Poder que engendra poder el clan García Romero en Sucre 1966-20201

Power that engages power the García Romero clan in Sucre, 1966-2020

Javier Duque Daza

Universidad del Valle

Recibido: 26 de julio de 2021–Aceptado: 17 de agosto de 2022–Publicado: 4 de julio de 2023

Forma de citar este artículo en APA:

Duque Daza, J. (2023). Poder que engendra poder el clan García Romero en Sucre 1966-2020. Revista Colombiana de Ciencias Sociales, 14(2), 705-735. https://doi.org/10.21501/22161201.4037

Resumen

En el artículo se reconstruye la historia de la familia García Romero en el departamento de Sucre, en la región del Caribe de Colombia, como un caso significativo de la predeterminación social y económica del poder político. Se parte del neoinstitucionalismo contextualizado o sociológico para verificar cómo en ciertos contextos sociales quienes son poderosos económicamente y ejercen influencia social tienen ventajas para acceder a las posiciones de poder político, en comparación con quienes carecen de ellas. En estos casos, las estructuras de poder se caracterizan por la presencia continuada de algunas pocas familias que concentran las principales posiciones políticas durante largos periodos. En los resultados se muestran las estructuras y las relaciones de poder político que favorecen al clan político estudiado.

Palabras clave

Clanes políticos; Partidos políticos; Clientelismo; Paramilitarismo; Elecciones.

Abstract

The article reconstructs the history of the García Romero family in the department of Sucre, in the Caribbean region of Colombia, as a significant case of the social and economic predetermination of political power. It is based on contextualized or sociological neoinstitutionalism to verify how in certain social contexts those who are economically powerful and exert social influence have advantages in accessing positions of political power, compared to those who lack them. In these cases, power structures are characterized by the continued presence of a few families that concentrate the main political positions for long periods. The results show the political power structures and relationships that favor the political clan studied.

Keywords

Political clans; Political parties; Clientelism; Paramilitarism; Elections.

Introducción

Una mirada a los nombres y apellidos de quienes han ocupado las principales posiciones políticas en los departamentos de la región Caribe de Colombia en el último medio siglo permite identificar un patrón: la presencia reiterada, continua y prolongada de algunas familias que concentran el poder político. Una alta proporción de los cargos más importantes son ocupados por pocas familias.

En estos casos confluyen algunos atributos que siempre están presentes: son liderados por caciques políticos, hombres poderosos que se mantienen por más de una generación en el Congreso, al menos treinta años, y han tejido redes de poder local estables; su poder es transgeneracional y continuado, no desaparece aun cuando sus jefes, en algunos casos los iniciadores del clan, se retiren del escenario electoral; cuentan con sucesores directos que reproducen su capital electoral o lo amplían; y reproducen su poder aún en medio de los cambios normativos y las transformaciones sociales y económicas y demográficas en los que surgieron. Adicionalmente, muchos de los integrantes de estos clanes tuvieron nexos con organizaciones criminales a finales de la década de 1990 y durante el primer lustro del 2000.

Las familias en el poder en Colombia, las “democracias locales heredadas” (Novoa, 2014), han sido objeto de diversos análisis.2 Algunos estudios indagan por sus condiciones generadoras, sus características, sus modos de obrar político en departamentos de la región Caribe en donde han sido ampliamente mayoritarios (Ocampo, 2014; Trejos, 2014; Rosero, 2012; García, 2008; Arango, 2010; Meneses, 2014). Otros análisis estudian sus modos de obrar político, específicamente el clientelismo y el nepotismo (Madero, 2010; Moreno, 2002; Martínez, 2013; Valencia, 2020). Son numerosos los análisis sobre el paramilitarismo, algunos de estos se enfocan en los casos de clanes políticos (Hoyos, 2009; Londoño, 2014; García, 2012; Velasco, 2014; Ávila, 2012; Duque, 2015). Hay una serie de monografías de la Misión de Observación Electoral y la Fundación Arco Iris que describe algunas de las estructuras de poder local entre 1997-2007 (Misión de Observación Electoral, 2007). Y hay numerosos artículos de prensa y reportes en portales que dan información de coyuntura, hacen breves perfiles o análisis sintéticos de casos.

En relación con la familia García Romero en el departamento de Sucre, hay artículos de prensa, especialmente de los últimos tres lustros. Hay información sobre los orígenes de la familia y sus comienzos en la política, sus modos de obrar político y sus vínculos con grupos ilegales. Lo que no existe es una reconstrucción de toda su trayectoria a la luz de la política nacional, su ubicación en el contexto de la política del departamento, sus aliados y adversarios, sus modos de obrar político, tampoco una periodización de su recorrido por más de medio siglo. Una ausencia notoria es la explicación del porqué surgieron y se han mantenido estas familias en la política como un rasgo característico de las estructuras locales de poder. En los diversos análisis suele ser ambiguo el concepto de clan político, no se delimitan sus atributos ni sus componentes. Con frecuencia se incluye a los allegados y socios políticos como integrantes de los clanes, lo cual distorsiona la imagen de quienes ejercen el poder e impide diferenciar el ejercicio directo del poder de la presencia de poderes subyacentes o de la influencia que un político regional o una familia sigue ejerciendo, aunque no esté directamente en los espacios de decisión y de poder.

En el presente trabajo se intenta llenar dichos vacíos y precisar algunos conceptos para una mejor comprensión de la estructura local de poder en el departamento. Esto se lleva a cabo a partir de cuatro preguntas centrales: ¿Cuál ha sido la evolución del posicionamiento y del poder político de la familia García Romero en el departamento de Sucre durante el periodo 1966-2020? ¿Qué factores incidieron en el surgimiento y posicionamiento del clan García Romero en el departamento? ¿Mediante cuáles estrategias logra el clan conservar durante décadas las posiciones de poder? ¿Cuál fue la relación del clan político con las organizaciones criminales que han hecho presencia en el departamento?

Para responder estas cuestiones se recurre a un enfoque neoinstitucionalista contextualizado o sociológico (Nohlen, 1994; Thelen & Steinmmo, 1992; Schultze, 1998; Monsalve & Sottoli, 1998). Se considera que las reglas de juego electorales y de otro tipo, como la descentralización y el sistema de representación, inciden en la forma como se configura la realidad política, pero lo hacen en conjunción con otros factores o condiciones de orden sociopolítico. En el caso del primer interrogante, se utilizan tres conceptos organizadores de la descripción: los sistemas de partidos, el faccionalismo y las estructuras de los partidos políticos. La segunda pregunta se responde a partir del concepto de clan político y las condiciones sociopolíticas en que predominan. La tercera pregunta se aborda a partir del clientelismo, el patrimonialismo y las coordinaciones estratégicas, cuya combinación le permitió al clan político mantenerse vigente en las posiciones de poder durante más de cuatro décadas. La cuarta cuestión se deriva de la anterior, la coordinación estratégica del clan García Romero incluyó a la organización criminal paramilitar, con la que se asoció entre 1998 y 2006. Estos cuatro conceptos son definidos en términos operacionales y constituyen el prisma a través del cual analizamos la estructura de poder local.3

Se trata de un estudio de caso en el que se propone verificar cómo, en ciertos contextos sociales, quienes son poderosos económicamente y cuentan con influencia social tienen ventajas para acceder a las posiciones de mando, lo que limita la competencia electoral. En estos casos se mantiene y se reproduce parcialmente la predeterminación social del poder político. Como lo expresó Alain Touraine para América Latina, aunque se había producido una apertura creciente que había hecho posible el acceso a la política de nuevos sectores sociales y de grupos emergentes, persistió en muchas partes la predeterminación social y económica del poder y las oligarquías locales se mantuvieron (Touraine, 1989). Las élites locales utilizan sus conexiones con los centros de poder político nacional, su patrimonio económico, su influencia social y una trama de lazos familiares con otras familias de la élite para posicionarse en el poder, mantenerse en él y transmitirlo de forma intergeneracional (Camp, 1982; Dal Bo, 2009; Mendoza, 2020; Yasushi, 2015). Estos grupos sociales se apoyan en mecanismos tradicionales de influencia y en su capacidad de hacer valer su prestigio ante las jefaturas nacionales de los partidos, que los ven como elementos imprescindibles a la hora de fortalecer sus organizaciones en el ámbito local. Los clanes políticos son propios de sociedades locales en las que predomina una estructura hacendataria de concentración de la propiedad de la tierra, sociedades locales en las que, a su vez, las familias poderosas se relacionan entre sí y agregan riqueza: los notables y poderosos gozan del privilegio del origen familiar como mecanismo de acceso al poder político (De Queiroz, 2017; Contreras, 2002).

