COMUNIDADES ÉTNICAS Y CONFLICTO ARMADO: ALGUNAS DIFICULTADES PARA LA GOBERNABILIDAD EN TERRITORIOS DE COMUNIDADES NEGRAS E INDÍGENAS EN RIOSUCIO-CHOCÓ, COLOMBIA

ETHNIC COMMUNITIES AND ARMED CONFLICT: SOME DIFFICULTIES FOR GOVERNANCE IN TERRITORIES OF ETHNIC COMMUNITIES IN RIOSUCIO-CHOCÓ

Wilmar Alexander Cano López, Luz América Lozano Mayo

Universidad de Antioquia

Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico

Recibido: 19 de febrero de 2020-Aceptado: 16 de marzo de 2021-Publicado: 16 de julio de 2021

Forma de citar este artículo en APA:

Cano-López, W. A., & Lozano-Mayo, L. A. (2021). Comunidades étnicas y conflicto armado: algunas dificultades para la gobernabilidad en territorios de comunidades negras e indígenas en Riosucio-Chocó, Colombia. Revista Colombiana de Ciencias Sociales, 12(2), 846-869. https://doi.org/10.21501/22161201.3537

Resumen

Para las comunidades negras e indígenas de Riosucio (Chocó, Colombia) la legislación étnica en Colombia, desde la década de 1990, ha sido clave para la conformación y legalización de sus territorios ancestrales como propiedad colectiva. No obstante, debido a las acciones de grupos armados al margen de la ley y a los impactos del conflicto armado, se plantean las dificultades de las comunidades étnicas para las prácticas de gobernabilidad en sus territorios. En este texto se argumenta que el conflicto armado se ha configurado de manera particular en Riosucio pues la violencia, el desplazamiento forzado, la intimidación y el asesinato han sido estrategias militares para el control y acaparamiento de zonas ricas en recursos naturales bajo intereses desarrollistas y de capitales foráneos, pero que se encuentran dentro de territorios colectivos y en medio de procesos organizativos étnicos. A pesar de los procesos de paz y la firma de los acuerdos, este artículo denuncia una continuidad y persistencia del conflicto armado en la región. El texto finaliza con unas reflexiones donde se llama la atención sobre la necesidad de favorecer la gobernabilidad y la autonomía de las comunidades étnicas en sus propios territorios.

Palabras clave

Gobernabilidad; Comunidades étnicas; Conflicto armado; Procesos de paz; Recursos naturales; Riosucio-Chocó.

Abstract

For the black and indigenous communities of Riosucio (Chocó, Colombia), ethnic legislation in Colombia since the 1990s has been key to the conformation and legalization of their ancestral territories as collective property. However, due to the actions of illegal armed groups and the impacts of the armed conflict, the difficulties faced by ethnic communities in governance practices in their territories have arisen. This text argues that the armed conflict has been configured in a particular way in Riosucio because violence, forced displacement, intimidation and murder have been military strategies for the control and grabbing of areas rich in natural resources under development interests and foreign capital, but which are located within collective territories and in the midst of ethnic organizational processes. Despite the peace processes and the signing of the agreements, this article denounces the continuity and persistence of the armed conflict in the region. The text ends with some reflections where attention is drawn to the need to favour the governance and autonomy of ethnic communities in their own territories.

Keywords

Governance; Ethnic communities; Armed conflict; Peace processes; Natural resources; Riosucio-Chocó.

“Somos dueños, y nos sacan cuando les da la gana, entonces no hay autonomía”.

(Líder comunitario, comunicación personal, abril de 2018)

INTRODUCCIÓN

Este artículo presenta los resultados derivados del proyecto de investigación denominado: “Gobernabilidad de comunidades étnicas del municipio de Riosucio y Bojayá (Chocó): un análisis crítico desde la perspectiva del actual proceso de paz” llevado a cabo por el componente sociocultural del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico en el año 2018. El proyecto abordó la manera como se construía, se reconfiguraba, se limitaba o se negociaba el ejercicio de gobernabilidad de las comunidades étnicas en territorios colectivos y resguardos indígenas que estaban en medio del conflicto armado. Con el proceso de paz y la firma de los acuerdos entre el Estado y las FARC, el interés del proyecto cobró mayor relevancia al preguntar sobre los procesos de gobernabilidad efectiva de las comunidades étnicas sobre sus territorios en el llamado posconflicto. El texto plantea, a través de un enfoque etnográfico, las dificultades de gobernabilidad sobre el territorio que tienen las comunidades étnicas (negras e indígenas) de Riosucio (Chocó), y la percepción actual sobre la continuidad, agudización y/o reconfiguración territorial del conflicto armado en la región y la presencia de nuevos actores armados en sus territorios.

Desde la Constitución Política de Colombia en la década 1990, el país se reconoció como una nación multiétnica y pluricultural. Esto significó la intención del Estado de integrar a los grupos de comunidades negras, indígenas y palenqueras a las dinámicas de regulación, control, pero también de inversión, protección y asistencia (Benavides & Duarte, 2010). Esta ola de constitucionalismo para comunidades étnicas pretendió proteger a los grupos indígenas y negros, a sus territorios y los ecosistemas que habitan, así como reconocer sus formas de producción local, sus conocimientos tradicionales y su relacionamiento con la naturaleza (Baquero-Melo, 2014). Para Agudelo (2001) y González (2016), este ejercicio estatal de legislación étnica es producto tanto de las presiones internacionales, como de los reclamos y exigencias de grupos y líderes de las comunidades negras en torno a la inclusión de la negritud como realidad étnica dentro de las reformas constitucionales. Así que, en el desarrollo de esta normatividad, con la Ley 70 de 1993 el INCORA se propuso realizar la titulación colectiva de más de 5.600.000 hectáreas de tierras, baldías desde 1959 pero que estaban habitadas por comunidades indígenas y negras en el Pacífico (Agudelo, 2001).

