicos sobre justicia, de la racionalidad-irracionalidad en la aplicación de la violencia y de las formas de interacción social.

Desaparecidos, cualidades de la violencia

Como sucede con el homicidio, el fenómeno de las desapariciones también evidencia un proceso de agudización. Durante los primeros años del ciclo de violencia, fragmentos como el siguiente se repetían en el material periodístico de la nota roja en la región:

“en medio de la ola de desapariciones forzadas en Empalme, la familia de un hombre reportó la privación ilegal de su libertad e inició búsqueda con la colaboración ciudadana … Según la denuncia habría sido víctima de ‘levantón’”

También, se registraban eventos violentos importantes como: “Hallan más cadáveres en San Carlos, escapan ‘levantados’” (Entorno Informativo, 2017), que describen ese proceso de agravamiento. Para entonces, ya se hablaba de prácticas regulares coloquialmente conocidas como levantones, casas de seguridad o zonas de exterminio de personas, como se integra a continuación.

A inicios de 2018, la problemática había alcanzado atención nacional, como señala Milton Martínez (2018) para la revista Proceso, cuando el grupo de mujeres Rastreadoras de Sinaloa hizo una búsqueda en la zona conurbada del Cañón de Nacapule en San Carlos Nuevo Guaymas, localizando restos de huesos humanos en lo que habría sido una hoguera para procesar cuerpos.

Como efecto directo de dicha acción, a finales de enero de ese año se integra el grupo de búsqueda Madres Buscadoras de Sonora (Gómez-Lima, 2018), organizado por familiares de desaparecidos en Guaymas-Empalme, quienes manifestaban que dicho fenómeno habría cobrado relevancia después de 2013, considerando que las víctimas son tanto hombres como mujeres de entre 20 y 35 años, llegando a dibujar el extremo al señalar que en una sola colonia del norte de Guaymas fueron desaparecidas 40 personas solamente en un año.

Esto muestra uno de los efectos directos y prolongados que tiene la vco a nivel local cuando esta logra determinada magnitud: la organización de las víctimas. Con ello, crea interdependencias de larga data entre actores de la sociedad.

La cuestión de las cifras no es un tema menor, en muchas ocasiones, la estadística oficial sobre desaparición forzada no logra dimensionar adecuadamente el problema. Los colectivos de búsqueda de Guaymas-Empalme argumentaban que solo en 2018 recibieron aproximadamente 400 reportes de personas desaparecidas, cantidad de reportes similar a la recibidas entre 2015-2017: “los familiares de las víctimas optan por contactar en mayor medida al colectivo antes que interponer una denuncia con las autoridades policiales, por temor a que les pueda pasar algo” (El Imparcial, 2018). Ello evoca la reflexión sobre la variabilidad de las estimaciones, los movimientos sociales de las víctimas y sus prácticas de búsqueda y autogestión a través de marchas y colectas, así como la complejidad que implica que el Estado sea responsable de un adecuado acompañamiento, más allá de obsequiar insumos para las búsquedas como picos, palas y cubetas, como sucedió en un evento encabezado por la alcaldesa de Guaymas durante la conmemoración del Día Internacional de la Desaparición Forzada (Bahena, 2020).

En esa misma brecha de análisis, notas como “‘Los queremos de regreso, vivos o muertos’; familiares de levantados piden clemencia” (Periódico Semanario La Frontera, 2018), ejemplifican un tipo de diálogo unilateral como efecto de la violencia asociada a las desapariciones.

Por otra parte, el caso de la desaparición de Saúl comparte características con el de Jazmín, abordado en el apartado de homicidios, pues al ser jóvenes estudiantes universitarios se abre la pauta para la movilización del desencanto social mediante marchas de cientos de personas, como la celebrada en Guaymas (Opinión Sonora, 2019), caracterizando a la población de los llamados “daños colaterales” directos.