Este es un estudio de caso representativo en el que se contrasta un enfoque teórico, es decir, se analiza hasta dónde el caso estudiado permite verificar los enunciados teóricos. Se va más allá del caso en el sentido de que en otros en los que se den las mismas características se presentará el mismo fenómeno. Se toma una unidad de análisis y se reconstruye de forma densa sus características y atributos y los factores asociados a su existencia —en este caso, el clan García Romero—. Se estudia el cómo —análisis narrativo de su surgimiento, acceso y reproducción en el poder, de mecanismos de acción política— y el por qué —las condiciones que lo hacen posible— (Yin, 1994). Desde el neoinstitucionalismo, que combina las instituciones —reglas de juego—, las condiciones sociopolíticas —tipos de partidos, faccionalismo, destrezas para el juego político por parte de algunos líderes locales—, las condiciones socioeconómicas —la segmentación social, la pobreza y la alta concentración de la riqueza—, se analiza el por qué existen clanes políticos en Sucre, enfocando uno de ellos, lo que permite extender sus características a otros clanes en este y en otros departamentos.

Los García Romero en el mapa del poder político en Sucre, 1966-2020

En Sucre hubo, desde sus comienzos como departamento en 1966, dos tipos de políticos. Quienes construyeron sus carreras a través de su capacidad para conseguir y movilizar electores a través de sus propias organizaciones faccionales, su labor comunitaria, combinadas con la distribución de incentivos selectivos y la intermediación entre ellos y el Estado. Y quienes han pertenecido a familias poderosas que, además de su posición económica y social, han sido hábiles para hacer política, para movilizar electores, posicionarse y mantenerse vigentes durante décadas, también distribuyendo incentivos selectivos a sus electores. Esta combinación se ha mantenido durante más de medio siglo bajo distintos sistemas de partidos: durante el bipartidismo de coalición del Frente Nacional —para el departamento, desde 1966 hasta las elecciones para el cuatrienio de 1970—; durante la prolongación del bipartidismo competitivo, con el Partido Liberal como partido dominante —desde las elecciones de 1974 hasta las de 2002—; y, finalmente, durante el multipartidismo de alta fragmentación —hasta la actualidad—.

Durante el bipartidismo de coalición se realizaron las primeras elecciones: en 1968, Cámara, por última vez con periodos de dos años; en 1970, Senado y Cámara; y entre 1968 y 1974, concejos y Asamblea Departamental. En pleno Frente Nacional, las principales posiciones en el Congreso se distribuían por igual entre liberales y conservadores. En los comienzos, algunas curules fueron ocupadas por políticos que no tenían vínculos con el poder económico; por ejemplo, Apolinar Díaz Callejas (1921-2010), político liberal, primer gobernador del departamento (1967-1968), designado por Carlos Lleras Restrepo, y elegido senador (1970-1974); o Carlos Martínez Simahán, político conservador, elegido diputado (1968-1970) y designado gobernador (1970-1972) en el último gobierno del Frente Nacional, por Misael Pastrana Borrero.

Además de este tipo de políticos, y de otros que fueron efímeros, en Sucre han estado en el poder políticos pertenecientes a clanes políticos. Como en otros países, los clanes políticos presentan algunas características centrales, como una forma de agrupación familiar afincada en el poder y que combina riqueza, influencia social, nexos con el poder político nacional: a) sus integrantes tienen lazos de parentesco en primer y segundo grado; b) conforman una unidad con cierto grado de cohesión y lealtad; c) sus integrantes ocupan posiciones de poder político, son quienes toman las decisiones de forma directa o indirecta y controlan los recursos económicos y las finanzas públicas; d) estructuran redes clientelares y de apoyo que les sirven de base para su reproducción en los cargos de elección popular; e) sus integrantes se dedican profesionalmente a la política y sus fundadores actúan como patriarcas que cimentan el poder; f) hay un traspaso generacional del poder a través del posicionamiento social y económico y del manejo de las maquinarias electorales (Monsalvo, 1989; Collins, 2004; Dal Bo & Snyder, 2009; Chhibber, 2011; De Dios, 2012).

El primer clan en posicionarse fue el de los Guerra Tulena.4 José Guerra Tulena [JGT] fue el primer integrante del clan en ser congresista, elegido para la Cámara en 1968; creó su propia facción, el Movimiento Social Liberal. Había contribuido a crear el departamento cuando fue suplente en la Cámara por Bolívar (1966-1968) y entró a ser parte de la cúpula política; desde 1970 ingresó al Senado. De esta facción hacía parte Gustavo Dájer Chadid, quien se iniciaba en la política y fue designado gobernador en 1974, al final del régimen de coalición.

El panorama de la estructura de poder local incluía también al clan de los García Romero. Sus comienzos se remontan al doble matrimonio de Juan José y Gabriel García Taboada —dos hermanos oriundos de Ovejas, Sucre— con las hermanas Maddy Esther y Betty Romero, de El Carmen de Bolívar, cuando Bolívar y Sucre integraban un solo departamento. Cada matrimonio tuvo ocho hijos. Juan José García Taboada fue elegido diputado en dos periodos, 1970-1972 y 1972-1974, y dos de sus hijos se dedicarían a la política y harían larga carrera: Juan José y Álvaro, el primero en Bolívar y el segundo en el nuevo departamento de Sucre, en donde se inició como concejal de Sincelejo —ya había sido alcalde, nombrado en el municipio de Ovejas, de donde es oriunda su familia—. Concejales, diputados y alcaldes hacían parte de algunas de las redes de los congresistas independientes o de los clanes (Semana, enero 11 de 2013).

En el segundo periodo, entre 1974 y 2002, el Partido Liberal siempre fue mayoritario y en su interior la competencia se concentraba entre los clanes Guerra Tulena y García Romero. Los políticos no integrados a los clanes perdían después de un tiempo sus curules, desplazados por estos.

Los clanes se adaptaron a los cambios institucionales y mantuvieron su poder adaptándose a la elección popular de alcaldes desde 1988 y de gobernadores desde 1991 y a los demás cambios establecidos por la nueva Constitución; entre estos, la circunscripción única para Senado; las nuevas inhabilidades y limitaciones para los congresistas, concejales y diputados; la prohibición del nepotismo; la desaparición de los auxilios parlamentarios y la prohibición de la acumulación de mandatos. Las nuevas reglas del mercado electoral hicieron más difícil y costosa la competencia y esto favoreció a los clanes que manejaban más recursos, propios y del Estado. Los políticos menos poderosos fueron sacados del juego: Apolinar Díaz Callejas perdió su curul en el Congreso en 1978 y Carlos Martínez Simahán logró mantenerse como único congresista del Partido Conservador hasta las elecciones para el cuatrienio de 1994-1998, con un paréntesis como ministro de Minas y Energía entre 1982 y 1984. En 1998 perdió su curul.

