LA DESAPARICIÓN DE LOS 43 NORMALISTAS EN MÉXICO: UNA APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO EN LA PRENSA1

The disappearance of 43 teacher-trainees in Mexico: An approach to critical discourse analysis in the press

Carolina Robledo-Silvestre*a, Eva Patricia Velásquez-Upegui**b

a Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), México

b Universidad Autónoma de Querétaro, México

Recibido: 9 de noviembre de 2016–Aceptado: 14 de febrero de 2017–Publicado en línea: 24 de junio de 2017

Forma de citar este artículo en APA: Robledo-Silvestre, C. y Velásquez-Upegui, E. P. (julio-diciembre, 2017). La desaparición de los 43 normalistas en México: una aproximación al análisis crítico del discurso en la prensa. Revista Colombiana de Ciencias Sociales, 8(2), pp. 334-352. DOI: http://dx.doi.org/10.21501/22161201.2199

Resumen

En este artículo se propone un análisis crítico del discurso de la prensa en el cubrimiento de la desaparición de cuarenta y tres jóvenes estudiantes en Guerrero (México) en septiembre de 2014. Para ello se explora un corpus de 2.107 documentos periodísticos, obtenido en tres meses de seguimiento a los diarios Reforma y La Jornada, con el objetivo de identificar las estrategias discursivas utilizadas en la prensa para reportar este suceso, a partir del análisis de la frecuencia léxica y la ocurrencia de frases nominales. En concreto se identifican cuatro estrategias discursivas: la negación y la neutralización, empleadas para ocultar la responsabilidad del Estado en los actos violentos; y la historización y la acreditación, como parte del discurso disidente. Todas estas estrategias están orientadas a la disputa de los campos léxicos que dan sentido a la desaparición forzada y a la violación de los derechos humanos. © Revista Colombiana de Ciencias Sociales.

Palabras clave:

Derechos Humanos; Discurso; Prensa; Violencia.

Abstract

In this article, a critical analysis of the press discourse in the covering of the disappearance of 43 young students in Guerrero (México) in September 2014 is suggested. For that purpose, the corpus of 2107 journalistic documents was explored over a period of three months, following the newspapers Reforma and La Jornada; the purpose of this exploration was to identify the discourse strategies used in the press to report on the fact, from the lexical frequency and the nominal phrasing occurrence. Four strategies were specifically identified: negation, and neutralization, which are used to hide the State responsibility in the violent acts and the historization and accreditation as part of the dissident discourse. All of the strategies are oriented to the dispute of the lexical fields that give sense to the forced disappearance and the violation of human rights. © Revista Colombiana de Ciencias Sociales.

Keywords:

Human Rights; Speeches; Press; Violence.

Introducción

Los estudios en análisis del discurso de los medios han mostrado que la prensa pone el foco en los eventos que se consideran relevantes para un grupo social, además de transmitir un conjunto de opiniones y valores con relación a los acontecimientos y a los intereses de quienes los emiten (Van Dijk, 1990). Así mismo se ha señalado la manera como se reportan lingüísticamente los sucesos refleja e incide en la representación cognitiva que realizan los miembros de una comunidad. Por ello, la posibilidad que tiene el discurso periodístico de convertirse en un medio de acción propio de las ideologías dominantes y de contribuir a que estas se instalen en la cognición social.

Si bien retomamos esta idea, demostramos también que la prensa es un campo de disputa ideológica en el que se juega la manera de comprender los acontecimientos violentos. El principal objetivo en esta primera revisión de los datos es reconocer las estrategias discursivas empleadas en la prensa nacional mexicana para designar los hechos y la responsabilidad del Estado al reportar el fenómeno de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa.2 El análisis se inscribe en el marco del análisis crítico del discurso (ACD), que permite reconocer las estrategias lingüísticas empleadas en los discursos para mantener el control social mediante la legitimación o abuso del poder y, ocasionalmente, combatirlos (Van Dijk, 2009; Fairclough, & Fairclough, 2012).