En contraste, a partir notas periodísticas, se constata que los colectivos civiles de búsqueda han visibilizado otro aspecto de la vco a partir de las progresiones en su objetivo, pues los hallazgos de restos humanos desenterrados, calcinados, huesos fragmentados, vestimentas, calzado y accesorios, localizados en el área rural o la zona conurbada de las ciudades, donde se instalan las fosas clandestinas, en las cuales se obtienen materiales para los análisis de adn describen ese escenario (Hernández-Hernández & Pérez-Caballero, 2022). En ese sentido, el fenómeno de la desaparición forzada expresa efectos sociales de mayor calado en comparación con los homicidios.

Dicho fenómeno también ha impactado a la corporación policial municipal. Algunas noticias los colocan como víctimas y otras bajo la sospecha de victimarios: “Sujetos armados ‘levantan’ a policías y se llevan patrulla” (Debate, 2017), “Desaparecen dos jóvenes guaymenses luego de ser detenidos por la Policía Municipal” (El Portal de la Noticia, 2019), lo que plantea una complejidad aún mayor, como se verá a continuación.

Uno de los eventos que cobró relevancia en este ámbito fue la desaparición de tres hombres jóvenes vacacionistas del sur de Sonora, ocurrida en la zona turística de San Carlos Nuevo Guaymas el último fin de semana de julio de 2018, el cual quedó registrado y circuló un video en redes sociales que captura el momento cuando un grupo de sujetos armados suben a varias camionetas a los jóvenes frente a elementos de la policía municipal. Después de la información socializada en redes sociales haciendo alusión al posible recrudecimiento de la violencia, la embajada de euA emitió la primera alerta de viaje para Guaymas, Empalme y San Carlos, además, las corporaciones armadas desplegaron diferentes operativos tierra-aire por toda la zona durante algunos días (Miranda, 2018).

Tal evento se relaciona, además de las marchas y manifestaciones en días posteriores de amigos, familiares y conocidos de los afectados, con uno de los acontecimientos que trascendieron a nivel internacional por lo inusitado: la emboscada y masacre de cinco policías locales en octubre de 2018. Como lo señala un artículo publicado por La Jornada (2018) titulado “El asesinato de 5 policías en Guaymas, ‘ajuste de cuentas’”, la corporación municipal había sido amenazada después de la difusión del video donde se observa a policías, sicarios y los jóvenes desaparecidos, la cual se concretó meses después con la emboscada de varios agentes municipales a plena luz del día. Días posteriores al ataque presentaron su renuncia los titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, Rodolfo Montes de Oca y Adolfo García Morales respectivamente, así también el director de Seguridad Pública Municipal de Guaymas, Daniel Morales Pardini.

En ese sentido, los procesos de agudización de la violencia criminal no solo afectan el sano funcionamiento del Estado a nivel municipal y de aparatos ciudadanos, como indica Meza (2016), sino que también tiene implicaciones que trascienden lo local y significan puntos de inflexión en algunos aparatos estatales.

Corporaciones de seguridad, política y víctimas

Los procesos de la vco abarcan un entramado de relaciones sociales de gran espectro. No solo comprende la producción de dolor “humano” y de letalidad, también significan rupturas con lo cotidiano en la imaginación colectiva, la selectividad de la violencia, la imperfección de su ejercicio y las consecuencias no planeadas de la misma.

La seguridad pública en el conflicto criminal local. En el campo de los homicidios de agentes policiacos, datos del Registro de Policías Asesinados de Causa en Común indican que en el periodo 2018-2020 en la zona de estudio fueron asesinados 17 policías; jefes policiacos, comandantes y oficiales. Casi siempre resultan en noticias de atracción nacional. El siguiente fragmento ejemplifica uno de los casos: “cerca de las 19:00 horas se registró la agresión, mientras circulaba a bordo de su vehículo cuando fue interceptado por un grupo armado que disparó en al menos seis ocasiones” (MVS Noticias, 2019). En algunos casos, se detiene a los agresores y se les imputa condenas de más de 70 años.

Otras temáticas que por cuestiones de espacio quedan pendientes, pero es menester mencionar, son las relacionadas con los oficiales heridos durante las agresiones armadas o los intentos de homicidio, así también las renuncias y ceses de oficiales y mandos, o el propio proceso de militarización del campo policial y de la seguridad pública. Por ejemplo: “Alrededor de 49 policías municipales han renunciado en Guaymas y Empalme” (El Sol de Hermosillo, 2019), “Policías Municipales vinculados al crimen serán sustituidos con Marinos” (Martínez, 2019) y “Militares tomarán mando de policías municipales en Sonora” (Excelsior, 2019), describen la convulsión institucional en un contexto de conflicto criminal.