Sin embargo, la legislación étnica y las políticas de etnicidad en el país no han asegurado de manera plena a las comunidades negras e indígenas el disfrute de sus territorios ancestrales ni el ejercicio efectivo de la gobernabilidad en condiciones de autonomía y respecto. El conflicto en la región entre grupos armados de guerrilla, paramilitares y fuerza pública se agudizó precisamente en los procesos de configuración y consolidación de las organizaciones comunitarias y territoriales de los consejos comunitarios y la adquisición de los títulos colectivos de las comunidades negras desde la década de 1990. Este texto hace un recorrido por algunas aproximaciones teóricas sobre la relación gobernabilidad, grupos étnicos y conflicto, y resalta las voces de algunos miembros y líderes de las comunidades negras e indígenas de Riosucio alrededor de la conformación de los procesos organizativos étnicos en medio del conflicto armado.

El municipio de Riosucio es un caso de estudio que reviste varias complejidades. Primero, su configuración territorial lo vincula estrechamente con Antioquia y la región caribe, lo que ha implicado redes de mercado, circulación y presencia de actores heterogéneos y corredores estratégicos para ingreso y salida de productos; segundo, posee una configuración étnica y poblacional particular ya que hay una fuerte presencia de actores de varias regiones del país; tercero, la riqueza forestal, hídrica y mineral lo ha vinculado a largos procesos de explotación maderera, ganadera, la especulación y acaparamiento de terrenos para la ganadería, monocultivos y cultivos ilícitos –en la actualidad, el municipio y la región del Bajo Atrato están en el foco de megaproyectos y expansión de monocultivos–; y cuarto, un largo proceso de conflicto entre actores armados por el control territorial –de hecho, en los procesos de posconflicto, varias comunidades étnicas de Riosucio están priorizadas tanto para reparación como para restitución de tierras, además de que allí se estableció un campamento para los procesos de reinserción–.

A pesar de los acuerdos de paz entre el Estado y las FARC, el texto muestra que, contrario a la percepción general de una disminución drástica de la conflictividad en estos territorios, el conflicto armado aún persiste, solo que se ha reconfigurado debido a nuevos actores, formas de control de territorios y estrategias de relacionamiento con las comunidades étnicas que allí habitan. Se sostiene que estas nuevas dinámicas del conflicto han incidido en las formas de gobernabilidad de los territorios étnicos y en las organizativas de las comunidades, y han modificado las maneras de resistir, negociar y concertar por parte de las comunidades étnicas.

METODOLOGÍA

El proyecto abordó las diferentes percepciones de autonomía y de toma de decisiones por parte de las comunidades negras e indígenas, así como las estrategias de negociación, concertación y relacionamiento que las organizaciones comunitarias establecían con diversos actores del territorio en medio de dinámicas de conflicto armado. Debido al enfoque etnográfico y sociocultural de la investigación, se hizo énfasis en la observación de la vida cotidiana (Guber, 2001), así como en las conversaciones, entrevistas y encuentros grupales como estrategias para la interacción y la comunicación de ideas, percepciones, perspectivas y representaciones del mundo (Noboa y Robaina, 2015; Taylor y Bogdan, 1986). De esta manera, el equipo de investigación implementó varias estrategias metodológicas para lograr una aproximación a los discursos y las perspectivas de los interlocutores en torno al liderazgo, la autonomía o las dificultades en la toma de decisiones por parte de las organizaciones comunitarias, las dinámicas del conflicto en su territorio, y las formas de negociación e interacción entre los distintos actores que hacen presencia en la región.

El trabajo de campo se llevó a cabo con varias comunidades étnicas del municipio durante el año 2018. Se realizaron 22 entrevistas semiestructuradas con algunos interlocutores clave de diversa tipología y diferente grado de participación (líderes sociales, representantes de consejos comunitarios, resguardos indígenas y asociaciones, pobladores de las cuencas y habitantes del casco urbano del municipio). La estrategia bola de nieve resultó útil para la búsqueda de interlocutores, pues como señalan Noboa y Robaina (2015) y Noboa y Robaina (2016) esta forma de muestreo permite aprovechar los lazos sociales y las formas de socialización presentes en comunidades dispersas o de difícil acceso y generar lazos de confianza más rápido entre investigadores e interlocutores.

También se implementaron 3 talleres comunitarios en la cabecera de Riosucio, 1 con cada grupo étnico, y 1 taller con ambos grupos en el mismo espacio, con una asistencia de 30 personas en promedio a cada taller. El taller con comunidades negras estuvo constituido por miembros de la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA), líderes y lideresas de los diferentes consejos comunitarios del municipio, así como representantes de asociaciones y grupos organizados. Por su parte, gracias a la gestión del Cabildo Mayor Indígena del Bajo Atrato (CAMIZBA), se logró la participación de diversos pobladores y líderes de las comunidades emberá katío de las cuencas de los ríos Truandó y Salaquí-Pavaradó, emberá chamí de la cuenca del río Pavarandó, y emberá de las cuencas de los ríos Domingodó y Quiparadó.

Los talleres fueron diseñados bajo un enfoque de escenarios temporales (pasado, presente y futuro) (Cruz & Medina, 2015), lo que permitió generar una aproximación a los percepciones, ideas y perspectivas de los interlocutores sobre diversos acontecimientos ocurridos, transformaciones del territorio y expectativas de futuro (Parra & Cano, 2018). Según Barrera-Lobatón (2009), los ejercicios, discusión conjunta y participación comunitaria permiten la construcción colectiva de conocimiento de una comunidad sobre el territorio, y sobre los diversos acontecimientos, relaciones socioculturales y conflictivas que los grupos y actores establecen entre sí (Torgler et al., 2000). De esta manera, en un primer momento se implementaron ejercicios de cartografía social: cada comunidad debía plasmar en el mapa cómo era su pasado, cómo era su presente y cómo se imaginaban el futuro. El segundo momento fue la construcción en conjunto de una línea de tiempo de acontecimientos significativos para la comunidad; con ello se quiso saber cuáles fueron los principales hechos históricos que los habían marcado o que tenían una significación especial para cada uno de los participantes. Toda la información recabada se consignó en instrumentos de recolección.