El conjunto de documentos analizados pertenece a dos diarios de circulación nacional, Reforma y La Jornada. En total se revisaron 2.107 documentos periodísticos, de los cuales 796 corresponden a Reforma y, 1.311, a La Jornada, durante un periodo de tres meses a partir de la primera noticia sobre la desaparición de los normalistas publicada el día 27 de septiembre de 2014. La selección de la muestra temporal corresponde al propósito de destacar la construcción paulatina del discurso en torno al caso en los meses inmediatamente posteriores a su ocurrencia. Si bien se trata de un hecho que trascendió de manera drástica en la prensa nacional e internacional durante meses, e incluso años (con una tendencia decreciente después del primer año), el objetivo de este análisis se circunscribe a las primeras reacciones asociadas al evento.

Para el estudio del corpus se utilizó el programa de análisis cualitativo Atlas Ti (versión 7), que permitió elegir las categorías léxicas de mayor frecuencia utilizadas para referirse a los actores y a los hechos. En el análisis se destacan dos tendencias discursivas enfrentadas; de un lado el discurso del Estado que promueve la negación y neutralización de los hechos y, del otro, el discurso de resistencia social que se evidencia en la historicidad del fenómeno de la desaparición en México y la acreditación social de las voces que exigen el esclarecimiento de los crímenes ocurridos.

El contexto: Ayotzinapa en el marco de “la guerra contra las drogas”: realidad y discurso

El 26 de septiembre de 2014 en el poblado de Iguala, Estado de Guerrero, 43 jóvenes estudiantes de la Normal Superior Raúl Isidro Burgo3 fueron interceptados por policías municipales que abrieron fuego en contra del bus en que se transportaban hacia una manifestación pública. Después de dispararles intensa y repetidamente, acabando con la vida de tres de ellos y de otros tres civiles, los jóvenes fueron transportados en camionetas hacia el poblado de Cocula, en donde desaparecieron después de ser entregados al grupo armado Guerreros Unidos.4 Entre uno y otro acontecimiento aún hay hechos sin esclarecer y actores que parecen no tener una participación muy clara, entre ellos el Ejército5 y el mismo alcalde de Iguala Guerrero, José Luis Abarca, quienes han sido señalados por diversos testigos como directos responsables.6

La versión oficial, presentada el 14 de noviembre por parte del Procurador General de Justicia, José Murillo Karam y señalada por él mismo como “la verdad histórica de los hechos”, indica que los jóvenes fueron calcinados en un basurero ubicado a las afueras de Cocula, y sus cenizas arrojadas al río. Frente a esta versión, los padres de los jóvenes desaparecidos mostraron su inconformidad exigiendo la verdad, en concordancia con organizaciones civiles, grupos de peritos independientes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que realizó un trabajo especial de acompañamiento a las víctimas a través del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para aportar a la investigación de los hechos.

La desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa sirvió como punta de lanza para el reconocimiento de un problema sistemático y generalizado que las víctimas habían denunciado, por lo menos, desde el año 2011, como parte de las consecuencias de la llamada Guerra contra las Drogas adelantada desde el mandato presidencial en el año 2006 por Felipe Calderón Hinojosa y continuada por el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, para el periodo 2012-2018.

En los hechos de Iguala se combinaron condiciones complejas: un grupo criminal, que controlaba el territorio de varios municipios; autoridades civiles, que eran parte de la estructura de la organización delictiva; policías municipales, que en realidad eran criminales a las órdenes de delincuentes; y fuerzas armadas federales que participaron de manera aún poco precisa en la comisión de los crímenes (Hernández, 2016). A pesar de que en el caso de Ayotzinapa, gracias a la colaboración de testigos y a los informes presentados por los organismos independientes, fue posible señalar la participación directa de agentes estatales y municipales de la policía en la entrega de los jóvenes al grupo Guerreros Unidos, los hechos todavía se presentan confusos. Los responsables se encuentran sentenciados por el delito de secuestro agravado y homicidio calificado, sin que haya podido establecerse si “el caso de los 43 es una estrategia de desaparición forzada como práctica formal ante grupos considerados potencialmente desestabilizadores o una acción criminal de un pequeño grupo dentro del sistema político/militar” (Cacho, 2015).

El problema social: la desaparición como ruptura y su representación social

La desaparición de personas es una práctica catastrófica7 que inscribe a lo humano en una situación límite (Gatti, 2011) y que obliga al replanteamiento de las relaciones entre representación y hechos. La persona desaparecida se encuentra en un estado liminal (Turner, 1974) entre la vida y la muerte, frente al cual las sociedades desarrollan campos de significados y prácticas para la interpretación, divulgación y ritualización, con tal de dar sentido a esta situación extrema (Blair, 2004) y restituir la relación entre los hechos y las palabras (Gatti, 2012).