A razón de la implosión de la violencia y como parte de las estrategias de pacificación del Gobierno Federal de México se nombraron mandos militares para las direcciones de seguridad pública de los municipios de Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme y Navojoa. En ese sentido, el proceso de militarización se da en medio de escándalos de presuntos planes de asesinatos de policías, en llamadas filtradas, entre el director de seguridad pública municipal de Guaymas y un agente de policía, renuncias de los directores de seguridad pública municipal de Cajeme y Empalme, así como una continua ola de homicidios (De Mauleón, 2020).

En otro canal de análisis, caben los sucesos de grandes aseguramientos de drogas, precursores químicos, armas, insumos de guerra, vehículos y personas que comenzaron a presentarse a partir de la escalada en el ciclo de violencia de la zona, los cuales, según registros del material periodístico, se pueden observar, por mencionar dos ejemplos: “Aseguran 6 toneladas de droga y dos embarcaciones en costas de Guaymas” (Uniradio Noticias, 2019) y “Caen sicarios, aseguran armas y vehículos en cateos en Empalme” (Radar Sonora, 2019). A pesar de escapar a los límites de este análisis, estas cuestiones integran una dimensión del contexto de vco que merece futura atención. Se ha demostrado que las intervenciones de las fuerzas públicas recrudecen la violencia (Atuesta & Ponce, 2016), particularmente cuando se detienen o dan de baja a cabecillas de las organizaciones.

Lo político, los diálogos y la violencia. Un fenómeno que acompaña al ciclo de violencia y ha sido una práctica recurrente en el contexto de la vco en México es el despliegue de las llamadas “narco-mantas”. Entendidas como corpus escritos, diagramas de flujo e incluso fotografías utilizadas para trasmitir los mensajes de los distintos bandos criminales del conflicto. Es en estos materiales donde se articula la conexión con la esfera política, la administración pública de la seguridad y el diálogo unilateral con la sociedad.

Desde 2016, aparecen los primeros mensajes en puentes, paredes o cercos de las principales vialidades de la zona urbana. Concretamente, en septiembre de ese año aparece la primera manta en la que se acusa a miembros de la corporación Estatal de seguridad de colaborar con un grupo delincuencial, esto en medio de críticas por la “pérdida de control” de la administración municipal de Guaymas 2016-2018 (Tv Pacífico, 2016; Sánchez, 2016). No sería sino hasta la segunda mitad de 2018 cuando la práctica de las “narco-mantas” resurgiría. De modo tal que al menos una veintena de eventos con mensajes públicos se presentaron en la zona entre 2016-2020.

Como dispositivos de exposición pública, se hacen acusaciones de corrupción y colaboración con organizaciones criminales a funcionarios públicos, tanto del ejecutivo, el cabildo como de los aparatos de justicia local. También, se hacen aclaraciones sobre eventos como tiroteos, robos, homicidios y masacres.

Además de ser canales para la amenaza, estos dispositivos también posibilitan el dialogo público con los agentes políticos. Entre los ejemplos solo destacamos algunos: “Encapuchados cuelgan narcomantas en Guaymas, Empalme y San Carlos” (Opinión Sonora, 2020), “Aparecen narcomantas en Guaymas y Empalme” (1 de julio de 2019), “Amanecen dos narco-mantas en Guaymas y San Carlos que amenazan de muerte a regidor” (Opinión Sonora, 2020), “Diputado defiende su honor ante mantas” (Diario del Yaqui, 2020).

Mendoza-Rockwell (2016) indica que el despliegue de las narco-mantas en el trasfondo involucran la revelación de un secreto al público, lo que las hace portadoras de cierta legitimidad; se les cree porque se les considera “autenticas”, lo que tiene consecuencias para las ideas de que no solo es secreto, sino que incluso es notorio, conocido por cualquiera (Pérez-Caballero, 2021).