El clan de los Guerra Tulena se consolidó. JGT fue reelegido cinco veces en el Senado (1974, 1978, 1982, 1986 y 1990-1991) y ocupó también la gobernación (1980-1981). Se jubiló y sus descendientes hicieron el relevo. Los integrantes de esta familia ocuparon distintos cargos de elección popular; fueron concejales, diputados, congresistas, gobernadores.5 Dos de sus hijos avanzaron en sus carreras políticas: José E. Guerra de la Espriella fue diputado (1984-1986) y senador (1991-1994, 1994-1998)6 y Antonio Guerra de la Espriella fue elegido al Senado (1998-2002). El hermano de JGT, Julio César Guerra Tulena, se inició en la política como suplente en la Cámara (1974-1978) y luego como su suplente en el Senado (1978-1982), después fue titular de la curul en la Cámara (1982-1986, 1986-1990) y estuvo cuatro periodos en el Senado (1990-2002). En la lógica de desagregación faccional por la competencia interna que era frecuente en los dos partidos dominantes, Gustavo Dájer Chadid conformó en 1975 el Movimiento Renovador de Acción Liberal (Moral), por el que fue elegido senador entre 1978 y 1994.

El clan de los García Romero se fortaleció. Gabriel García Romero fue elegido diputado (1974-1976) y Álvaro García Romero [AGR] fue elegido diputado en 1976 y reelegido en 1978, año en que ingresó al Congreso como representante a la Cámara y fue reelegido en tres ocasiones (1982-1986, 1986-1990, 1990-1991). En la coyuntura de las elecciones de 1990 creó su propio movimiento, Nueva Fuerza Liberal, por el que se postuló al Senado y su madre fue candidata a la Cámara: ella fue elegida, pero él no. Después de la revocatoria del Congreso por la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, AGR superó su mal cálculo electoral, replanteó su estrategia y ganó de nuevo una curul en la Cámara para el periodo de 1991-1994, regresó al Senado en 1994 y fue reelegido para el periodo de 1998-2002. AGR obtuvo la mayor votación del departamento; en lo sucesivo, con su apoyo electoral y financiero, fueron elegidos representantes a la Cámara, concejales, diputados y la mayoría de los gobernadores del departamento.

Luego, con el triunfo de Álvaro Uribe Vélez en 2002, se aceleró el proceso de descomposición estructural de los partidos Liberal y Conservador. Muchos congresistas de estos partidos lo apoyaron y optaron por crear nuevos partidos o se sumaron a otros ya creados. El bipartidismo con partidos divididos transitó hacia un sistema multipartidista fragmentado y en esto incidió la dinámica interna de los dos partidos históricos, la competencia intrapartidista y la reforma política de 2003 (acto legislativo 1 de 2003), que prohibió la doble militancia, instituyó el umbral electoral que obligaba a las minorías a reagruparse, y permitió temporalmente que los congresistas crearan nuevos partidos reagrupándose. En las dos últimas décadas se reprodujo en el departamento el dominio de las estructuras clanísticas políticas: dos que ya venían de décadas anteriores, los Guerra Tulena y los García Romero, y tres clanes nuevos, aún en ciernes, los Merlano, los Benito Rebollo y los Acuña Jarava. Sus integrantes se incorporaron a distintos partidos, algunos de ellos efímeros y otros con nexos con grupos paramilitares.

Como se observa en el gráfico 1, el clan de los Guerra Tulena siguió ocupando posiciones de poder en las dos décadas siguientes y el clan de los García Romero se mantuvo hasta el año 2018. AGR fue reelegido senador en 2002 —elecciones en las que apoyó al candidato disidente y ganador de la presidencia, Álvaro Uribe Vélez— y de nuevo en 2006 —cuando apoyó la reelección de Uribe Vélez—. Fue su último periodo de congresista, pues, como se verá, fue detenido en 2007 y condenado en 2010 por delitos asociados con sus nexos con el paramilitarismo. Estando en la cárcel respaldó con sus redes e influencia la elección de su hermana Teresita García Romero al Senado (2010-2014 y 2014-2018). En 2018 esta perdió su curul por haber sido elegida mediante un fraude electoral;7 entonces su hija Juliana Escalante García aspiró al Senado, sin éxito. A diferencia de las elecciones anteriores, su alta votación —51.577 votos— no fue suficiente para ganar la curul. En estas elecciones se presentó con el aval de Cambio Radical, pero este partido concedió varios avales y se fragmentó el electorado entre cuatro candidatos, todos con lazos familiares de políticos locales. Después de once periodos consecutivos en el Congreso, el clan se quedó sin curul, mientras van perfilándose un nuevo clan y nuevas dinámicas políticas en el departamento y en el país. Más que competencia entre partidos, la competencia ha sido predominantemente entre familias políticas.8

En 2019 se debilitó aún más este clan político. En las elecciones regionales, AGR impulsó la candidatura de su hermana Teresita García Romero a la gobernación, pero esta no obtuvo el respaldo de Cambio Radical, lo que hizo que buscara una alianza y apoyara a su anterior opositor y contradictor Yahir Acuña. Este perdió, pero se mantuvo en la política, pues su esposa fue elegida representante a la Cámara para el periodo de 2018-2022. Un nuevo clan en ciernes, junto con las familias Benito Rebollo, Merlano y Fernández Castañeda (El Heraldo, mayo 21 de 2012; Cadrazo Martelo, 2019; Vanguardia, octubre 17 de 2012; Semana, mayo 25 de 2012).

El ciclo electoral de 2018-2022 ha representado para el clan García Romero la pérdida de su poder en el Congreso y de su influencia en la gobernación, en varias alcaldías y concejos municipales y en la Asamblea Departamental. La familia se mantuvo en el poder por casi medio siglo: el patriarca, Juan José García Taboada, diputado en 1970-1972 en Asamblea Departamental; su hijo Gabriel García Romero, diputado en 1974-1976; su otro hijo Álvaro García Romero [AGR], alcalde, concejal, diputado, representante a la Cámara, senador entre 1974 y 2007; la esposa del patriarca, Maddy Romero, representante a la Cámara en 1990-1991; su otra hija, Teresita García Romero, senadora entre 2010 y 2018. La aspirante que no fue electa al Senado en 2018 es la nieta del patriarca e hija de Teresita García Romero, Juliana Escalante García.

En 2022 el clan no presentó candidato al Congreso. Álvaro García Romero sigue en la cárcel. Sus familiares están —¿por ahora?— apartados —no retirados— de la política. Al menos en lo más visible de esta: las elecciones.

Tabla 1

Participación electoral del clan político García Romero

Nombre	Año	Corporación	Votación	Elegido	Partido
Juan José García Taboada (padre de AGR) Gabriel García Romero	1970	Asamblea	ND	Elegido	Liberal
	1972 1974	Asamblea Asamblea	3.287 ND	Elegido Elegido	Liberal Liberal
Álvaro García Romero (AGR)	1974	Alcaldía	Nombrado	Nombrado	Liberal
	1974	Concejal	ND	Elegido	Liberal
	1976	Asamblea	4.814	Elegido	Liberal
	1978	Cámara	17.598	Elegido	Liberal
	1982	Cámara	18.434	Elegido	Liberal
	1986	Cámara	34.207	Elegido	Liberal
	1990	Senado	47.681	No elegido	Liberal
	1991	Cámara	29.740	Elegido	Liberal
	1994	Senado	40.265	Elegido	Nacional Progresista
	1998	Senado	45.475	Elegido	Nacional Progresista
	2002	Senado	70.662	Elegido	Colombia Democrática
	2006/2010	Senado	55.573	Elegido	Colombia Democrática
Mady Romero (madre de AGR)	1990	Cámara	46.693	Elegida	Liberal
Teresita García Romero (hermana de AGR)	2010 2014	Senado Senado	53.573 38.797	Elegida Elegida*	Partido de Integración Nacional (PIN) Opción Ciudadana
Juliana Escalante García (sobrina de AGR)	2018	Senado	51.577	No elegida	Cambio Radical
* Perdió la curul al finalizar el periodo porque se demostró que hubo fraude en contra del partido MIRA, que recuperó de forma tardía tres curules en el Senado, una de ellas la de esta senadora.