Es importante entender que este campo social está estructurado sobre el discurso y, por lo tanto, sobre las relaciones y disputas de poder que establecen límites al reconocimiento de los sujetos y de los hechos. El lenguaje tiene la capacidad de “desrealizar”, al construir estrategias discursivas para omitir ciertos aspectos de la realidad y destacar otros: “junto con la experiencia de la violencia surge un marco para poder pensarla –un marco que funciona tanto para prevenir cierto tipo de preguntas y de análisis históricos, como para producir una justificación moral de la venganza–” (Butler, 2006, p. 28). Se trata del marco discursivo en el que se tejen los sentidos.

Sin embargo, como indica Butler (2009), estos marcos de sentido y reconocimiento no son construcciones irrevocables: “el marco rompe con él mismo a fin de reproducirse a sí mismo, y su reproducción se convierte en el lugar donde es posible una ruptura políticamente muy importante” (Butler, 2009, p. 44). Es justo en esos intersticios en donde las resistencias políticas permean los marcos de reconocimiento y ubican en el debate público la existencia de vidas negadas y el señalamiento de demandas, exigiendo el derecho a ser insertadas en el seno social como vidas legítimas y, en el discurso, como parte del campo de representación y reconocimiento de los sujetos.8

El problema discursivo: discurso, poder y representación social

En términos ideales, el discurso promovido en la prensa tiene como característica fundamental brindar información; este supuesto basado en su carácter informativo conduce, en muchos casos, a que no se cuestione la veracidad y objetividad de los contenidos publicados de modo que, a pesar de que los grupos sociales tengan conciencia de que la prensa constituye en sí misma una empresa, la información que allí se publica suele considerarse objetiva y al servicio de la comunidad (Salgado Andrade, 2001). Los discursos movilizados en la prensa expresan el conjunto de intereses de sus propietarios, ya sean políticos o económicos y, por tanto, de los inversores en los medios, es decir, de los grupos hegemónicos. Estos grupos construyen discursos que favorecen sus intereses y que permiten mantener la estabilidad de los sistemas creados por ellos mismos. El discurso periodístico resulta ser un medio y un fin en sí mismo, constituyéndose como en una herramienta de interacción social óptimo para reproducir las ideologías del grupo dominante9 y, a su vez, como un mecanismo de acción para generar formas de interpretar la realidad. Este conjunto de subjetividades vehiculadas a través del discurso periodístico requiere ser develado para reconocer tanto los modos de interacción, como los problemas sociales que devienen de la desigualdad y el poder.

Para Van Dijk (2014), el poder radica en el hecho de tener el control sobre los discursos que impactan en la manera cómo la sociedad interpreta los sucesos, los actores involucrados y sus acciones que, en últimas, constituyen las representaciones mentales. Como resultado de la manipulación se construyen discursos que promueven la desigualdad, la impunidad y el miedo y se configuran como una red de conocimientos e ideologías en la mente de los sujetos. Las formas de control discursivo pueden rastrearse por medio del uso de la lengua o evidencias lingüísticas (Fairclough, & Fairclough, 2012). Por ejemplo, en el nivel léxico-semántico, sintáctico y/o pragmático.

Metodología

El corpus

Para la elección del corpus se decidió el formato impreso, dada su importancia como medio de comunicación tradicional y su carácter de documento histórico.10 Por un lado, se eligió al periódico La Jornada, un diario de corte político y crítico que surgió en la Ciudad de México en 1984 mediante la unión de esfuerzos de periodistas, intelectuales, académicos, políticos y escritores inconformes con el monopolio de los medios de información y los mecanismos de control de prensa ejercidos por el poder político de la época (Rodríguez Araújo, 2015). Y seleccionamos como contrapunto al diario Reforma, que hace parte del “Grupo Reforma” y está vinculado con la familia Junco de la Vega perteneciente al negocio de periódicos, revistas, editoriales y servicios de telefonía desde 1930 hasta la fecha. Ambos periódicos son reconocidos en México por su amplia distribución y difusión, sin embargo, se diferencian en la tendencia política que cada uno sostiene; la Reforma es centralista y La Jornada se posiciona como de izquierda (Arce Barceló, 2011).