COMUNIDADES ÉTNICAS, GOBERNABILIDAD Y CONFLICTO

Los grupos étnicos en Colombia han asumido la legislación étnica como la posibilidad no sólo de interactuar con el Estado y otros actores institucionales, sociales o económicos, y de buscar la solución de sus necesidades, sino también de ser reconocidos por el Estado y sus instituciones como sujetos de derecho, como ciudadanos de la nación. Además, han intentado configurar una suerte de gobernabilidad establecida como una relación más horizontal entre las comunidades étnicas y las instituciones. En este sentido, una de las principales pretensiones de las comunidades consiste en que el Estado reconozca la gobernabilidad étnica como una forma de gobierno autónoma y legítima. Así lo plantean Benavides y Duarte (2010) en relación con la autonomía indígena:

Podemos afirmar que los esfuerzos de los pueblos indígenas y de sus organizaciones más representativas se concentran en afirmar su gobernabilidad y cambiar las relaciones verticales y asimétricas con el Estado colombiano (...). Dicha autonomía permitiría entender la posibilidad de un gobierno propio, en medio de un juego de negociaciones donde las autoridades indígenas se destaquen como agentes decisorios. (p. 38)

Esta búsqueda de legitimidad de sus formas de gobernabilidad está basada en la posibilidad de defender su territorio y de su supervivencia como pueblos en un Estado multiétnico y pluricultural bajo condiciones de autonomía, según sus planes de vida, concepciones de bienestar y visiones sobre sus territorios ancestrales (Quiceno-Toro & Orjuela-Villanueva, 2017; Quiceno-Toro, 2014; Benavides & Duarte, 2010). Sin embargo, muchas de las actuaciones del Estado no han favorecido dicha autonomía y legitimidad de las formas de gobernabilidad étnica, pues tanto prácticas como concepciones en materia legislativa, por ejemplo, han intentado asimilar o integrar a las comunidades étnicas a las dinámicas, juegos y lenguajes del Estado (Domínguez 2015; 2017). Incluso, actualmente hay un gran debate en torno a los procesos de etnización y entrega de títulos colectivos y resguardos indígenas como estrategias de segregación y confinamiento en espacios específicos (González, 2016; Ng’weno, 2013; Gnecco, 2006)1. De ahí la importancia de que los procesos legislativos en materia étnica apoyen la posibilidad de una gobernabilidad basada en la autonomía y legitimidad de comunidades dentro de los territorios:

Las condiciones para la gobernabilidad desde las distintas voces indígenas, pasan por la concreción un “gobierno propio” bajo los parámetros de una autonomía integral. Sin embargo, el proceso abierto por la Constitución, reconociendo el carácter multiétnico y pluricultural de la nación colombiana, ha implementado mecanismos de integración, antes que proveer mecanismos reales de autonomía. (Benavides y Duarte, 2010, p. 39).

Según Benavides y Duarte (2010), la noción de gobernabilidad puede ser entendida como la relación de las comunidades étnicas con el Estado nacional desde una perspectiva política, y como el conjunto de variables externas a los pueblos que inciden en su autonomía. Bajo estos planteamientos encontramos un panorama político y social bastante complejo en el Pacífico, y particularmente en el Chocó. En primera instancia, esta región ha sufrido desde la independencia diversos procesos de exclusión socioracial (Agudelo, 2001) y su integración a la economía nacional ha estado fundada desde la Colonia bajo el modelo de enclave (Cano-López, 2015; Peralta-González, 2005; Leal, 2008 y 2009).

Para Moreno-Murillo (2015), la constitución y el desarrollo de los consejos comunitarios como figuras que administran los territorios colectivos de comunidades negras, son clave a la hora de comprender los procesos de gobernabilidad que ocurren en el Pacífico, y entender la percepción que los pobladores de las comunidades negras tienen de la gobernabilidad en sus territorios. En efecto, estas organizaciones se han convertido en canales importantes entre las necesidades que enfrentan las comunidades –así como las soluciones que demandan– y los beneficios que pueden obtener de organización no gubernamentales y de instituciones del Estado (Moreno, 2015). Además, desde las décadas de 1980 y 1990 estas organizaciones comunitarias han servido para presionar al gobierno por la construcción de legislación y normatividades étnicas, y han permitido la visibilización de los conflictos, las carencias y las injusticias que se han ocurrido en muchas comunidades étnicas del Pacífico (Garcés-Carabalí, 2001). De esta manera, han sido intermediarias entre grupos, instituciones y comunidades, por lo que han encontrado soluciones transitorias a los problemas de la violencia y el desplazamiento, como las comunidades de paz, entre otras (Basset et al., 2017; González, 2016).

Sin embargo, los ejercicios de gobernabilidad no han resultado fáciles para las comunidades étnicas. En el desarrollo de la actividad de línea de tiempo en los talleres comunitarios, el primer elemento que emergió tanto en los grupos indígenas como en las comunidades negras fue el problema del conflicto armado. En efecto, las incursiones armadas y las operaciones militares en el municipio se encuentran como impronta en la memoria de todos participantes. Estas rememoraciones empiezan siempre en la década de 1990, específicamente entre 1996 y 1997 con las operaciones militares y paramilitares que transformaron inmediatamente todas las dinámicas territoriales, sociales, culturales y económicas de las comunidades negras e indígenas en el Bajo Atrato.