Por otro lado, en el ámbito de los agentes políticos y hechos de violencia se destacan dos eventos: el asesinato del contralor municipal de Guaymas mientras transitaba en un vehículo en una de las vialidades principales de la ciudad y la intimidación que sufrió la presidenta municipal de Guaymas, cuando un comando armado disparó más de cien tiros afuera de su casa, impactando solamente un vehículo y la fachada (El Sol de México, 2019; Gómez-Lima, 2019). El propio proceso de agudización de la vco devela la importancia de las interacciones suscitadas entre el campo criminal y de la función pública local.

Las victimas indirectas y directas. No son pocas las notas que dan testimonio de la irrupción de la cotidianidad en forma de tiroteos al aire libre, a vehículos y casas, presencia de hombres armados y de las estructuras emotivas que remiten al miedo y zozobra, por ejemplo: “Balaceras y asesinatos siembran terror en sur de Sonora” (Miranda, 2018), “Sondeo: habitantes de Guaymas y San Carlos se sienten inseguros” (Expreso, 2018), “Pánico por balaceras y ejecutados este martes” (Rivas,2019), “Tiroteo en Empalme causó pánico en la población; suspenden clases en 2 planteles” (Expreso, 2019), “Ante inseguridad, alcaldesa de Guaymas pide no visitar espacios públicos” (El Universal, 2019). Abonando así al panorama de las consecuencias sociales del conflicto criminal.

Uno de los casos que más revuelo público causó en ese contexto fue la agresión que sufrió una familia en Empalme, cuando un comando armado irrumpió en una residencia, sustrayendo a un adulto joven y quemando la vivienda con su familia al interior, provocando graves quemaduras y posterior fallecimiento de un menor de ocho años, la madre de este y un tío, resultando afectada también una menor sobreviviente (Sin Embargo, 2019). Tal evento, además de causar la cancelación de las festividades del aniversario de independencia, atrajo la atención nacional e internacional, señalando al hecho como un acto “terrorista”.

De forma general, el despliegue de todo este conjunto de violencias que se ha experimentado en muchas partes del país en los últimos quince años responde a prácticas y significados de una guerra de constricción en la que cada bando busca aumentar o disminuir la cuota de renta del enemigo (Lessing, 2015). Por tales motivos, algunos autores han considerado la situación de México como la de una insurgencia criminal, sin embargo, existen diferencias notables, como la agenda que no comparten traficantes y caudillos, donde los primeros buscan encontrarse libres de la ley y los segundos buscan suplantar al Estado en el gobierno (Kalyvas, 2015).

Ese escenario de “guerra” no podría entenderse sin un previo proceso de “cartelización”, el cual consiste en crear toda una burocracia del crimen, sustituyendo, desplazando o cooptando a los operadores de la criminalidad en determinadas regiones que ya existían, y, a nivel de territorio, estableciendo una delimitación de fronteras que conforman un marco para su jurisdicción (Mendoza-Rockwell, 2012). La cartelización en Guaymas-Empalme se dio entre 2010-2011 con la llegada de los operadores del Cártel de Sinaloa a la zona, lo que devino en una serie de importantes transformaciones del campo criminal local (Barragán-Bórquez, 2022).

Reflexiones finales

Más que enunciados concluyentes, lo que resulta más provechoso, en este momento, es el planteamiento de una serie de reflexiones provocadas por la mirada configuracionista respecto de los procesos de la vco antes descritos.

Por una parte, los datos estadísticos y periodísticos, desde esta perspectiva teórica, permite establecer que la figuración de una crisis regional de seguridad pública ocasionada por un ciclo de vco, precisa aprehenderla como un conjunto de relaciones de interdependencia complejas de cooperación y antagonismo, tanto de permanencia como de cambio, unas en torno al crimen, otras en torno a la pacificación, cuyas interacciones expresan contención, resistencia, agresión o convivencia.

De ese modo, el estudio de la violencia y la paz se beneficiaría desde este enfoque al visibilizar los trasfondos (red/cadena de interdependencias) en los que ocurren los eventos violentos que muchas veces se pasan por alto o se dan por sentado y que pueden discernirse en la dialéctica sociedad-individuos, hasta comprender que de forma general y, en primera instancia, tanto criminales y agentes del estado como civiles son parte de una misma sociedad y son propiamente los actores de la figuración.