La recopilación de material inició el 27 de septiembre de 2014 y concluyó el 27 de noviembre de 2014 (tres meses después de iniciada la cobertura sobre los hechos). Los diarios fueron revisados en su totalidad y de estos se extrajeron los textos que mencionaron como tópico central los sucesos ocurridos en Ayotzinapa. Posteriormente se digitalizaron y se archivaron. Los documentos recuperados incluyen textos de portadas, editoriales, columnas de opinión y notas periodísticas, que fueron distribuidas según el tiempo y el diario como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1.

Distribución de los textos periodísticos del corpus

Diario / Mes	Sep.	Oct.	Nov.	Total
La Jornada	20	601	690	1.311
Reforma	19	456	321	796
Total	39	1.057	1011	2.107

Fuente: Elaboración propia, 2015.

La distribución de los textos del corpus arroja un dato de entrada: la diferencia sustancial entre el número de espacios dedicados al tema en uno y otro medio. La Jornada publicó aproximadamente el doble de textos sobre el caso Ayotzinapa, con respecto a la cantidad que publicó Reforma en el mismo periodo de tiempo. Durante los dos primeros meses después de ocurrido el hecho, la cifra de textos se mantiene similar entre los dos diarios, pero tiende a diferenciarse con el paso del tiempo; durante el mes de noviembre, La Jornada publica dos veces más textos que Reforma sobre el tema.

Ruta de análisis

Para iniciar el análisis de los diarios, se eligieron de manera aleatoria cinco textos periodísticos de los primeros cinco días de cada mes, con el propósito de formar una muestra representativa temporalmente que nos permitiera identificar cambios y continuidades durante los dos primeros meses, de modo que se incluyeran los primeros reportes de los hechos, el curso de la investigación y la asignación de responsabilidades. Específicamente se eligieron dos de opinión, dos reportajes y una de portada, que mencionaran las víctimas, los victimarios y los hechos, para producir una lista de palabras clave que los identificara. Estas tres categorías permiten establecer de qué manera se representan las relaciones entre los participantes del evento y sus acciones; además, desde la perspectiva del ACD, contribuyen al reconocimiento de las estrategias de interacción entre los actores en la construcción de un discurso polarizado a favor del poder político (Van Dijk, 2006) o la presencia de discursos disidentes.

Posteriormente, se creó la unidad hermenéutica Ayotzinapa en el programa Atlas Ti, con el total de los documentos en formato PDF, clasificados en seis familias, tres por cada diario de publicación. Las palabras o denominaciones identificadas se introdujeron como códigos en el programa y se clasificaron en tres familias de acuerdo con los actores y los eventos: hechos (103 códigos), víctimas (66 códigos) y victimarios (53 códigos).11 Mediante la herramienta autocoding, se especificó al programa que identificara cada uno de los códigos como palabras exactas en todas las familias de documentos primarios y se le pidió un reporte (output), en formato de tabla de Excel, de las frecuencias (grounded o fundamentación) de cada código por mes y por periódico. Una vez identificados los códigos con mayor y menor frecuencia en cada familia, se seleccionaron los de mayor relevancia para el propósito de la investigación y a través de la herramienta autocoding se solicitó al programa las oraciones completas por cada uno de los códigos en todos los documentos primarios, con el propósito de realizar el análisis de las palabras en su contexto enunciativo.

Resultados

¿Qué pasó en Ayotzinapa?: los hechos

La revisión del corpus con ayuda del programa Atlas Ti arrojó una lista de palabras clave que remiten a dos aspectos de lo sucedido (lo que llamamos “los hechos”) en Ayotzinapa el 26 de septiembre: (1) el acto violento y (2) las condiciones del contexto. En lo que respecta al acto violento se identificaron palabras relacionadas con la acción llevada a cabo en contra de los estudiantes (homicidio, secuestro agravado, privación de la vida, entre otras), poniendo énfasis en la distinción entre delitos, violaciones a los derechos humanos y términos coloquiales que refieren al hecho sin hacer uso del lenguaje jurídico formal (desmadres, incidente, balacera, levantón). Sobre el contexto en que sucedieron los hechos se encontraron palabras que hacían referencia a la interpretación de los mismos, así como a las condiciones sociales y políticas que empiezan a hacer parte de la narrativa del acontecimiento (violencia, corrupción, impunidad, fosas clandestinas). En general, estos hallazgos permiten observar que el discurso cumple varias funciones en términos de la disputa por el sentido de los hechos y la participación de los actores. De un lado se encuentra una tendencia a naturalizar las acciones llevadas a cabo por el poder estatal, por medio de la negación12 o la falta de atribución de la responsabilidad política del Estado ante la agresión ejecutada contra los estudiantes, en la medida en que se construye como parte de la defensa del orden público frente a las agresiones de los estudiantes; y la neutralización como forma de anulación o reducción de los efectos de las acciones realizadas por el Estado.