De acuerdo con los interlocutores indígenas, el orden público cambió drásticamente desde la década de 1990 cuando se consolidaron los grupos ELN, EPL y FARC en la región. Esto significó el ingreso de la coca al territorio y la búsqueda de los grupos armados por controlar los corredores y territorios para sembrar y desplazarse; además, estos grupos comenzaron a “vacunar” a los terratenientes, lo que impulsó a que estos últimos trajeran a los grupos paramilitares para proteger las fincas y el ganado. Para los indígenas, la llegada de los paramilitares agudizó profundamente el conflicto armado en la región; esta situación condujo a que los indígenas terminaran siendo víctimas del conflicto, debido al reclutamiento forzado, la tortura, las afectaciones psicológicas y la disminución de la fuerza organizativa de los indígenas.

Resulta interesante de analizar que las comunidades negras también perciban que la década del 1990 fue un periodo crucial en la definición de su gobernabilidad e identidad. Varios líderes de las comunidades negras y representantes de los consejos comunitarios de Riosucio sostienen que, en efecto, el conflicto existía antes de 1995, pero desde 1996 fue cuando se agudizó debido a la llegada de la coca y la lucha por el territorio. Este periodo afectó gravemente sus dinámicas como comunidades, pues los enfrentamientos entre grupos para controlar los territorios y las rutas del narcotráfico ocasionaron el desplazamiento de las comunidades y aumentaron las amenazas, extorsiones y asesinatos. Un interlocutor lo plantea de la siguiente manera: “debido al conflicto armado, pasamos de ser campesinos de bien a campesinos mendigos” (Interlocutor taller ASCOBA, comunicación persona, abril de 2018).

En efecto, para 1997 se llevaron a cabo las operaciones Génesis y Septiembre Negro, intervenciones militares ejecutadas conjuntamente entre el ejército y los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Basset et al., 2017; Corredor-Villamil, 2015).

Para García et al. (2016), desde el año 1996, a consecuencia de la violencia, la confrontación armada y el desplazamiento, en Riosucio se transformó el orden social. Investigadores sobre el caso señalan que estas operaciones condujeron a uno de los desplazamientos forzados más grandes y recordados en la historia del país: miles de personas tuvieron que dejar sus territorios para ubicarse provisionalmente en campamentos en Pavarandó (Basset et al., 2017; Peralta-González, 2005). De igual manera, García et al. (2016) y Peralta-González (2005) plantean que la Operación Génesis, coordinada con la operación paramilitar Cacarica, llevada a cabo contra la guerrilla de las FARC, fue una estrategia militar que significó más un ataque violento e indiscriminado contra la población civil mediante la coacción, la violencia, la intimidación y el control de la circulación de personas y mercancías.

Este planteamiento es respaldado por la percepción y la memoria de los pobladores, quienes reconocen la existencia de la connivencia entre el ejército y los paramilitares, por lo que le atribuyen al Estado colombiano la responsabilidad de esta acción contra las comunidades. Así lo plantea un interlocutor de comunidad negra: “el gobierno ha tenido la mayor incidencia en el conflicto en el territorio y en las afectaciones de las comunidades, ya que con su operación Génesis, se tuvo que soportar bombardeos, que igual ocasionaban desplazamientos” (Interlocutor, comunicación personal, abril de 2018).

Como lo señala Baquero-Melo (2014), varios organismos internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y otros a nivel nacional, como la Corte Constitucional, se han pronunciado respecto del desplazamiento forzado ocasionado a las comunidades negras de la cuenca Cacarica (Riosucio) y la responsabilidad del Estado colombiano por la violación de derechos humanos. Al respecto, varios investigadores proponen que detrás de los procesos de violencia y desplazamiento forzado padecidos por las comunidades étnicas de Riosucio existen intereses económicos para el control de tierras.

Baquero-Melo (2014) sostiene que desde la década de 1990 se ha presentado en Riosucio un proceso sistemático de acaparamiento de tierras que ha sido llevado a cabo por una alianza entre agroempresarios, élites políticas regionales, militares y paramilitares, que mediante estrategias de coacción, control de la circulación, violencia y desplazamiento forzado, se han apropiado de tierras para la expansión de negocios como la ganadería, la explotación maderera, algunos megaproyectos, concesiones mineras, el monocultivo de palma y cultivos ilícitos. Esto quedó demostrado con los testimonios oficiales y documentos aportados por los paramilitares desmovilizados que operaban en la región: allí se evidencia que las operaciones llevadas a cabo en la década de 1990 en el Bajo Atrato no tenían la intención únicamente de liberar esta región de la presencia guerrillera, sino también de despejar y liberar las tierras mediante el desplazamiento de las comunidades (Corredor, 2015: 8).

Resulta sintomático que las dinámicas más álgidas de violencia y desplazamiento hayan coincidido precisamente con los inicios de los procesos de titulación de tierras colectivas para las comunidades negras. Corredor-Villamil (2015) y Peralta-González (2005) sostienen que los procesos de titulación colectiva de comunidades negras del Bajo Atrato en la década de 1990 fueron interrumpidos por la violencia y el desplazamiento masivo ocasionado por estas operaciones militares y paramilitares que ocurrieron en Riosucio. Así lo plantea Peralta-González (2005): “Este fenómeno impidió que los campesinos de la Organización Campesina del Bajo Atrato (OCABA) ocuparan las primeras tierras que eran adjudicadas mediante la figura de titulación de territorios colectivos” (p. 473).