Por otro lado, aunque los indicadores más confiables pueden ser los registros oficiales de homicidios y desaparecidos para los estudios de la vco (Zepeda-Gil, 2018), estos no logran captar las dimensiones reales que plantea el problema, el cual hasta ahora no ha logrado una designación o definición precisa: guerra, conflicto, insurgencia, lucha, pelea, ajustes de cuentas, etc.

En este caso, la vco, entendida como proceso social, evoca observar las interconexiones sucedidas durante las etapas de inicio-sostenimiento-agudización, pues esta impacta, modifica, deteriora y crea vínculos entre las personas y grupos de variado nivel desde la entidad y ciudad misma hasta las familias, grupos e individuos en las que se expresa. En ese sentido, el proceso de la vco atiende a un desarrollo sociohistórico previo y tendrá efectos en el largo plazo para las comunidades que lo padecen.

Esas diversas formas de vinculación, que bien pueden expresarse de forma directa o mediante los símbolos compartidos en los planos de las interdependencias, adquieren notables dimensiones Afectivas, Estatales y/o Profesionales (Elias, 2008).

Las de tipo Afectivo pueden contemplar, según la evidencia presentada, nociones sobre la muerte y sus situaciones, miedo, pánico, incertidumbre a la seguridad individual y colectiva, angustia, ruptura en la noción de tranquilidad territorial y temporal, esperanza, búsqueda de justicia, nociones sobre la pérdida, deslindamiento, prohibición, peligro, advertencia, desconfianza, demarcación-limitación, las cuales son observadas desde los distintos actores de la figuración. Este tipo de vinculación describe el material emocional que fomenta cohesión o disociación social, cuya duración y alcance varía de forma considerable para cada ejemplo mencionado.

En el plano de las vinculaciones de tipo Estatal, estas se trastocan gravemente al desdibujarse la soberanía de los aparatos de gobierno, donde el territorio y el ejercicio legítimo de la violencia son componentes relevantes desde un enfoque de desarrollo regional, además de los evidentes impactos que se crea en la administración pública y en los aparatos del sistema de justicia.

Las vinculaciones Profesionales que responden a la división y especialización del trabajo observable en la figuración de cualquier ciudad moderna, no como agregados o esferas separadas, sino como fenómenos diferenciadores interconectados que, en el caso de un asesinato, requiere de servicios forenses, funerarios, civiles y religiosos.

En ese contexto, criminalidad y delincuencia —común y organizada— son fenómenos de larga data, lo nuevo aquí es la racionalidad (e irracionalidad) de la aplicación de la violencia por parte de las organizaciones criminales, lo que habla de transformaciones del campo criminal organizado local. Sin embargo, a pesar de tales dimensiones y cualidades, la vco se comprende como una violencia enfocada generalmente a la figuración criminal local —con sus debidas excepciones—, ello hace que la sociedad no sucumba ante la trascendencia del proceso. Y, en un contexto generalizado de impunidad, se da pauta para la “normalización” de algunas formas de violencia, en la que existe un determinado umbral de tolerancia de “daños colaterales”. Hipotéticamente, si cada vez que se cometiera un asesinato o desaparición forzada se hiciera una marcha, hablaríamos de un grado de efervescencia social impresionante.

La noción respecto de que la sociedad coexiste con la violencia criminal organizada, es una idea que describe bien ese escenario.

Así, cuando se habla de un proceso de agudización criminógena, en un contexto de conflicto criminal armado como en este caso, también implica referirse a un conflicto con la capacidad de producir en el campo civil: movimientos sociales permanentes, diálogos unilaterales, estructuras emotivas negativas y parálisis social de diverso grado. Lo que se traduce en un evidente detrimento de la vida societal y en una experiencia sumamente trascendente para el propio desarrollo sociohistórico de las comunidades afectadas. El caso de la violencia criminal en Guaymas-Empalme se trata de un proceso social aún en desarrollo.