De otro lado, también hacen presencia en el ámbito periodístico las voces disidentes que disputan un espacio en los medios originado en la presión social nacional e internacional, aspecto que se exhibe a través de la historización evidenciada en la ubicación del evento como parte de una cadena de violencia sistémica ocurrida en México en los últimos años, y de la acreditación, como la presencia de testimonios de las víctimas, líderes de opinión y activistas que legitiman el reclamo del Estado ante las demandas de las víctimas ante las agresiones y la intención de silenciamiento.

Negación

Las primeras noticias sobre el tema y las posiciones oficiales en torno a los hechos vertidas en la prensa refieren a un discurso de negación, que busca ocultar u oscurecer deliberadamente la realidad (Pano Alamán, 2011). La noticia publicada por La Jornada al día siguiente de los hechos se titula “Muerto, un alumno de Ayotzinapa”, cuya fuente principal es el Alcalde de Iguala, quien señala que “no hubo ni muertos ni heridos y que la presencia de los normalistas se trató de una provocación al acto que a las 20 horas encabezaba su esposa María de los Ángeles Pineda Villa” (“Muerto, un alumno…”, 2014). Por su parte, Reforma enmarca el hecho en una “balacera” en la que resultaron acribillados los normalistas y un grupo de futbolistas: “Desatan violencia: matan a 6 en Iguala” (Desatan violencia…, 28 de septiembre, 2014). La noticia cita las palabras del Procurador General de Justicia de Guerrero, quien explica el acto como resultado de una provocación por parte de los estudiantes: “El procurador de Justicia Iñaki Blanco, informó en rueda de prensa que, a las 21:30 horas del viernes, un grupo de normalistas secuestró tres camiones de la central de autobuses para llevarlos a su institución educativa” (“Desatan violencia…”, 2014). Desde esta perspectiva se muestra a los estudiantes como responsables de desencadenar los episodios violentos y se ocultan las agresiones de las que fueron víctimas. Según Van Dijk (2009, p. 363), culpar a la víctima es una de las formas en las que el grupo dominante influencia discursivamente los modelos mentales de los receptores, por ejemplo, mediante la reatribución de la responsabilidad de las acciones a favor de sus propios intereses. Las primeras narrativas del hecho coinciden en plantear un ataque perpetrado por policías y por “hombres armados”, en respuesta al “secuestro” de los autobuses por parte de los estudiantes. Más adelante, el 5 de octubre, La Jornada reproduce una explicación oficial según la cual el ataque se habría perpetrado debido a la “molestia por el secuestro de autobuses y daños económicos a negocios vinculados con el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico” (Castillo García, 2014a).

La estrategia de negación es disputada posteriormente por las voces disidentes que empiezan a esclarecer los hechos. Sin embargo, el poder político insiste con el paso de los meses en sostener “la verdad histórica” en la cual no se precisa la responsabilidad de las autoridades federales y se mantiene una versión parcial sobre el posible destino de los estudiantes (“Palabras del procurador…”, 2014); interpretación que con el paso de los meses empieza a ser debatida también por el discurso científico y la intervención de organismos internacionales.13

Neutralización

El discurso hallado en el corpus presenta formas de disminución o anulación del efecto de los crímenes cometidos por el Estado a través de campos léxicos que relacionan los hechos con la violencia criminal, tal como se presenta en la Tabla 2. La neutralización, como indica Arroyo Juárez (2002), sucede cuando la versión oficial de los hechos que sostiene “eso no pasó” es desafiada por la realidad:

Cuando los medios, los organismos de derechos humanos y las víctimas demuestran que sí está pasando (aquí están las tumbas, vean las fotografías, aquí están los reportes de las autopsias); entonces se tiene que decir que lo que sucedió no fue lo que parece ser, sino que fue algo realmente diferente (Arroyo Juárez, 2002, p. 481).