Fuente: elaboración del autor con base en estadísticas electorales del Archivo Nacional de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Bogotá.

En suma, en más de medio siglo de existencia del departamento de Sucre, las posiciones de poder político han estado en gran parte en manos de clanes políticos y algunos de estos mantienen su vigencia. El clan fundado por AGR, vigente durante más de cuatro décadas, llegó a ser el más poderoso. Integrantes de los clanes Guerra de la Espriella, Merlano y Benito Rebollo aún ocupan posiciones de poder importantes.

En el siguiente esquema se sintetiza la presencia de partidos, facciones y clanes en el departamento en los tres subperiodos descritos.

Figura 1. Partidos, facciones y clanes políticos en Sucre, 1966-2020

¿Por qué hay clanes políticos en Sucre?

¿Por qué surgieron y se posicionaron en Sucre clanes políticos que han dominado la política local durante más de cinco décadas?

Hay varios factores por los que algunas familias han concentrado durante muchas décadas el poder político local: la predeterminación social del poder político; el contexto social con pobreza extendida, en contraste con la alta concentración de la riqueza; la precariedad estatal en la provisión de bienes y servicios —incluida la precariedad de sus aparatos de coacción, que permitieron la presencia de organizaciones criminales en el departamento, como grupos guerrilleros y paramilitares—; la presencia de partidos políticos que sirven de vehículo de las élites; y las instituciones electorales, que favorecen los intereses de las élites locales en su posicionamiento.

En cuanto a lo primero, la predeterminación social del poder político, históricamente Colombia ha sido un país fragmentado y de forma temprana se crearon fuertes élites regionales divididas (Palacios, 1980; Safford & Palacios, 2002). En la dinámica de fragmentación y de presencia de poderes regionales, el antiguo departamento de Bolívar —Bolívar Grande— abarcó la extensión territorial de lo que hoy son los departamentos de Bolívar, Atlántico, Córdoba y Sucre, creados los últimos tres en 1905, 1952 y 1966. Por su ubicación costera, su conexión con el centro del país a través del rio Magdalena y las condiciones geográficas, esta región fue exportadora de tabaco y después se convirtió en una región de haciendas con ganadería extensiva. A su vez, desde finales del siglo XIX recibió diversas olas de migrantes europeos y de Asia menor. La estructura económica de Sucre se construyó sobre la base de grandes propietarios de haciendas, comerciantes y ganaderos, y el poder político estuvo en gran medida predeterminado socialmente, concentrado en manos de quienes tenían poder económico.

En la primera mitad del siglo xx se empezaron a conformar redes surgidas de las alianzas entre familias, con prácticas de compadrazgo y nepotismo. Los partidos políticos eran algo más que clubes, partidos de notables locales. Eran sociedades con limitaciones del voto, los partidos los manejaban las élites locales, con la exclusión social y económica de gran parte de la población. Debido a la gran precariedad estatal y administrativa, en el nivel local municipal y departamental los cargos públicos eran pocos y los monopolizaban los grupos familiares: padres, hermanos, cuñados, primos o compadres, tíos y allegados de los políticos (Solano et al., 2010).

En Cartagena, la capital del Gran Bolívar, se consolidó una élite económica y política, lo mismo ocurrió en los demás territorios y, en tanto cobraron fuerza, las otras élites impulsaron la autonomía y la creación de los nuevos departamentos, ya que veían una concentración de recursos en la capital y un bloqueo de sus aspiraciones políticas. Muchas eran élites locales con poder económico, pero con límites en el acceso al poder político (Solano, Flórez y Malkún, 2010). La creación del departamento de Sucre les dio a las familias ricas la oportunidad de ingresar a la política por medio de la burocracia del Estado y de las curules en el Congreso, antes estaban limitadas a curules de suplencia en el Congreso o en la Asamblea Departamental o en concejos municipales (Ocampo, 2015). Desde los comienzos del departamento, se volvió dominante el Partido Liberal, con la presencia de las familias Guerra Tulena y García Romero; otras familias, como los Támara, los Vergara, los Vargas, los Feris, ocuparon esporádicamente cargos de elección popular. Algunos de estos eran integrantes o descendientes de familias sirio-libaneses que castellanizaron sus nombres o apellidos, unos se pusieron el nombre del padre y otros los invirtieron, por ello algunas familias de origen árabe aparecen con apellidos castizos: los Guerra, originalmente Harb; Fernández, Farah; Cristo, Salibe.9 Muchos de estos inmigrantes se volvieron familias prósperas económicamente y después se vincularon a la política (Fawcett & Posada, 1992).10

El clan García Romero ha sido muy poderoso económicamente. Los hermanos Juan José y Gabriel García Taboada consolidaron dos grandes empresas, Tabacos Bolívar y Comisagro. Exportaban tabaco, ganado y maíz, y tenían sede en El Carmen de Bolívar. Las haciendas de esta familia sumaban más de cinco mil hectáreas de tierras fértiles entre los departamentos de Sucre y Bolívar, lo que les aseguraba cierta estabilidad política en el norte de la región (Madero, 2010; Ocampo, 2015). El clan García Romero se erigió en la política sobre los pilares de su poder económico. Juan José García Taboada fue diputado durante dos periodos del entonces recién creado departamento de Sucre (1970-1972 y 1972-1974), después serían sus hijos quienes se convertirían en poderosos caciques políticos, Juan José García Romero en Bolívar —en donde su hermano Gabriel sería alcalde de Cartagena— y Álvaro en Sucre; este reconoció que su familia era rica y que sus recursos sirvieron para financiar su carrera política (Semana, septiembre 11 de 2008). Posteriormente, ambos poderes se reforzaron entre sí, los recursos económicos sirvieron para incursionar y posicionarse en la política y esta les permitió acrecentar su riqueza. En la década de 1990, su familia se convirtió en socia de la Promotora El Campin, que contrata obras de infraestructura con departamentos y municipios.11

Respecto al segundo factor, las élites locales prosperaron en una sociedad muy segmentada, atrasada, pobre y agraria. El departamento de Sucre se ha caracterizado por tener una estructura económica en la que la ganadería y la agricultura hacendatarias han tenido un gran peso, a la par con un precario desarrollo industrial y de los servicios modernos y un amplio sector informal, superior al 60 %. A comienzos de la década de 1980 la mayor parte de la población vivía en zonas rurales y solo desde 1985 se invirtió la proporción y empezó a ser mayor la población en pequeñas cabeceras urbanas, aun recientemente la población rural seguía siendo la tercera parte (Aguilera, 2007). En 1973 la población con necesidades básicas insatisfechas (NBI) era del 79,2 % en las cabeceras y del 97,9 % en las áreas rurales; en 1985 los datos fueron de 57,4 % y 92,7 %; en 2005 era del 54,9 % (Ministerio de Agricultura, DNP y PNUD, 1989). Aun con los avances en coberturas de servicios públicos y de vivienda, el NBI en el reciente censo seguía siendo de los más altos del país: 30,9 % en las caberas y 48,7 % en zonas rurales. La pobreza ha sido siempre superior al promedio nacional, suele ocupar los primeros puestos: en 1996 fue del 52,8 %; en 2002, del 69,2 %; en el 2003, del 63,8 %; en el 2010, del 63,7 %; y en 2017, del 41,6 %. Aunque ha disminuido, cerca de la mitad de sus habitantes sigue debajo de la línea de pobreza y esto es más acentuado en las zonas rurales. Asimismo, la desigualdad en los ingresos ha sido muy pronunciada (DANE, 2017).