La vco, aunque aqueja a la sociedad en conjunto, se puede afirmar que lo hace más a unos que a otros, en este caso: hombres adultos-jóvenes. Es una violencia que produce cierto tipo de victimización, donde generalmente la culpabililización de las víctimas, según su estrato, depende del sesgo de clase del observador (Zizumbo-Colunga, 2020).

En cuanto a los discursos oficiales, el modelo de casos aislados, que articulaba la explicación de la vco, se fractura cuando se trastoca el ámbito político-estatal y los aparatos de administración de justicia, se generan malestares sociales mayores, se gestan tipos específicos de victimización y victimarios, se presenta un proceso de superación de la violencia en sí misma y se da una intervención permanente de los tres niveles de gobierno, sobre todo del orden federal.

En suma, el análisis de un ciclo de violencia criminal organizada, como el descrito en este artículo, indica que su inicio y desarrollo implica una serie de antecedentes y circunstancias que dan pauta para su sostenimiento en el tiempo. Ello significa que, aunque la violencia escaló a partir de 2016, fue en 2010-2011 cuando inician las transformaciones del campo criminal local, con la llegada de una organización criminal de gran calado para el monopolio de las actividades ilícitas (Cártel de Sinaloa a través de Los Salazar), para el reordenamiento de los actores y reglas.

Así, lo que sucedió a partir de 2016 fue la disputa entre dos facciones criminales que luchaban por la hegemonía (Los Salazar contra La Plaza). Lo que se tradujo en una violencia explícita, gráfica y pública que abarcó los confines de la zona metropolitana de Guaymas-Empalme en los años subsecuentes, afectando no solo a los involucrados directos de cada bando (actores criminales), sino al cuerpo social en su conjunto, sobre todo a las instituciones encargadas del control del delito. De allí la importancia de abordar a los fenómenos de la violencia criminal organizada en su carácter no sólo sincrónico, sino también diacrónico —como procesos sociales relacionales—.

Para finalizar, la vco como una forma sistemática de crear rupturas de diverso orden de la realidad social apareja procesos complejos vinculados con el papel del Estado, los agentes criminales y el espacio civil, pues estas interrelaciones explican las etapas o sucesiones en la configuración de los “territorios en guerra”, aunado a que este tipo de violencia traza una lógica particular, pues se practica generalmente en ciertos cuerpos y espacios y, aunque tiene la capacidad de “convulsionar” a toda una sociedad, se afirma que tiene un impacto social diferenciado en la fenomenología del crimen, toda vez que el proceso de agudización criminógena considera trascendentes elementos de orden objetivo y subjetivo.

Financiamiento

Esta investigación estuvo financiada por el Consejo Nacional de Ciencias, Humanidades y Tecnología (conahcyt) del Gobierno de México.

Nota de autoría

Antonio de Jesús Barragán Bórquez, investigador principal, participó en la recolección y análisis de datos, marco teórico, redacción. Guillermo Núñez Noriega, coinvestigador, participó en el análisis de datos, redacción y revisión de la versión final del manuscrito.

Conflicto de intereses

Los autores declaran la inexistencia de conflicto de interés con institución o asociación comercial de cualquier índole.

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Notas de autores

Antonio de Jesús Barragán Bórquez

Doctor en Desarrollo Regional por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., Hermosillo, México. https://orcid.org/0000-0002-9974-7707, https://scholar.google.es/citations?user=99T5KtIAAAAJ&hl=es&oi=ao, contacto: xntonio@hotmail.es

Guillermo Núñez Noriega

Doctor en Antropología por la Universidad de Arizona. Profesor Investigador del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., Hermosillo, México. https://orcid.org/0000-0001-9550-3871 https://scholar.google.es/citations?user=GjGxyi4AAAAJ&hl=es&oi=ao, contacto: gnunez@ciad.mx

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1. 11 Este artículo se deriva de la investigación doctoral de Antonio de Jesús Barragán Bórquez, apoyada por el Consejo Nacional de Ciencias, Humanidades y Tecnología (CONAHCYT) del Gobierno de México.