Tabla 2.

Palabras que designan el acto violento

Palabras clave	La Jornada				Reforma						Total
	Sept	Oct	Nov	Total LJ		Sept	Oct	Nov	Total R
Secuestro	2	46	49	97		2	49	22	73		170
Homicidio	9	57	77	143		5	37	7	49		192
Ataque	25	112	82	219		7	33	18	58		277
Delito	4	89	161	254		3	45	16	64		318
Asesinato	12	199	90	301		0	58	17	75		376

Fuente: Elaboración propia, 2015

El discurso de la violencia criminal –que omite la responsabilidad del Estado- se superpone a la narrativa sobre derechos humanos, que termina siendo marginal a pesar de la intensidad de la protesta social y la indignación generalizada. En este sentido, resulta interesante que la frase nominal (FN) “desaparición forzada”14 –que remite directamente a un crimen perpetrado por agentes estatales- no aparezca entre las 10 menciones más frecuentes para nominar los hechos, ubicándose en el lugar 11, por debajo de tortura, secuestro, homicidio, ataque, delito y asesinato, que aluden a un marco criminal ordinario. En total, desaparición forzada fue enunciada 95 veces, la mayoría por La Jornada con 74 casos. Las desapariciones forzadas solo pueden ser cometidas por agentes del Estado, así que su uso léxico corresponde a un señalamiento del victimario, mientras que las palabras que remiten a crímenes comunes otorgan una borrosidad suficiente para no señalar responsabilidades directas.

Tabla 3.

Frecuencia de uso de las frases nominales “desaparición forzada” y “crimen de lesa humanidad”.

Desaparición forzada	Sep	Oct	Nov	Total	Crimen de lesa humanidad	Sep	Oct	Nov	Total
La Jornada	2	3	36	74	La Jornada	0	31	11	42
Reforma	0	17	4	21	Reforma	0	2	1	3

Fuente: Elaboración propia, 2015

Como muestra la Tabla 3, aspectos como el tiempo y el diario de publicación, resultan determinantes en la frecuencia con que se enuncia esta FN. Durante los primeros tres días después del acontecimiento, la FN “desaparición forzada” fue usada únicamente dos veces en el periódico La Jornada, mientras que en Reforma no presentó ninguna ocurrencia. Su uso aumentó considerablemente en el mes de octubre, lo que podría estar expresando la disputa por el establecimiento de campos léxicos para nominar los hechos. Así mismo, las distintas frecuencias de uso en uno y otro diario nos permiten identificar posturas frente a la interpretación del evento: en el corpus de La Jornada es más frecuente no solo el uso de esta FN, sino de otras asociadas a ella. A pesar de que su frecuencia sigue siendo baja respecto al uso de otros vocablos, en este diario de corte crítico, “desaparición forzada” es citada tres veces más que en Reforma.

La primera vez que aparece la FN “desaparición forzada” en el corpus, es el 30 de septiembre en la portada de La Jornada en el subtítulo “Hay elementos para fincar el delito de desaparición forzada, manifiesta”, que deriva del título principal “Acusa la PGJE de homicidio calificado a 22 policías de Iguala” (“Acusa la PGJE…”, 2014).

Otra de las formas de neutralizar la responsabilidad es reemplazar la FN “desaparición forzada” por frases y palabras como “secuestro”, “privación ilegal de la libertad” o “desaparición” o llamar “ausentes”, “no localizados”, “desaparecidos” y/o “secuestrados” a los “detenidos-desaparecidos” (Gatti, 2008). En uno de sus titulares del 19 de octubre, el periódico Reforma señalaba “Acumula sexenio 8 mil no localizados” (2014), haciendo referencia al número de personas que han desaparecido en México durante los últimos seis años.

Una de las palabras a las que más se recurre para hacer mención de los hechos ocurridos en Guerrero es “secuestro”. Su uso se da tanto en el cuerpo de las noticias y editoriales, como en testimonios textuales de actores involucrados. Este vocablo aparece frecuentemente acompañado de palabras como “desaparición” o “desaparecer”, provocando una especie de marco de referencia sin distinciones entre los significados formales de uno y otro término que aluden a diferentes tipos de violencia y, sobre todo, fincan responsabilidades diferenciadas. Mientras el vocablo “desaparición” se usa en referencia con los testimonios de ciudadanos y activistas, otros como “secuestro” y “homicidio” remiten a la versión oficial y al lenguaje periodístico común (Tabla 4). Del mismo modo, en esta red de sentidos intrincados, “secuestro” se usa tanto para señalar la acción de toma de buses por parte de los estudiantes, como para indicar el acto por el cual los jóvenes fueron desaparecidos, homologando la gravedad de los hechos en la intención de reducir el carácter de víctima de los jóvenes desaparecidos.