El posicionamiento político de los pequeños círculos de familias poderosas se dio en un contexto de pobreza extendida y de atraso económico, pero también han incidido otros factores. El tercero de estos factores es el tipo de partidos políticos. Los partidos políticos han sido un vehículo propicio para el acceso y mantenimiento en el poder. Una de las características de los partidos políticos colombianos —hasta la década de 1990, básicamente los partidos Liberal y Conservador— era su débil cohesión, la fragilidad de sus estructuras organizativas nacionales y regionales y el débil control sobre sus dirigentes: organizaciones de puertas abiertas a todo el que quiera entrar o salir de ellas y sin procesos de formación de liderazgos ni de postulación de candidaturas que obedecieran a criterios institucionalizados. Los partidos avalaban a todo el que quisiera ser candidato y permitían que crearan sus propios movimientos, se autocandidatizaran, se financiaran y asociaran como quisieran con otros políticos y partidos. Todo se permite, no hay control y la dirigencia nacional lo permite porque le interesa básicamente contar con políticos regionales fuertes que le aporten votos y curules al partido y pasa a un segundo lugar el fortalecimiento y la cohesión de los partidos.12

Todo lo anterior se conjuga con un cuarto factor: las reglas electorales. En Colombia, las reglas han sido permisivas y laxas y han incentivado la fragmentación y el faccionalismo interno en la mayoría de los partidos y la autonomía de los políticos locales. Específicamente, las listas múltiples hasta comienzos de la década del 2000 incentivaban el faccionalismo y la conformación de micropartidos encabezados por los políticos locales, cada uno por su parte, y esto siguió siendo así con la combinación de las listas únicas, pero con voto preferente. Asimismo, la representación proporcional brinda mayores posibilidades a partidos y movimientos para que políticos se animen a conformar sus propios nichos electorales, a diferencia de los sistemas de mayorías en los que solo hay un ganador y hay un juego de suma cero. Igual ocurre con la financian mixta de las campañas, que deja un gran espacio para que las familias ricas puedan desnivelar la competencia invirtiendo en campañas pródigas en incentivos materiales. Bajo estas reglas, si hay familias poderosas que pueden invertir en la política, articular redes de clientelismo, distribuir bienes entre la población y los electores e intermediar ante la institucionalidad estatal, encuentran un camino para conjugar su poder económico y su influencia social con el poder político. Una vez que acceden al poder, se anclan en él y tiende a darse una sucesión generacional, casi que se constituye como un derecho de ciertas familias el manejo del poder político.

Bajo estas condiciones, las familias con poder económico contaban también con incentivos materiales para involucrarse en la política. Desde la reforma de 1968, los congresistas comenzaron a recibir remuneración salarial en reemplazo del sistema del pago anual por sesiones que estaba vigente; desde 1970 se amplió el periodo de los representantes a la Cámara de dos a cuatro años; había reelección sin límites; se podía acumular mandatos —ser congresista y, de forma paralela, diputado o concejal y podían aceptar ser gobernadores o alcaldes o ministros y luego regresar a la curul—; existían suplentes, lo que permitía ceder turnos a sus socios políticos y hacer arreglos monetarios e intercambiar favores personales; no había inhabilidades ni estaba prohibido el nepotismo, que era muy extendido. Ser congresista, diputado y hasta concejal permitía también incidir en nombramientos de funcionarios públicos —la mayoría no cobijados por la estabilidad de la carrera administrativa— e intermediar en la contratación pública y canalizar recursos del Estado a través de los llamados auxilios parlamentarios (Díaz, 1986; Hartlyn, 1993). El Estado era el gran proveedor, el gran botín.

En síntesis, hay clanes políticos en este y en otros departamentos porque se conjugan ciertas condiciones que favorecen esta estructura local de poder: la predeterminación social del poder político que permite concentrar poder económico, influencia social y política; el contexto social con pobreza extendida y una alta concentración de la riqueza; la precariedad estatal en la provisión de bienes y servicios, que hace que la población recurra a los políticos en su rol de intermediación —como se verá, la presencia paramilitar y las relaciones entre estos grupos criminales, la clase política y los funcionarios públicos fueron posible también por esta debilidad estatal y su cooptación parcial—; la presencia de partidos políticos que sirven de vehículo de las élites, divididos, en los que imperan los poderes regionales; y las instituciones electorales, que favorecen los intereses de las élites locales en su posicionamiento.

Los clanes políticos prosperaron y se adaptaron a los cambios. Cada clan creó su propio movimiento: los Guerra Tulena, el Movimiento Social Liberal y el Movimiento Seriedad por Colombia, y el clan García Romero, el Movimiento Nueva Fuerza Liberal y después el Movimiento Nacional Progresista. Con las nuevas normas de la Constitución de 1991, siguieron manejando la gobernación y las alcaldías mediante sus apoyos a los candidatos; supieron mantener sus curules en el Senado mediante feudos electorales y alianzas estratégicas y siguieron distribuyendo incentivos selectivos con recursos del Estado, a la vez que apoyaban concejales y diputados. Después de 2003 —año en que se prohibió la doble militancia, se establecieron las listas únicas, se instituyó el umbral, entre otras normas—, de nuevo se adaptaron y se incorporaron a los nuevos partidos y mantuvieron sus posiciones —en el caso del clan García Romero, AGR lo hizo con Colombia Democrática; Teresita García Romero, con el Partido de Integración Nacional (PIN) y Opción Ciudadana; y Juliana Escalante García, con Cambio Radical—.

A diferencia de otras familias con poder económico e influencia social que no se posicionaron como poderes locales, estos clanes adoptaron estrategias adaptativas, pusieron la red de parentesco ampliada y de allegados y sus recursos económicos en función de la construcción de su capital electoral, la estructuración de maquinarias políticas eficientes, la movilización de su riqueza para distribuir incentivos, el acceso a recursos estatales con estos mismos fines y, en muchos casos, el uso de la violencia y la coacción. Esto resulta fundamental. No es suficiente que una familia cuente con gran poder económico bajo ciertas condiciones que favorecen su posicionamiento. Aquí emerge la importancia del liderazgo, de las habilidades de los políticos para armar entramados, para negociar, para mover recursos, para relacionarse, para manejar situaciones de competencia y de coordinación, según sea el momento y la coyuntura.

Después de los clanes más poderosos, como los Guerra Tulena y los García Romero, otros clanes más recientes han ejercido el poder político de modo más limitado. Este es el caso del clan de los Benito Rebollo, integrante del Partido Conservador, que fundó su poder y el manejo hegemónico del municipio de San Onofre desde comienzos de la década del 2000 y en asocio con grupos criminales. También el clan de los Merlano y Acuña Jarava han accedido y se han mantenido en el poder político a través de la apropiación y utilización de los recursos públicos para reproducir sus electorados, mientras distribuyen incentivos selectivos.13

En suma, en Sucre —como ocurre en gran parte de los departamentos del Caribe de Colombia y aun en otros departamentos, entre ellos Chocó y Santander— la política ha girado en torno a los clanes, se mantiene y se reproduce la predeterminación social del poder político en contextos de pobreza extendida; los partidos políticos han sido utilizados para este dominio; los clanes se han adaptado a los cambios en las reglas electorales; y algunos de ellos se han asociado con organizaciones criminales para mantenerse en el poder.