   * Doctor en Desarrollo Regional por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., Hermosillo, México. https://orcid.org/0000-0002-9974-7707, https://scholar.google.es/citations?user=99T5KtIAAAAJ&hl=es&oi=ao, contacto: xntonio@hotmail.es

   ** Doctor en Antropología por la Universidad de Arizona. Profesor Investigador del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., Hermosillo, México. https://orcid.org/0000-0001-9550-3871 https://scholar.google.es/citations?user=GjGxyi4AAAAJ&hl=es&oi=ao, contacto: gnunez@ciad.mx

2. 2 Véase https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/٢٠١٩/ensu/ensu٢٠١٩_٠٧.pdf

3. 3 Para 2020, el número de habitantes en México era de 128 209 170; para Sonora 3 002 286; Guaymas 156 863 y Empalme 51 431 respectivamente (inegi).

4. 4 De acuerdo con Schedler (2014), la Violencia Criminal Organizada se refiere a un conjunto de violencias atribuidas a organizaciones criminales dedicadas, entre diversas actividades, al comercio de drogas ilegales, las cuales pueden ser ejercidas contra la población civil, contra el Estado o entre las mismas organizaciones criminales.

5. 5 El trabajo pionero que puede considerarse dentro de la escuela sociológica de las figuraciones es El proceso de la civilización, obra en la que se condensan los conceptos “sociogénesis” y “psicogénesis”. A partir de los aportes de Weber y Freud se descubrió que “la estabilidad peculiar del aparato de autocoacción psíquica, que aparece como un rasgo decisivo en el hábito de todo individuo <<civilizado>>, se encuentra en íntima relación con la constitución de los institutos de monopolio de la violencia física y con la estabilidad creciente de los órganos sociales centrales” (Elías, 2016, p. 453).

6. 6 En el periodo 2016-2020 se cometieron 166 757 homicidios a nivel República Mexicana, lo que representa el 29,21 % del total de este tipo de delitos registrados en los treinta años explorados (570 772 entre 1990-2020). Por su parte, en Sonora se cometieron 5164 homicidios entre 2016-2020, lo que equivale al 35,73 % del total (14,451 % entre 1990-2020).

7. 7 El 72 % de los homicidios en México, durante 2016-2020, se ubicaron entre los 20 y 49 años, y 36,41 %, entre los 15 y 29 años. Mientras que, en Sonora, el 75,98 % se concentró entre los 20 y 49 años, y el 33,11 %, entre los 15 y 29 años durante ese mismo periodo.

8. 8 Cabe aclarar que los datos retomados sobre personas desaparecidas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (rnpdno) para este articulo corresponden a la consulta realizada en fecha del 12 de julio de 2022 para México y Sonora, y del 12 de diciembre de 2021 para Guaymas y Empalme, cifras que pudieran ser distintas en consultas posteriores o anteriores debido a que dicha base de datos se actualiza con la identificación de personas e indicios en fosas clandestinas u otros sitios y métodos de exploración/localización. Por otra parte, la diferencia entre Persona No Localizada y Persona Desaparecida radica en que en la última se sospecha que el motivo de su desaparición se debe a la comisión de un delito.

9. 9 En términos temporales, el ciclo de vco se refiere a un periodo de incremento extraordinario de los eventos de violencia, sin embargo, antes de 2016 pueden manifestarse incidentes de homicidios y desapariciones como lo muestran la figura 1 y 2. Lo que habla de un preámbulo para el ciclo de violencia, como los observados durante 2010, 2012 o 2014 en la zona de estudio, vinculado con el modelo de “casos aislados”.

10. 10 A nivel República Mexicana, de los registros totales de desaparición (66 726 entre 1990-2020), 37 117 (55,62 %) corresponden al periodo 2016-2020. Para Sonora, de los reportes totales (4015 entre 1990-2020), 2762 (68,79 %) se vinculan a los años 2016-2020.

11. 11 Para el periodo 2016-2020, Sonora presentó un 21 % (590) de victimización femenina; a nivel nacional las desaparición de mujeres alcanzó un 24 % (8779) en dicho periodo.