El uso del lenguaje asociado con la violencia criminal podría estarnos hablando de dos fenómenos simultáneos: por un lado, la sedimentación de un léxico coligado al crimen organizado, que se ha instalado con mayor fuerza en los últimos años en México en el marco de la “guerra contra las drogas” para enunciar nuevas conflictividades. Y, por otro lado, la baja penetración del discurso de los Derechos Humanos en el lenguaje de la prensa nacional, que coincide con su uso meramente diplomático y legal, monopolio de ciertas élites, que utilizan esta narrativa para sus propios intereses (Arroyo Juárez, 2002).

Historización

El discurso periodístico, además de narrar el acontecimiento y presentar diferentes versiones sobre el mismo, historiza los hechos. Es decir, genera marcos de comprensión del contexto por medio de la referencia a su praxis en un tiempo y un espacio específico.15 En el propósito de historizar la desaparición de los jóvenes ocurren al menos dos situaciones. Por un lado, se denota un campo de conflictividades relacionado con la llamada guerra contra las drogas y la violencia “difusa” de actores poco definidos que disputan intereses económicos (Robledo Silvestre, 2015). En este campo de sentidos, el Estado aparece como corrupto, incapaz y coludido con el crimen organizado. Por otro lado, sobre todo desde las voces disidentes, se marca una continuidad histórica entre la desaparición de los normalistas y las formas anteriores de represión política y eliminación del enemigo interno, aludiendo al carácter sistemático y generalizado de este crimen en México.

Tabla 4.

Palabras que designan el contexto del hecho.

Palabras Clave	La Jornada				Reforma				Total
	Sep	Oct	Nov	Total LJ	Sep	Oct	Nov	Total R
Represión	6	64	104	174	0	9	8	17		191
Corrupción	1	47	125	173	0	39	22	61		234
Impunidad	2	144	137	283	0	47	19	66		349
Fosas clandestinas	1	260	116	377	0	128	32	160		537
Violencia	15	251	377	643	11	126	85	222		865

Fuente: Elaboración propia, 2015.

La palabra violencia, usada con tanta frecuencia en el discurso periodístico, resulta ser poco precisa para denotar los conflictos específicos en los cuales se inscribe el fenómeno de la desaparición forzada de personas.16 Por su parte, la impunidad establece un marco de responsabilidades del Estado y con el paso del tiempo gana importancia como una condición asociada a la desaparición forzada de los jóvenes normalistas, pero también de los otros casos de desaparición en todo el territorio mexicano. Otro de los aspectos del contexto que aparece con bastante frecuencia es el descubrimiento de fosas clandestinas en el territorio donde ocurrieron los hechos, lo que empieza a marcar un campo de comprensión sobre el carácter generalizado y sistemático de este crimen: “México es una tumba clandestina” (2014).

Por otra parte, las columnas de opinión, especialmente de La Jornada, relacionan el acontecimiento con la “persecución recurrente” a los estudiantes normalistas (Navarro Gallegos, 2014), y lo nominan como un “crimen de lesa humanidad” (Hernández Navarro, 2014). A propósito, el informe presentado por la Comisión de la Verdad de Guerrero, el 5 de octubre de 2014, permitió ampliar el debate y sentar las bases para un proceso de historización de lo ocurrido a los normalistas (“La impunidad…”, 2014). Ayotzinapa se presenta como un hecho que continúa la violación sistemática de derechos humanos iniciada en los años setenta y desde allí se abre un campo de posibilidades para dar sentido a la actual violencia en México (“La impunidad…”, 2014).

Acreditación

Debido al efecto de la negación y la neutralización que se impone en el discurso, las voces disidentes promueven una especie de “acreditación”, que implica hacer digno de crédito y probar la certeza de lo que ellos consideran una realidad. En este caso se trata de acreditar la victimización y las violaciones a los derechos humanos cometidos. Durante el proceso de acreditación resultan fundamentales las palabras que remiten al señalamiento de responsabilidades como “desaparición forzada”, “crimen de Estado” o “violaciones a derechos humanos”.