El Estado es nuestro. Concepción patrimonialista del poder político

Un rasgo característico de los clanes que reprodujo el clan García Romero en Sucre fue la concepción patrimonialista de lo público y del poder político. El patrimonialismo se refiere a una forma de entender la política según la cual los bienes y recursos públicos son de la propiedad privada o se puede disponer de ellos como si lo fueran. De acuerdo con Max Weber (1982 [1916]), los puestos públicos no son asignados por capacidad y competencia, sino por lealtad y simpatía; no hay una formación estricta y regulada de los funcionarios, sino una nominación que obedece a la conveniencia de quien posee la autoridad; la actividad de dichos funcionarios con frecuencia se extiende más allá de lo que les está expresamente señalado; se obedece más a la disposición individual del gobernante que a leyes instituidas y a las normas que regulan a las instituciones; y, en efecto, se manejan los recursos públicos como si fueran privados y se apropian de ellos. En este caso —cuyas características pueden extenderse a todos los contextos en donde existen clanes políticos—, las familias en el poder usan los recursos, los cargos —que distribuyen entre allegados y familiares— y los bienes públicos como si fueran patrimonio familiar. Esta forma de manejar los asuntos y los recursos públicos deriva con frecuencia en corrupción, en la apropiación indebida e ilegal de los recursos públicos o en la manipulación de los procesos y procedimientos, que dejan de estar regidos por normas y pasan a ser manejados por la voluntad de quien ejerce el poder.

El clan García Romero ha utilizado sus posiciones de poder para manejar los asuntos públicos en beneficio privado y como si fueran de su propiedad. Los integrantes de la familia han ocuparon las principales posiciones de poder político del departamento: el padre de AGR fue diputado; luego este fue alcalde, concejal, diputado y congresista —treinta y seis años en cargos públicos—; su hermano Juan José García Romero hacía lo mismo en Bolívar —dos décadas en el Congreso, luego su esposa Piedad Zuccardi, dieciséis años, y después su hijo Andrés García Zuccardi, desde 2014—; su otra hermana, Teresita García Romero, fue nombrada cónsul general en Fráncfort durante casi una década —1997-2001 y 2003-2007, o sea, a finales del gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998), durante una parte del gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y también en el de Álvaro Uribe Vélez (2000-2010)— y en 2010 fue elegida senadora, de manera que heredó la curul de AGR por ocho años; el otro hermano, Héctor García Romero, empresario y constructor, fue nombrado en 1993 gerente del Inurbe, después prosiguió en los negocios —su esposa Marta Abondano de García también fue nombrada por el presidente Pastrana como viceministra de vivienda (1998-1999)—. Toda la familia, bien posicionada en el Estado por casi medio siglo (El Tiempo, febrero 27 de 1999; Ardila Arrieta, 2017).

Asimismo, los García Romero manejaron el empleo público como un bien privado: en los cargos públicos ubicaron a lugartenientes de su movimiento, a líderes populares que les ayudaron a agregar votos, a familiares de sus allegados y socios políticos; en general, a la clientela de sus redes. Un perfil sobre AGR enfatizaba en dos aspectos de su modo de obrar político. Por una parte, su invisibilidad como congresista, no debatía, no intervenía, no presentaba proyectos, no le gustaba figurar y mucho menos aspirar a cargos de dirección del Congreso que lo ponían en el foco de los medios. También se encargaba de que sus allegados, socios políticos y líderes populares fueran favorecidos con cargos burocráticos a cambio tanto de su aporte a las campañas presidenciales y locales como de su respaldo a los proyectos de los respectivos gobiernos; de esta forma era descrito en un perfil: “es un hombre de pocos amigos, pero de muchos puestos. Sus tentáculos siempre fueron largos y en su baraja burocrática siempre estuvieron y están varios de los cargos más importantes de Sucre: alcaldes de municipios, concejales, directores del Sena, del Instituto de Bienestar Familiar, muchas obras públicas” (Semana, noviembre 17 de 2006).

De igual forma, con recursos del Estado —auxilios, cargos públicos, posiciones en las corporaciones públicas, apoyos en retribución de contratistas del Estado—, AGR operó como un redistribuidor y proveedor de bienes y servicios para sus círculos de allegados y familiares. Algo quedaba para los electores, estos recibían en cada elección y en el interregno entre elecciones ayudas personales, recomendaciones, contratación en las tierras de su familia, tejas, cuadernos escolares, música y ron para las parrandas. Como si la ciudad les perteneciera en parte, un barrio popular, uno de los más pobres y marginales de la ciudad, lleva el nombre de su madre, Mady Esther Romero: barrio Villa Mady. Se construyó en parte en pequeños lotes de la familia de AGR a cambio de respaldo político y votos. Una combinación que da cuenta del contraste entre una familia poderosa y los habitantes pobres de Sincelejo, la capital de uno de los departamentos más pobres del país.

La maquinaria local de producción de votos.

AGR mantuvo su electorado e influencia a través de cuatro eficientes estrategias.

a) El clientelismo. En varios trabajos sobre el clientelismo en Sucre se ha resaltado cómo las condiciones de pobreza, la ruralidad, el alto desempleo e informalidad y la ausencia estatal han creado condiciones propicias para que los políticos locales construyan sus bases de apoyo político. Durante gran parte del periodo analizado los hacendados controlaban los votos de la población rural por medio de relaciones patrón-cliente; luego, el nuevo sistema de clientelismo de intermediarios post-Frente Nacional dependió cada vez menos de los recursos propios y más de la distribución de incentivos selectivos con recursos del Estado (Escobar, 2002).14

AGR aprendió bien el uso y la distribución de estos incentivos. Conocedor de los hábitos de algunos sectores sociales sucreños, respondía a las solicitudes actuando como proveedor e intermediario en la prestación de ciertos servicios, ya fuera para mejorar una zona de un barrio, facilitar el acceso a servicios de salud y de educación, recomendar para un cargo público, distribuir bienes de consumo. También, característico de la idiosincrasia de ciertos sectores sociales, proveía de ron a sus lugartenientes, a los líderes comunales y barriales para sus fiestas y celebraciones. Uno de los testimonios retomados en una crónica señalaba que “los líderes, que en su mayoría eran de la Acción Comunal o de la Junta de las Fiestas Patronales de los 26 municipios de Sucre, no se presentaban a pedirle para pavimentar una calle o para construir un aula de clases. Eran felices cuando se iban cargados con veinte cajas de ron y la orden para la banda de músicos vienteros” (Semana, enero 11 de 2013; Kienyke.com, 2011) Mantenía su cercanía con sus electores actuando como el patrón que provee, da, concede, ayuda: “Las puertas de la casa permanecían abiertas todo el tiempo y todo el que llegaba a pedir una ayuda la conseguía. Eso hacía pensar en la región que las sumas manejadas durante sus campañas eran exorbitantes” (Verdad Abierta, 24 septiembre, 2009). Fue mediador para que líderes y apoyos políticos obtuvieran empleos públicos fijos o temporales y para que la mayoría mantuviera la expectativa creíble de obtenerlo en algún momento. En medio de la informalidad, superior al 60 %, y un alto desempleo, resultaba mejor tener cierta expectativa que la desesperanza. A cambio de todo, el voto propio y algunos más que pudieran conseguir.

b) La compra de votos. Estudios sobre Sucre y otros departamentos del Caribe resaltan que se trata de una práctica habitual en la que el votante optimiza su voto y lo multiplica por cuantas elecciones haya en la fecha, locales o nacionales. Uno de los modos de obrar de AGR era cooptar con dinero e incentivos a líderes populares que antes habían trabajado con el clan de los Guerra o con la facción de Gustavo Dájer o del Partido Conservador y los incorporaba a su red (Escobar, 2000; Ocampo, 2014); de acuerdo con Dávila (1999): “se hizo sentir en la política sucreña por la desmedida utilización de dineros para conformar o acabar coaliciones, cambiar votos en la elección de mesas directivas de las corporaciones públicas, como personeros y contralores, y para compra de líderes con el fin de hacer perder a sus contrincantes políticos”.

c) Alianzas estratégicas en elecciones para Congreso. Mientras que trabajaba desde abajo mediante el clientelismo y la compra de votos, por lo alto conformaba un entramado de alianzas para competir contra los contendores más fuertes, especialmente el clan Guerra y otras facciones liberales, hasta el año 2002, y los nuevos partidos que ganaron espacio en el departamento con antiguos políticos que se reciclaron y realinearon, después de dicho año.