Desarticular de manera sistemática y metódica toda forma de organización comunitaria y cohesión social es una estrategia sumamente efectiva para deslegitimar el accionar de los líderes, limitar o impedir los ejercicios de gobernanza y administración comunitaria, y eliminar cualquier tipo de oposición o proceso de resistencia por parte de las comunidades (Peralta-González, 2005, p. 485). La coacción, el asesinato selectivo y la desarticulación de redes sociales, lazos y formas de organización comunitaria, logran dispersar y debilitar a los actores comunitarios, y mediante cooperativas y proyectos productivos, los actores armados obtienen el control efectivo del territorio.

Las comunidades negras pensaron que los procesos de titulación colectiva les permitirían tener mayor poder de decisión, participación, autonomía y autoridad en sus propios territorios. Empero, muchos pobladores y líderes comunitarios sostienen que este proceso no se hizo efectivo por la acción de otros actores con diversos intereses en recursos naturales, tierras para cultivo y rutas para el narcotráfico. En otras palabras, para las poblaciones negras de Riosucio el conflicto armado y las luchas por el territorio han dificultado el ejercicio efectivo de gobernabilidad, diezmando margen de acción de acción y la toma de decisiones de los consejos comunitarios. Así lo plantearon dos interlocutores en Riosucio:

Nosotros pensamos que conseguir los territorios colectivos desde 1996 (…) nos daría poder sobre el territorio… La creación de consejos se da en medio de presencia de conflicto armado, por lo que el ejercicio de gobernabilidad quedó mal. Los consejos comunitarios para hacer ejercicio de su misión deben estar en su territorio, producto de esto es la forma de retorno (1998) después del desplazamiento, (…) el problema para las comunidades sigue siendo el mismo, se crean los consejos, tenemos derecho al territorio, pero otros actores son los que ejercen autoridad (…) son otros los que imponen su voluntad.

La gobernabilidad de los territorios se realiza a través de los consejos comunitarios, los cuales se crearon en 1996, pero allí hizo presencia los grupos armados, por lo que no podíamos gobernar en casa (…). Es que los títulos colectivos podrían traer ejercicios de autonomía en los territorios, pero no en territorios en conflicto”. (Interlocutor taller ASCOBA, comunicación personal, abril de 2018)

CONFLICTO ARMADO ACTUAL Y PROCESO DE PAZ

Para las comunidades negras e indígenas de Riosucio la referencia a los acontecimientos –y sus consecuencias– relacionados con los procesos de violencia, la confrontación armada y el desplazamiento masivo ocurridos desde la década de 1990 son ejes clave de su memoria, resistencia y constitución como pueblos étnicos (Basset et al., 2017; Quiceno, 2017; Rolland, 2005; Garcés Carabalí, 2001). No obstante, décadas transcurridas, este fenómeno de la confrontación armada y la presencia de grupos al margen de la ley circulando y controlando el territorio no ha cesado desde entonces.

Las comunidades negras e indígenas que participaron en la investigación plantearon que, en efecto, el conflicto armado en la región continúa presente. Todos los interlocutores de Riosucio, tanto en las entrevistas como en los talleres, señalaron que el conflicto armado persistía en sus territorios y que las poblaciones negras e indígenas seguían siendo afectadas de una u otra manera. En los ejercicios de las líneas de tiempo con las comunidades indígenas de Riosucio, el tema del conflicto armado es recurrente. Ellos sostienen, antes bien, que el conflicto en sus territorios persiste: “El conflicto desde la firma de la paz, aún existe. Nunca se ha ido del territorio […] En Salaquí los indígenas han sido torturados y vulnerados, también hay presencia de minas, sobre todo en Pueblo Antioquia” (Interlocutor, comunicación personal, abril de 2018).

Para otros interlocutores indígenas, el problema incluso se ha venido agudizando después de la firma de los acuerdos de paz. El asunto está relacionado con la consecuencia de la salida de las FARC de la región, y la consiguiente expansión y consolidación de otros grupos armados. Para los indígenas, el ELN está ocupando el espacio dejado por las FARC, y esto tiene graves consecuencias para los territorios étnicos, toda vez que este grupo tiene estrategias militares, coercitivas y de control mucho más intensas e indiscriminadas incluso que las mismas FARC. Según relatan muchos interlocutores, el ELN tiene una fuerte presencia en la región desde hace aproximadamente 10 años, y desde esta época este grupo ha secuestrado, intimidado y asesinado a varios indígenas. Algunos interlocutores lo plantean de la siguiente manera:

Hace 10 años llegó el ELN y han secuestrado más de 10 indígenas. Ahora hay minas, mutilaciones, bombardeos, confinamiento y hacinamiento de las comunidades indígenas (...). En 2017 hubo tres casos de muerte, 4 mutilaciones, un aborto, todo eso lo atribuimos al conflicto (…). En 2018 los enfrentamientos han dejado dos mujeres muertas. (Interlocutor taller con comunidades indígenas, comunicación personal, abril de 2018).

Esta percepción y denuncia por parte de las comunidades étnicas sobre la continuidad e intensificación del conflicto armado dentro y próximo a los asentamientos y poblaciones, sobre todo aquellas en las zonas rurales de Riosucio, ocasionado por la confrontación y lucha por el territorio entre ELN y paramilitares, es también señalado por la prensa regional y nacional. En efecto, titulares del periódico como: “En parte del Chocó la guerra no terminó y, al parecer, se fortalece” (Monsalve-Gaviria, 2017), “ Chocó está en alerta por crímenes del ELN pese al cese bilateral” (Morante, 2017), “Indígenas quedan en fuego cruzado entre ELN y autodefensas en Chocó” (Ortiz, 2017), “Combates del ELN con paramilitares dejan 60 muertos” (Contagio Radio, 2017), “Mientras el país desmina, el ELN sitia a Riosucio” (Arenas, 2017), “Denuncian que grupos paramilitares instalaron puesto de mando en Riosucio, Chocó” (RCN Radio, 2017), entre muchas otras. Así lo plantea José Ángel Palomeque, secretario de Paz, Reconciliación y Posconflicto de Riosucio:

Desde el primer trimestre de 2017 las AGC tratan de arrebatarle el control territorial al ELN en la cuenca del río Truandó, lo que ha agravado la situación humanitaria en la región. La guerrilla, dicen en la zona, ha puesto minas antipersonales para detener el avance paramilitar. Por eso casi todos los días llegan a Riosucio combatientes que pisan los artefactos. (El Espectador, 27 de agosto de 2017)

En este sentido, las comunidades indígenas y negras hacen hincapié en que el ELN y los grupos paramilitares tienen formas de intervención agresiva, intrusiva e indiscriminada contra las poblaciones y asentamientos que se encuentran en su radio de acción o territorios de interés geoestratégico. Interlocutores indígenas y negros señalan que el ELN no respeta reglamentos internos de las comunidades, circulan dentro de los territorios colectivos y cabildos indígenas, ponen minas antipersonal en áreas próximas, zonas de cultivo o de caza y caminos, con el fin de atacar a los grupos enemigos, así como utilizan a los indígenas como informantes, a lo que no se pueden negar debido al temor a las represalias.

Los interlocutores, sobre todo comunidades indígenas, perciben un cambio drástico en las dinámicas de las confrontaciones armadas y las formas de relacionamiento de los grupos ilegales con el territorio y con las comunidades, desde que las FARC empezaron el proceso de los diálogos de paz. Para las comunidades, el ELN tiene como estrategia enfrentarse a ellas, o bien limitándoles la circulación por su propio territorio a través de lo que los interlocutores denominan “confinamiento”, o bien intimidando o amenazando a los líderes y miembros de las comunidades para que “despejen” los territorios.

Este cambio de escenario está determinado por la diferencia en las formas de relacionamiento que las comunidades lograron establecer a través de los años con las FARC. En efecto, varios investigadores han señalado que la presencia de las FARC en los territorios nunca fue homogénea ni siguió un patrón definido, si no que se adaptó a las dinámicas y a las condiciones socio culturales propias de cada región (González, 2016; García et al., 2016). En el caso de Riosucio, la presencia de las FARC por más de 40 años significó para las comunidades el establecimiento de algunos acuerdos con este grupo y algunas estrategias de convivencia. No obstante, el aumento de extorsiones, secuestros y amenazas hizo insostenible las relaciones iniciales, lo que llevó a cierto apoyo a los grupos paramilitares (González, 2016).

Las mismas comunidades indígenas señalan que tenían pactos de convivencia con los actores armados, como no reclutar personas de los resguardos, no amenazar, no combatir ni estar dentro de los territorios indígenas. Empero, las AUC nunca respetaron estos acuerdos, y actualmente, con el ELN haciendo presencia en la región, los indígenas perciben que resulta difícil entablar algún tipo de relacionamiento para atemperar los impactos del conflicto en las comunidades indígenas. Así lo plantea un interlocutor indígena:

Ha habido violaciones, amenazas y reclutamiento sobre todo a menores de edad. Ahora sentimos más violencia que antes, porque estos ataques afectan la sociedad y la cultura, antes había más respeto porque tanto tiempo en el conflicto hacía que tuviéramos más posibilidades de negociación con los grupos armados, pero desde el 2017 con la firma del acuerdo, ha habido enfrentamientos y siembras de minas. (Interlocutor taller comunidad indígena, comunicación personal, abril de 2018)

Tanto las comunidades indígenas como las negras han manifestado que las poblaciones más afectadas actualmente con las nuevas dinámicas del conflicto armado son aquellas que están ubicadas en la cuenca del río Salaquí y en Truandó, y que han sufrido desde el año 2017 varias acciones violentas por parte del ELN y el Clan del Golfo, como la siembra de minas, el confinamiento y el desplazamiento forzado. En consecuencia, los interlocutores plantean que, a pesar del proceso de paz, en la región se ha agudizado el conflicto armado. Así lo sostiene un líder de una comunidad indígena de Riosucio: “Para nosotros no estamos en posconflicto, estamos en conflicto, (...) las comunidades del río Truandó han sido confinadas, el territorio está minado” (Interlocutor taller Camizba, comunicación personal, abril de 2018).

Ahora bien, estas situaciones de violencia, desplazamiento y conflicto armado que padecen las comunidades negras e indígenas en Riosucio están íntimamente relacionadas con la percepción y ejercicio efectivo de la gobernabilidad en sus territorios. Para empezar, el primer planteamiento que salió a flote en las charlas, entrevistas y talleres era sobre cómo podía hablarse de gobernabilidad cuando las comunidades han estado en medio del conflicto. Esta afirmación resulta diciente sobre cómo perciben las posibilidades de gobernabilidad del territorio, teniendo en cuenta que son otros los que mandan sobre éste. Para ambos grupos étnicos, la gobernabilidad está indiscutiblemente atravesada por la autonomía, la libertad y las posibilidades reales para decidir sobre sus territorios. En este caso, existe una percepción de que la gobernabilidad se ve afectada, limitada e, incluso, imposibilitada, cuando los grupos armados son quienes toman las decisiones.

En primera instancia, los grupos armados han intentado romper la cohesión social y la legitimidad de los liderazgos incentivando enfrentamientos y disociaciones entre líderes de las comunidades con el fin de atacar los ejercicios de gobernabilidad y poder de decisión que tienen las comunidades con respecto a sus territorios. Peralta-González (2005) sostiene que los grupos armados han tenido como estrategia clave intentar desarticular las formas de organizaciones social y comunitaria en Riosucio para alcanzar objetivos militares y territoriales, deslegitimar las acciones de los líderes y debilitar las relaciones de las organizaciones comunitarias con el Estado y las instituciones.