12. 12 Entre 2016-2020, el 65,29 % de las desapariciones en México se ubicaron entre los 20 y 49 años, y el 42,50 %, entre los 15 y 29 años; en el caso de Sonora, el 60,42 % corresponde entre los 20 y 49 años, y 37,94 %, entre los 15 y 29 años.

13. 13 Se tiene registro de más de 200 notas periodísticas entre 2016-2020 como parte del contexto de violencia en la región.

14. 14 Los “casos aislados” es un modelo para explicar la violencia que se refiere a la cuota “normal” de asesinatos y agresiones como resultado de las operaciones de crimen organizado en una geografía determinada, en cualquier parte del mundo. En este caso, el modelo de casos aislados puede apreciarse antes de 2016, es decir, antes del ciclo de violencia criminal organizada.

15. 15 En ese contexto, se presentaron eventos como el del asalto al carro de valores que ejecutó un comando armado con saldo de una mujer embarazada muerta por el fuego cruzado y cinco personas heridas, entre ellos los guardias del banco, lo que incidió en la cancelación de las festividades del Grito de Independencia en Guaymas (Sánchez-Dórame, 2016). Uno de los trabajos de periodismo de investigación más relevantes, que en realidad son muy escasos, es el de Alán Aviña (2016) que describe el inicio de la “guerra” en la ciudad y su reproducción en las zonas marginadas de la misma.

16. 16 Este fue el primer colectivo organizado por familiares de víctimas en la entidad, después se formaría el colectivo de Cajeme (Ciudad Obregón), Hermosillo, Nogales, Caborca y en el resto de las principales ciudades de Sonora.

17. 17 En ese contexto, se presentó el arribo de la Gendarmería y, de algún modo, se oficializó el “nuevo frente de batalla” en Guaymas-Empalme. Por lo que 2018 es una fecha clave en el ciclo de violencia, pues a partir de este hecho la situación de violencia en la zona logró la atención nacional e internacional.

18. 18 En ese contexto, la alcaldesa de Guaymas Sara Valle convocó a una marcha por la paz, la cual encabezó junto a funcionarios públicos y una centena de ciudadanos (Hernández-Estrada, 2018).

19. 19 Según información recuperada de http://causaencomun.org.mx/beta/registro-de-policias-asesinados/, Sonora es una de las entidades que se ha mantenido dentro de los diez estados con mayor incidencia en los últimos años, con 55 policías asesinados entre 2018-2020. Guaymas-Empalme es una de las zonas más letales para las diferentes policías, seguido de Cajeme (Ciudad Obregón).

20. 20 En el ámbito de la procuración de justicia de los delitos relacionados con la vco, la realidad demuestra que existe un alto grado de impunidad, a excepción de algunos “casos aislados” en la impartición de justicia, como lo reconocen las propias autoridades (Castro, 2020).

21. 21 Fue en el contexto del recrudecimiento de los discursos públicos mafiosos, propiamente en agosto de 2019, cuando en un hecho inusitado un grupo criminal perteneciente al Cártel de Sinaloa amenazó a la ejecutiva estatal en una manta, Gobernadora Pavlovich y a su familia, supuestamente “por no respetar los acuerdos” según el mensaje, días después ella misma interpuso una denuncia ante la fiscalía.

22. 22 Para 2018-2019, el conflicto, hasta entonces “anónimo”, tomó claridad al evidenciarse a través de mantas a los diversos grupos y actores criminales que se encontraban enfrascados en tal dinámica. Facciones del Cártel de Sinaloa de un lado, con su brazo operativo Los Salazar y, por el otro, la organización denominada La Plaza, integrada por operadores de la Organización Beltrán Leyva, Cártel de Caborca y Cártel Jalisco Nueva Generación, figuraban el “conflicto de cárteles”.

    Propiamente, se trata de un conflicto entre los principales agentes (y aliados) que históricamente han operado en la entidad. Cabe recordar que el conflicto de “cárteles” en el contiguo municipio de Cajeme tiene una antigüedad de más de 10 años y, como ha demostrado Javier Osorio (2015), cuando un conflicto organizado se prolonga puede expandirse o “contagiarse” a otros espacios, pues de forma específica, por cada 51 eventos violentos ocurridos en un municipio se produce un evento en una localidad adyacente.