Hasta las elecciones de 1990 sus aliados fueron del grupo de Gustavo Dájer Chadid, desde 1991 estableció otros nexos con líderes y facciones locales. En las elecciones de 1998 AGR fue reelegido al Senado por el Movimiento Nacional Progresista, en alianza con dos candidatos elegidos a la Cámara, Jorge Eliécer Anaya Hernández, de su facción, y Aníbal Monterroza Ricardo, avalado por el liberalismo (El Tiempo, marzo 10 de 1998). En 2002 fue reelegido con la votación más alta de toda su carrera, más de 70.000 votos, y se asoció con Jorge Luis Feris Chadid, del Partido Liberal, y Marta de Pérez, esposa del exsenador Roberto Pérez Santos, de Convergencia Popular Cívica. Tras la reforma política de 2003, que estableció el umbral y permitió por única vez la creación de nuevos partidos por agregación de congresistas cuya votación fuera superior al umbral, en 2006 se incorporó a Colombia Democrática y mantuvo la maquinaria electoral en asocio con los representantes Eric Morris y con el liberal Gabriel Espinoza. Debió enfrentarse a la competencia de los Merlano del Partido Social de Unidad Nacional y el clan Guerra de la Espriella, ahora en Cambio Radical. Fue su última elección, pues sería detenido en 2007 y condenado en el 2010. Su hermana Teresita García Romero heredó las redes de apoyos; desde la cárcel La Picota AGR movió alianzas y apoyos que hicieron posible que ella fuera elegida en 2010 por el Partido de Integración Nacional (PIN), y en 2014 por Opción Ciudadana, ambos partidos con numerosos candidatos familiares de excongresistas condenados por nexos criminales.

d) Alianzas estratégicas con políticos en elecciones locales. Estas coaliciones le funcionaron a AGR mientras mantuvo la curul en el Senado. AGR coadyuvó a la elección de seis gobernadores y esto hacía parte del juego electoral que permitía acceder a cuotas burocráticas, influencia en contratos, direccionamiento de inversiones y movilización electoral.15 Como las elecciones para alcaldes, gobernadores, concejales y diputados se intercalan con las de Congreso, unas y otras se refuerzan mutuamente; para los primeros es fundamental el respaldo del electorado de los congresistas y estos a su vez requieren de la agregación de electores a los que manejan los políticos de segundo orden en zonas, veredas, barrios, municipios. Mientras lograba que se eligiera su candidato o un aliado directo en la gobernación, como ocurrió con la mayoría desde 1990, y algunas de las alcaldías, igual que en concejos y en la Asamblea, se retroalimentaba su electorado y a la vez los políticos locales se beneficiaban por el respaldo. Toda una trama de apoyos cruzados alimentada con recursos propios y del Estado.

Esta maquinaria funcionó muy bien casi medio siglo. Pero el 18 de noviembre de 2007 fue capturado AGR. Las autoridades lo buscaban por orden de la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de desplazamiento, homicidio y peculado. El 23 de febrero de 2010 fue condenado a cuarenta años de prisión, casi los mismos años que llevaba en la política, desde sus comienzos en 1974. También fueron condenados muchos de sus socios políticos, entre ellos tres exgobernadores, tres excongresistas —en total, fueron seis del departamento—, cinco exdiputados, tres exconcejales, tres exalcaldes. Todos por el delito de concierto para delinquir agravado (Verdad Abierta, julio 17 de 2010; El Tiempo, junio 16 de 2008; El Espectador, octubre 25 de 2019).

¿Cómo terminó el gran cacique político de Sucre en la cárcel?

Al igual que en muchos departamentos del país —entre ellos, todos los del Caribe—, en Sucre se instalaron y expandieron los grupos paramilitares desde la segunda mitad de la década de 1990. La gran mayoría de los bloques fueron contrainsurgentes, se involucraron en actividades del narcotráfico y fueron expropiadores de tierras de pequeños y medianos propietarios. Para lograr sus propósitos se asociaron en muchos departamentos con sectores de las élites locales y se tomaron temporalmente las posiciones de poder y los recursos que de ello se derivaron, aunque en algunos departamentos también coaccionaron y ejercieron violencia contra otros sectores políticos.

Diversos análisis han considerado que en Sucre el paramilitarismo fue un proyecto armado por los políticos, al menos gran parte de esta élite regional y política ayudó en la conformación de dichos grupos criminales (Verdad Abierta, 2009). Se habría dado una cooptación inversa a la de otros departamentos. Los políticos que se consolidaron desde la década de 1980 fueron quienes conformaron grupos paramilitares y los utilizaron para eliminar al que consideran un enemigo común, las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional y el frente 35 de las Farc, y también para mantener sus posiciones de poder. A diferencia de otros departamentos en los que el paramilitarismo financió a muchos políticos y a sus campañas, en Sucre fueron los hacendados, comerciantes y políticos quienes los trajeron, apoyaron y utilizaron. En todo caso, fue un pacto de mutuo beneficio (Merlano, 2020).

Aunque habían aparecido ciertas acciones de grupos de autodefensas en la década de 1980, la reacción armada en contra de las guerrillas y los que eran vistos como sus apoyos de base se iniciaron en la primera mitad de la década de 1990 mediante asesinatos selectivos y acciones de “justicia privada”. Estas acciones se fueron haciendo más frecuentes, mientras en otros departamentos el paramilitarismo se organizaba y estructuraba un proyecto político de alcance nacional: a finales de 1994 se realizó la Primera Conferencia Nacional de las Autodefensas, convocada por Carlos Castaño y las denominadas Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá; desde entonces intentaron constituirse como estructura militar unificada, pero solo en junio de 1997 nacieron las AUC con unidad y un estado mayor (Zuluaga, 1996; Cubides, 1999).

En Sucre, la trayectoria del paramilitarismo y sus nexos con la clase política pasó por varios momentos. El primero fue la reunión en un club privado en Medellín en 1996 entre el hacendado Joaquín García Rodríguez, socio político y amigo de AGR, y otros políticos del departamento. Se reunió con Vicente Castaño y Salvatore Mancuso, máximos jefes de las AUC; fue acompañado por Miguel Nule Amín y el narcotraficante Francisco Javier Piedrahita. Se acordó realizar una reunión en Sucre en la que se convocaría a políticos, militares y paramilitares (El Tiempo, junio 2 de 1999). El segundo momento corresponde a la reunión de 1997 en la finca Las Canarias, de propiedad del exministro liberal Miguel Nule Amín. Se reunieron más de cien personas, entre ellos Salvatore Mancuso y Édwar Cobos Téllez, Joaquín García y ÁGR. Se pactó que cada hacendado haría un aporte según las hectáreas de sus propiedades, también aportarían los comerciantes y habría una cuota extraordinaria para dotación y armas. Se decidió, igualmente, unificar los diferentes grupos de paramilitares que habían operado en el departamento y conformar el Bloque Héroes de los Montes de María. Según los comandantes paramilitares, hacendados, políticos y algunos agentes del Estado les pidieron a las autodefensas que no los abandonaran (Corte Suprema de Justicia, diciembre 19 de 2007 y diciembre 3 de 2009; Tribunal Superior de Medellín, Sala de Justicia y Paz, febrero 4 de 2014).