Asimismo, resulta difícil tomar decisiones en territorios que están controlados por estos grupos, pues la misma libertad de expresión se ve coartada, al igual que las posibilidades de movilidad libre por el territorio. El miedo dificulta cualquier proceso de gobernabilidad pues no permite tomar decisiones acertadas y tranquilas, las comunidades siempre están pensado que en cualquier momento las pueden amenazar, desplazar o asesinar por no consultar a los grupos. Además, las decisiones que se toman no tienen ningún efecto en las dinámicas de los grupos armados ilegales que hacen presencia en la zona: “desde hace décadas no sentimos autonomía ni libertad de expresión acá por miedo a perder la vida”, plantea un líder comunitario de ASCOBA (Interlocutor taller ASCOBA, comunicación personal, abril de 2018).

TERRITORIO, RECURSOS NATURALES Y CONFLICTO

Las comunidades reconocen que detrás de todas estas disputas armadas y violentas por el territorio, se esconden variados intereses económicos. Los actores armados no se disputan el territorio debido a odios o diferencias políticas o ideológicas, sino precisamente porque Riosucio es una región rica en recursos naturales. Los interlocutores plantean que el conflicto armado también ha afectado al medio ambiente:

El Bajo Atrato se encuentra en conflicto porque el territorio está en disputa entre los grupos armados (FARC y ELN) y el problema se extiende al medio ambiente por la pérdida de especies de peces y animales... la sedimentación de los ríos y la presencia de mercurio. (Interlocutor taller ASCOBA, comunicación personal, abril de 2018).

Para las comunidades, por tanto, las dificultades que han tenido para ejercer la gobernabilidad en sus territorios debido a las acciones y omisiones del Estado y sus instituciones, así como a las coacciones procedentes de los grupos armados (FARC, ELN y autodefensas), tienen concreciones territoriales muy claras y dirigidas: permitir el accionar de determinado actor para la explotación de terrenos (cultivos de palma, coca o pastos para ganado) y/o la extracción de recursos naturales (maderas y minerales). Por consiguiente, esta problemática –de carácter fundamentalmente sociopolítico y económico– tiene consecuencias inminentes en el medio ambiente y, por tanto, adquiere dimensiones ecológicas: sedimentación, contaminación y palizadas en los ríos, lo que repercute en la calidad y cantidad de especies de peces en los ríos, caños y ciénagas del río Atrato (Bonilla, 2019; Cano-López, 2017; Rivas y Gómez, 2017).

Como lo plantean IIAP (2014), Gutiérrez et al. (2011), y De la Torre (2015) los sistemas tradiciones de producción de las comunidades étnicas (agricultura, caza, pesca, minería y explotación forestal) están estrechamente vinculados a la oferta natural y ambiental de la cuenca del Atrato. Empero, la relación de las comunidades (negros, indígenas, mestizos y colonos) no puede concebirse únicamente en términos de usufructo, aprovechamiento y explotación de especies y recursos naturales, sino que existe toda una construcción socio-cultural, étnica y productiva atravesada por un entorno ambiental y territorial complejo (Gutiérrez et al., 2011). El río permite, configura y regula las redes de comunicación e intercambio, así como fortalece los vínculos sociales y culturales de las poblaciones ribereñas.

Esta relación sociocultural, étnica y económica de aprovechamiento y uso de los recursos, hace inevitable que las comunidades modifiquen, impacten o transformen los ecosistemas de la cuenca (Bonilla, 2019; IIAP, 2014). En efecto, el río Atrato está afectado ampliamente por actividades antrópicas que tienen como consecuencia impactos ambientales en toda la cuenca. En la parte alta, la explotación de oro y platino, el vertimiento de desechos municipales es de carácter expansivo y generalizable a toda la cuenca, la deforestación y la desecación de ciénagas (Lasso et al., 2011). Así mismo, hay un deterioro evidente de las condiciones de navegabilidad, debido a la deforestación irracional en las cabeceras de los ríos, la sedimentación, los sólidos en suspensión, y un dragado insuficiente, que han hecho que el lecho del río esté perdiendo profundidad y calidad de agua (Lagarejo, 2015).

No obstante la importancia que revisten para las comunidades étnicas todos los recursos naturales asociados al territorio, y en este sentido, la sensibilidad y vulnerabilidad que tienen los pobladores locales ante cambios e impactos en los ecosistemas para sus formas de subsistencia, movilidad y seguridad alimentaria, existe en el país una falta de voluntad política para hacer partícipes a las comunidades con respecto de los debates y decisiones sobre ecosistemas y medio ambiente: delimitaciones de páramos, ley de aguas, código minero, estatutos de desarrollo rural, etc. Estas normatividades ambientales no han contado con amplia participación de poblaciones indígenas y negras, lo que demuestra un desinterés por el reconocimiento de los saberes ancestrales, por lo pobladores étnicos y por la diversidad cultural que existe en el país (Benavides y Duarte, 2010).

En los ejercicios de cartografía con las comunidades indígenas se evidencia esta situación, pues allí en el escenario pasado el río Atrato tiene abundancia de peces, mientras en el presente, los peces se representan más pequeños y en menor cantidad. Esta situación queda perfectamente plasmada en el ejercicio de cartografía que realizó la comunidad unión chamí (ver Figura 2). El escenario pasado se muestra con abundancia de peces, los cuales están grandes, las variedades se nombran (Boquiancha, Sabaleta, entre otros); hay árboles diversos en los montes, así como en las riberas del río; presencia de cultivos; y las viviendas son dispersas y en poca cantidad. Lo interesante es su representación del escenario presente. A nivel de la comunidad se muestra el aumento de la población, la cual evidencia en su representación una densidad poblacional. Así mismo, la presencia de espacios modernos, como canchas de deporte.