Familiares de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre pasado advirtieron al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, que si no imputa el delito de desaparición forzada de personas y/o de genocidio a todos los implicados en el caso Iguala que han sido detenidos, recurrirán al juicio de amparo ante los tribunales mexicanos (Méndez, 2014).

Además de las declaraciones de activistas, líderes de opinión, víctimas y representantes de organizaciones civiles, la prensa reproduce comunicados que emiten instituciones públicas privadas de educación, partidos políticos, grupos de intelectuales, sindicatos, entre otros, que exponen su posición sobre los hechos. Estos comunicados amplían el campo de interpretación señalando responsabilidades y nominando los hechos en el campo de los derechos humanos. En este sentido, la prensa vincula actos perlocutivos en los que deslinda los actores y se reconoce el Estado, las voces disidentes y el medio periodístico como entes independientes, dado que hasta el momento, Estado y prensa parecían coludidos (Fairclough, & Fairclough, 2012).17

Estos posicionamientos institucionales se erigen frente a las estrategias de ocultamiento como la neutralización y la negación de los hechos, que terminan por “desrealizar” los crímenes cometidos. Arroyo Juárez indica que “para que un delito sea castigado se requiere la participación de un tercero” (2002, p. 483). En este caso, el tercero es la opinión pública y la sociedad organizada que actúa como testigo, empatiza con la víctima y sostiene una resistencia en contra de los discursos de negación y neutralización.

Discusión

El análisis de la representación de los hechos en el cubrimiento noticioso del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa permite reconocer dos estrategias discursivas orientadas a la ocultación de la realidad: la negación y la neutralización. Como lo mencionamos en el apartado teórico, la prensa actúa como un mecanismo de reproducción de formas de poder, desde las cuales se busca otorgar marcos de interpretación de la realidad. En esta posición específica, el discurso periodístico reproduce ideologías dominantes que relacionan la violencia con un marco de crímenes comunes, neutralizando la ejecución de graves violaciones a Derechos Humanos y negando la responsabilidad de los actores gubernamentales, así como la legitimidad de las víctimas.

Las evidencias lingüísticas del discurso periodístico analizado dan cuenta de estas formas de reproducción de las ideologías dominantes, que tienen como objetivo confundir y sostener la impunidad, pero al mismo tiempo permiten reconocer fisuras en estos marcos con los que se nombra la realidad.

A pesar del poder de este discurso hegemónico, las resistencias sociales han posicionado un discurso visibilizado en la historización y acreditación, a favor de los derechos humanos y de la búsqueda de la justicia social que se formaliza de manera privilegiada por medio de citas y referencias a discursos directos de los testigos y personas expertas que acreditan la ocurrencia de las violaciones y la existencia de las víctimas. En este sentido, se observa que los usos lingüísticos activan determinados contextos que permiten asociar la desaparición de los estudiantes con dos discursos diferenciados; por un lado, como un efecto colateral dentro de las políticas de seguridad del Estado, en palabras de Van Dijk (2009), una forma de legitimación del poder y, por el otro, como uno de los casos de violación de los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad en el país.

La fuerza y posicionamiento social del primer discurso es indudable, toda vez que aún no se hace justicia, ni se ofrecen respuestas confiables sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos; sin embargo, es evidente el peso que ha tenido la opinión pública y la movilización de la sociedad civil para desmentir y develar el discurso oficial que, en un primer momento, se propuso negar y neutralizar los acontecimientos. Sin la intervención de analistas, intelectuales, víctimas, activistas y de la sociedad en general en el debate, el caso Ayotzinapa habría pasado desapercibido como muchos otros y el discurso construido en torno suyo difícilmente habría ampliado los marcos de reconocimiento de las víctimas y de las responsabilidades.

Agradecimientos

Las autoras agradecen la colaboración de la maestra Susana Garrido y de la licenciada Elsa Gómez, quienes digitalizaron y clasificaron los documentos de prensa y apoyaron la labor de análisis de los mismos a través del software Atlas Ti.

Conflicto de intereses

Las autoras declaran la inexistencia de conflicto de interés con institución o asociación comercial de cualquier índole.

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