El tercer momento se da entre 1997 y 1998 en el restaurante Carbón de Palo, de Sincelejo; se produjo otra reunión con la asistencia del ganadero Joaquín García, Salvador Arana Sus, Miguel Navarro y Ángel Daniel Villarreal Barragán, exalcalde y alcalde en ejercicio del municipio de Sucre, del departamento homónimo. Se acordó que el grupo ilegal operaría en la jurisdicción territorial de los municipios sucreños de Guaranda, Majagual y Sucre, entre otros, que conforman las provincias de La Mojana y San Marcos. Según declaró Jairo Castilla Peralta, alias Pitirri, se acordó que el senador AGR y el gobernador Salvador Arana Sus gestionarían la consecución de sesenta millones de pesos para dar armas y apoyo al grupo (Corte Suprema de Justicia, febrero 23 de 2010).

El jefe paramilitar que aglutinó en la región de La mojana a los grupos desde la década de 1990 fue Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, un exinformante de la Armada, quien trabajó también como escolta de un ganadero que había financiado los primeros grupos de autodefensa y justicia privada de Sucre bajo la fachada de las Convivir, las cooperativas de seguridad privada impulsadas desde el Estado. Había varios grupos por subregiones, cada uno de ellos con su propio jefe y todos vinculados a Carlos Castaño. Eran organizaciones depredadoras, de hombres armados que cometían masacres y asesinatos individuales y que desplazaron a miles de habitantes (Verdad Abierta, junio 11 de 2010).

En la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre AGR, este fue declarado culpable de los tres delitos. Sobre el primero, concierto para delinquir agravado, señala que “tenía cabal comprensión de su misión, como gestor de grupos paramilitares su actividad se materializó mediante actos de apoyo y financiación de dichas estructuras” (Corte Suprema de Justicia, febrero 23 de 2010, p. 39).

Respecto a los cargos por homicidio, fue considerado responsable de la masacre de Macayepo, del 14 de octubre del 2000: ochenta hombres armados con garrotes, machetes y piedras asesinaron a quince personas y hubo al menos doscientos cuarenta y seis desplazados por el Bloque Héroes de los Montes de María. También fue condenado por el asesinato de Georgina Narváez, una profesora que denunció haber presenciado un fraude electoral en 1997 cuando ganó el candidato de AGR, Éric Morris Taboada. Se habrían puesto de acuerdo AGR, Joaquín García y el gobernador de entonces, Salvador Arana.

El delito de peculado consistió en que para financiar al grupo paramilitar se acordó la firma de un contrato entre el municipio de Sucre, Sucre, y un ingeniero para preparar un terraplén; la obra nunca se hizo, pero sí se pagó y el dinero lo recibió alias Pitirri para dotar de armas al grupo paramilitar. También se verificó que el gobernador Salvador Arana concedió contratos y dineros al municipio para que pudiera hacer los pagos (Corte Suprema de Justicia, febrero 23 de 2010, p. 39).

Aunque en Colombia el sistema de justicia es muy deficiente, en los casos de la parapolítica demostró mayor capacidad y eficiencia y decenas de políticos fueron condenados por sus nexos criminales. La academia, algunos medios de comunicación y las denuncias de algunos congresistas contribuyeron a que así ocurriera.

Conclusión

Distintos estudios sobre la historia de América Latina han supuesto que al menos desde la década de 1980 la vinculación entre poder económico y poder político dejó de ser directa e inmediata. Se ha considerado que se habría dado un gran avance en los procesos de democratización y en la política se impuso un juego político cada vez más amplio; el acceso al poder político dejó de depender exclusivamente de factores económicos o el prestigio y la influencia social (Touraine, 1989; Pachano, 1991).

En términos generales, estas consideraciones pueden ser válidas en tanto que indican una cierta tendencia de cambio político en el subcontinente. No obstante, en la medida en que los análisis pasan del nivel macro y nacional a los estudios regionales y micro, se observa una diversidad de situaciones y algunas no corresponden con esta supuesta tendencia general. Es el caso de Colombia. Mientras en algunos departamentos no ocurre la predeterminación social y económica del poder político, en otros se mantiene y se traslapan el poder económico, la influencia social y el poder político. Es el caso del Caribe, donde los clanes políticos han hecho y siguen haciendo presencia en las estructuras locales de poder y son actores centrales de la política. En este trabajo se reconstruye la historia de uno de los clanes, el García Romero, que constituyó el más importante poder político del departamento de Sucre entre 1960 y 2020. Se trata de un estudio de caso que describe fenómenos recurrentes en muchos otros territorios.

El clan García Romero ha hecho presencia en la política de Sucre casi desde su creación como departamento en 1966 y se ha mantenido por casi medio siglo. Sus atributos, sus mecanismos de reproducción, sus estrategias, la concepción patrimonial sobre lo público y, en su último periodo, sus nexos con las organizaciones criminales paramilitares sirven para hacer un estudio de caso, pero este tiene dos condiciones que lo proyectan más allá de lo local: permite verificar un enfoque sobre el porqué surgen y prosperan los clanes políticos —neoinstitucionalismo de contexto o sociológico basado en la multicausalidad— y constituye un caso representativo de lo que ocurre con otros clanes en Sucre y en los demás departamentos de la región Caribe colombiana (Guajira, Magdalena, Bolívar, Cesar, Atlántico, Córdoba), así como en Chocó, Santander, Caquetá y parcialmente en otros departamentos. Esto también da pie para pensar por qué en otros departamentos imperan situaciones más competitivas en la política y no existen clanes que se impongan y manejen los hilos del poder. Por contraste, la ausencia parcial o total de las condiciones presentes en estos departamentos abren la puerta para el análisis comparativo.

En un país con de regiones, estos estudios permiten ver las diferencias entre ellas y examinar las razones por las que la política en algunas de ellas sigue teniendo rasgos que —se supone— eran del pasado. Se trata de realidades regionales en las que se combinan reformas institucionales, un mayor pluralismo, la presencia de múltiples actores partidistas y nuevos liderazgos políticos, con la presencia de clanes que llevan décadas en posiciones de poder, que mantienen estrategias de agregación de votos que riñen con la libertad y la autonomía de los ciudadanos, que gestionan la administración pública para el beneficio privado y no para defender los intereses colectivos.

El poder que engendra poder, como lo denominan Dal Bo, Dal Bo, y Snyder (2009), o democracias locales hereditarias, que tratan de mantenerse aun en contra de los cambios políticos del país.

Fuentes de financiación

Este trabajo fue financiado por la Universidad del Valle, convocatoria I de 2020.

Declaración de contribución de autoría

Javier Daza, investigador principal.

Conflicto de intereses

El autor declara la inexistencia de conflicto de interés con institución o asociación comercial de cualquier índole.

Referencias

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Notas de autor

Javier Duque Daza

Doctor en Ciencia Política, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México. Profesor de la Universidad del Valle, Colombia. Contacto: jduqued86@hotmail.com, ORCID: 0000-0001-9996-4835, Google Académico: https://scholar.google.com/citations?user=ICzHrcAAAAAJ Cali. Colombia.

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