En el aspecto ambiental, la comunidad plasmó su concepción del presente: en las riberas de los ríos se encuentran únicamente la base de los árboles debido a que han sido talados; esta situación está relacionada con lo que circula por el río, es decir, gran cantidad de palizadas de dificultan la navegabilidad y afectan la calidad de las aguas y sus recursos. Allí los peces han disminuido drásticamente en tamaño y cantidad. Esta representación del presente del río Atrato como problemático está también señalado por las comunidades emberá katío y zenú (ver Figura 1) y comunidades de la cuenca Truandó (ver Figura 2).

Figura 1. Comunidades emberá katío y zenú. Cartografía escenario pasado-presente

Figura 2. Comunidades cuenca Truandó. Cartografía escenario pasado

Figura 3. Comunidades cuenca Truandó. Cartografía escenario presente-futuro

REFLEXIONES FINALES

Todos los interlocutores plantean que tanto los consejos comunitarios como los cabildos indígenas exigen del Estado no sólo garantía de derechos, sino también ser reconocidos como autoridades autónomas dentro de sus comunidades y jurisdicciones. En el caso de los cabildos indígenas, es claro que aún falta por desarrollar mucha legislación étnica que reconozca este tipo de autonomía, incluso fiscal dentro del Sistema General de Participaciones (Benavides y Duarte, 2010). En el caso de las comunidades negras y territorios colectivos también hay una clara intención por parte de los consejos comunitarios de ser reconocidos por el Estado como autoridad legal para ejercer de manera independiente funciones de justicia y recibir la adecuada financiación por parte de este sin intermediarios en los municipios y las gobernaciones (Rolland, 2005).

A pesar de todas las críticas que han recibido los consejos comunitarios y los cabildos en términos de corrupción, negligencia y clientelismo, la verdad es que estos se han instaurado en sus territorios como representaciones de lo que es un gobierno. Estas formas de gobernabilidad étnica tienen un alto grado de legitimidad dentro de las comunidades. Las comunidades étnicas reconocen el importante papel que desempeñan los líderes de los consejos comunitarios y de los cabildos a la hora de visibilizar las dificultades y gestionar soluciones. A pesar de los malos manejos y los conflictos que se presentan al interior de los consejos comunitarios, existe una percepción de que son estos líderes quienes pueden intentar mejorar la calidad de vida de la población (Cerón et al., 2015; Moreno-Murillo, 2015). Para las comunidades étnicas, los consejos comunitarios y los cabildos indígenas son lo más cercano que tienen a un gobierno. De manera que las formas de actuación de estas organizaciones y las representaciones que las comunidades tengan de éstas, son factores clave en los procesos de gobernabilidad al interior y exterior de las comunidades étnicas.

Asimismo, la tarea del Estado en su relación con las comunidades étnicas es grande en la medida que también debe ajustar sus responsabilidades para adelantar acciones que fomenten o generen dinámicas comunitarias, políticas, sociales, económicas y organizativas adecuadas para la región y en coordinación con todos los procesos comunitarios que allí se vienen desarrollando; igualmente, el Estado debe hacer seguimiento a sus propias prácticas discursivas e institucionales para garantizar los derechos que las comunidades étnicas tienen sobre su territorios (Garcés-Carabalí, 2001).

Las intenciones de los grupos indígenas se concentran en afirmar su gobernabilidad, reclamando posibilidades efectivas de autogobierno, autonomía y respeto por la cultura y los territorios. Así mismo, tienen una clara pretensión de cambiar las relaciones asimétricas con el Estado colombiano y con los demás actores que hacen presencia en el municipio de Riosucio. Para los indígenas, la autonomía consiste en la posibilidad de ejercer un gobierno propio, en el cual los líderes y autoridades indígenas tengan poder de decisión no sólo sobre las jurisdicciones de sus comunidades, sino también en las normas y debates que están relacionados con los recursos naturales y los bienes que se encuentran en sus territorios ancestrales.

Como se puede percibir tanto en las comunidades negras como en las indígenas, parece que la premisa del Estado multiétnico no favorece la completa autonomía, sino que pretende integrar y asimilar a las comunidades al juego del Estado y a las dinámicas del capitalismo.

Pobladores negros e indígenas reclaman una sola cosa para poder ejercer una efectiva gobernabilidad en sus territorios: la autonomía. Esto significa que sus decisiones, percepciones y acciones sobre el territorio sean respetadas por actores militares, estatales, grupos relacionados con el narcotráfico, comunidades religiosas, partidos políticos, entre muchos otros actores que tienen presencia en Riosucio. Es aquí donde es posible una autonomía como fundamento de defensa del territorio, y donde el precepto de una nación pluriétnica y multicultural puede tener una concreción territorial y cultural tangible.

CONFLICTO DE INTERÉS

Los autores declaran la inexistencia de conflicto de interés con institución o asociación comercial de cualquier índole.

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Notas de autores

Wilmar Alexander Cano López

Candidato a Doctor en Ciencias Sociales y Magíster en Historia, Universidad de Antioquia. Docente de Cátedra Universidad de Antioquia e Investigador Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico. Grupo de Investigación Medio Ambiente y Sociedad –MASO- Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia. Contacto: wilmar.cano@udea.edu.co, ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5339-0119

Luz América Lozano Mayo

Antropóloga, Universidad del Cauca. Investigadora principal del Componente Sociocultural del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, Grupo de Investigación Conocimiento, Manejo y Conservación de los Ecosistemas Estratégicos del Chocó Biogeográfico, Instituto de del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, Quibdó-Colombia. Contacto: alozano@iiap.org.co ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8367-4673

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